DIARIO LA PROVINCIA DE SJ
Avanza la investigación judicial por el derrame de solución cianurada en la mina Veladero y el juez de la Segunda Circunscripción de Jáchal, Pablo Oritja comenzará la semana próxima con la etapa de indagatoria a los nueve empleados de Barrick imputados.
En declaraciones a radio Nacional Jáchal, manifestó que "ayer terminó la etapa de declaraciones testimoniales por la causa Veladero y los días 6, 7 y 8 de octubre se realizarán las indagatorias".
Además, Oritja expresó que "se comenzó con el proceso de depuración de la información de 80 cajas secuestradas en el Ministerio de Minería y OSSE con los informes sobre el incidente en la mina".
"Hay una idea clara de lo que puede haber pasado. No descartamos la omisión en los controles que debía realizar el Estado, motivo por el cual hemos solicitado la documentación de los organismos que tenían competencia", había declarado el magistrado.
En el inicio de la investigación por el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, el juez Pablo Oritja barajó la posibilidad de tomarle declaración indagatoria a 5 jefes de la empresa Barrick. Pero a medida que fueron dando sus testimonios los empleados de menor rango, el magistrado descartó a algunos ejecutivos e incorporó a otros, extendiendo las indagatorias a 9.
Según fuentes judiciales, el martes desfilarán por el Juzgado de Jáchal Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área) y Carlos Cabanilla (gerente de Minas). El miércoles será el turno de Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos) y José Sánchez (supervisor de la Gerencia de Mantenimiento), mientras que el jueves pasarán Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adame (gerente General).
Por la fuga del 13 de septiembre, el juez investiga el delito de contaminación de aguas. Según las fuentes, que Oritja cite a indagatoria a ejecutivos se debe a que hay sospechas sobre sus supuestas responsabilidades en la decisión de mantener abierta una compuerta que debería haber estado cerrada, que fue por donde pasó el derrame que terminó en el río Potrerillos.
Pablo Oritja, juez de la Segunda Circunscripción Judicial de Jáchal, ya envió dos exhortos a los jueces federales porteños que iniciaron investigaciones paralelas a la de San Juan sobre el derrame de cianuro en la mina Veladero.
Oritja es el juez natural para esa investigación porque es quien tiene la jurisdicción para Jáchal e Iglesia, el departamento en el que se produjo el hecho.
Pero, en forma paralela, dos jueces federales asentados en Capital Federal también iniciaron investigaciones paralelas. Ellos son: Sebastián Casanello y Marcelo Martínez Di Giorgi, quienes accionaron las investigaciones por la requisitoria de los fiscales Ramiro González y Federico Delgado.
Por pedido de los fiscales sanjuaninos, el juez Oritja envió un exhorto a cada uno de los jueces federales planteándoles la inhibitoria a seguir actuando por haber una causa en el juzgado natural.
Los jueces porteños tienen dos caminos: o acatan lo pedido por el juez Oritja y envían sus causas a la San Juan para ser unificadas, o resisten y piden la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dirima quién debe investigar.
Mientras tanto, el juez Oritja no tiene ningún impedimento legal para seguir investigando. De hecho, ya está previsto que el 6 de octubre próximo empiecen las indagatorias al personal de la empresa Barrick involucrado en el derrame de cianuro ocurrido entre la noche del sábado 12 de septiembre y las primeras horas del domingo 13.
SAN JUAN 8
Finalmente diputados pasó a comisión el pedido de interpelación al ministro de Minería Felipe Saavedra. La solicitud fue presentada por la oposición y el oficialismo lo desestimó.
Ante esto el jefe de la bancada oficialista, Pablo García Nieto señaló que no se le dio curso porque la interpelación por el derrame de cianuro en Veladero tiene una clara intencionalidad política de cara a las elecciones del 25 de octubre
DIARIO HUARPE
El pasado 25 de septiembre, las oficinas de los ministerios de Minería y Salud Pública, la Secretaría de Ambiente y OSSE en el Centro Cívico fueron allanadas para secuestrar documentación relevante en la causa Veladero. Este procedimiento tuvo lugar debido a un exhorto que emitió el juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Pablo Oritja, y que el magistrado Maximiliano Blejman llevó acabo.
El allanamiento que llevó adelante el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción fue en búsca de documentación que esté referida a la causa del derrame de solución cianurada en los afluentes inmediatos a la mina Veladero.
Al mismo momento que el procedimiento tenía lugar, el gobierno provincial emitió un comunicado informando que, ante el requerimiento judicial efectuado “ha puesto a disposición por intermedio de sus Ministerios, Secretarias, Subsecretarias y Entes Autárquicos, la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13 de septiembre en la Mina Veladero”.
La cantidad de documentación que se secuestró fue de gran cantidad y el propio juez Pablo Oritja contó a DiarioHuarpe.com que “en virtud del volumen de toda la documentación, los análisis de las mismas los haré en San Juan”. El arribo del juez de Jáchal está previsto que se realice entre viernes y el lunes próximo, cuando llegaría a la Ciudad Capital.
Mientras tanto, gran parte de la documentación secuestrada se encuentra en el mismo Centro Cívico, específicamente en una oficina que la propia Secretaría de Ambiente tiene destinada para reuniones y conferencias.
Aquellos que pasen por la Sala de Reuniones 1 de la Secretaría de Ambiente, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico, podrán ver que las accesos a dicho cuarto se encuentran con llave y fajas de seguridad, firmadas por los intervinientes en el secuestro del pasado viernes 25.
A su vez, la sala de reuniones permanece con custodia policial todo el día, a la espera de que el juez Oritja arriba para tomar contacto con la documentación.
Avance de la causa
El juez de Jáchal ya había confirmado que la causa cuenta con nueve personas imputadas y a las cuales se les tomará declaración indagatoria en los primeros días de octubre.
“Hemos finalizado con los testimoniales y la semana que viene iniciaremos con la etapa de indagatorias”, explicó en comunicación telefónica con este medio.
La Justicia ordenó ayer un estudio sobre las aguas del río Jáchal para investigar la denuncia de contaminación contra la minera Barrick Gold y funcionarios nacionales acusados de no haber controlado debidamente a la compañía.
El juez federal Sebastián Casanello le encomendó "con suma urgencia" al Instituto Nacional del Agua "un estudio de su especialidad en distintos puntos de las aguas del río Jáchal, como también de sus afluentes y confluentes -provincia de San Juan y vecinas-, a fin de constatar si en las mismas se halla la presencia de cianuro".
El derrame fue admitido por la compañía Barrick Gold, que sostuvo que no generó un impacto en la salud de las personas. Lo adjudicó a una falla en una válvula.
Además de cianuro, Casanello le solicitó al Instituto Nacional del Agua que buscara "otras sustancias que podrían ser peligrosas para la salud de las personas y/o el ambiente" y que consignara "si los valores detectados exceden los límites determinados por la normativa como los parámetros utilizados por ese organismo". El Instituto Nacional del Agua es un "organismo científico tecnológico descentralizado" que depende del Ministerio de Planificación. Intervino también en la causa por la contaminación del Riachuelo. El juez además le pidió que el estudio de Jáchal incluyera un análisis de "impacto ambiental" y un informe sobre la variación de los "registros históricos" del río.
El análisis había sido propuesto por Ramiro González, que es el fiscal de esta causa y es titular, además, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima).
Este expediente se inició formalmente la semana pasada, cuando González presentó su requerimiento de instrucción. En ese documento, apuntó contra los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; el secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello; el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, y las autoridades de la empresa Barrick.
En aquel requerimiento, el fiscal González le pidió a Casanello varias medidas de prueba, que incluyen este estudio sobre el río. También, que se le reclamaran al gobierno de San Juan las autorizaciones deEXPLORACIÓN
en la mina en favor de la empresa Barrick y que la firma explicara qué medidas se adoptaron a partir del accidente. Asimismo, el fiscal pidió que se solicitaran informes al Ministerio de Salud de la Nación para saber qué medidas se adoptaron para salvaguardar la salud de las personas que pudieran haber sido afectadas por el derrame de la solución de cianuro.
El estudio sobre las aguas del Jáchal fue dispuesto "con suma urgencia", para preservar cuanto antes las muestras que servirán de prueba en esta causa. Paralelamente, hay otros expedientes vinculados: uno impulsado por el fiscal federal Federico Delgado, también en Buenos Aires, y otro que se tramita en la justicia de San Juan.
El Fiscal de Estado sanjuanino, Guillermo De Sanctis, hizo fuertes declaraciones contra la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. En una nota que dio al medio local Diario El Zonda, el funcionario dijo que "la posición de los abogados es falaz y maliciosa”.
Mirá la nota completa que dio el Fiscal de Estado al Diario El Zonda:
"La posición de los abogados ambientalistas es falaz y maliciosa”
El Fiscal de Estado aseguró que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia "le falta el respeto a los sanjuaninos” ya que todos los controles en el río Jáchal dan resultado negativo de solución cianurada y no escurre al río Desaguadero.
"La verdad es que la posición de esta Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia (AAAAP), es mentirosa, falaz y maliciosa” destaca el Fiscal de Estado, Dr. Guillermo De Sanctis, como respuesta a lo declarado por el presidente de la entidad, Mariano Aguilar, respecto que aguas del Río Jáchal llegan a Mendoza y San Luis, a través del río Desaguadero.
"Mienten y lo hacen a propósito con la premisa de hacerle creer a alguien, que existe un conflicto entre jurisdicciones, cuando resulta que el efecto de solución cianurada no fue mas allá de la zona denominada "La Junta”, desembocadura del río de la Palca y el Río Blanco, Departamento Iglesia”.
"Mienten porque todos los controles realizados tanto en el ámbito público como privado no detectan cianuro”, pero a la mentira hay que sumarle "desconocimiento elemental de la geografía, toda vez que el río Jáchal, vierte sus aguas en los bañados de Mogna, de allí al Bermejo, para en el mejor de los casos, perderse en inmediaciones del paraje San expedito, Departamento Caucete, en territorio sanjuanino”.
"Por ello aseguro” señala el Fiscal de Estado provincial "no hay escurrimiento de aguas del río Jáchal hasta el río Desaguadero, no hay contacto con ningún río o curso de agua fuera de la Provincia, además, todas las muestras, insisto, no revelan la existencia de cianuro en aguas ni del río Jáchal ni en sus afluentes, ni en sus desagües”
Agrega Guillermo De Santis que "la posición asumida por estos señores, es una falta de respeto. Es necesario sepan ellos que el Programa PNUMA-UNOPS, que depende de Naciones Unidas, ha tomado 121 muestras sin encontrar solución cianurada, por ello afirmo que estas aseveraciones” realizadas a un medio de Capital Federal, "son una falta de respeto al pueblo de San Juan y francamente intolerables”.
"La soberbia de estos señores les permite asegurar gratuitamente que todos mienten, desde el Juez de la causa al gobierno provincial, pasando por todos los organismos técnicos, especializados del ámbito público y privado que han intervenido para dar tranquilidad a la población, todos serian unos mentirosos”
"Ellos buscan crear con engaños” desmentidos simplemente por la geografía, "un conflicto inter jurisdiccional, como un modo de configurar la competencia federal y concretamente la incumbencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
La estrategia es clara "sustraernos el caso, para el show en Buenos Aires, que si jurídicamente correspondiese, la Provincia lo aceptaría. Pero si la justicia federal es competente para actuar en este caso, por una cuestión de territorialidad debiera entender el Juzgado Federal de San Juan por la triple vía: en razón de la materia, en razón de las personas y en razón del territorio”.
"Por ello hay jueces federales designados en todo el País, con lo cual, solo en el supuesto de ponerse a pensar que corresponde ese fuero, también la investigación debe darse en nuestra Provincia” pero además "porque los sanjuaninos somos los primeros en querer saber la verdad y las responsabilidades, en caso que las hubiese, pero no prestarnos a este peligroso sainete”.
Finalmente el Fiscal de Estado provincial indicó que "buscar la intervención de un Juez desde Buenos Aires, reitero si correspondiese, se aceptaría, pero no es así y no hay conflicto inter jurisdiccional, por lo que esta Fiscalía sostendrá, como lo viene haciendo, la competencia del Juez local”.
