Los vecinos de Villa Carlos Paz y Tanti hace años que reclaman garantías de que el ex yacimiento de uranio de Los Gigantes (a 30 kilómetros de las ciudades) no contamine la cuenca hídrica del San Roque. La mina operó hasta 1990 pero quedan toneladas de materiales en un piletón de la zona.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) a través del Programa de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (Pramu) -financiado por el Banco Mundial- regularizaría la situación. Hoy la comunidad señala que no tiene datos de su ejecución.
El equipo técnico del Pramu, además de auditar la zona, analizaba un destino adecuado para las colas de uranio, lixiviados, lodos, estériles y minerales marginales que quedan en Los Gigantes y en los tambores de Dioxitek, procesadora de dióxido de uranio, instalada en la ciudad capital. La Municipalidad la clausuró el año pasado, meses después renovó su licencia para operar, pero todavía no lo hace.
Juan Álvarez, sub gerente de la Regional Centro de la Cnea, dijo a LA NACION que los restos del yacimiento están bajo responsabilidad del Pramu: "Hay monitoreos permanentes; no hay riesgos, la calidad de agua es excelente". Desde la Fundación Ambiente y Trabajo (ONG que integra el Foro Social exigido por el Banco Mundial para desembolsar los recursos), Juan Carlos Paesani, señaló que la Cnea los "desconoce; nunca nos informó con detalles sobre la marcha del programa. No sabemos lo que ocurre con el proyecto, desconocemos en que estadio está".
La inquietud de la comunidad se reactualizó después de que la canadiense Barrick Gold, que explota la mina de oro en Veladero (San Juan), admitiera el derrame de una "solución cianurada" en el agua.
Para Alicia Morales Lamberti, titular de la cátedra de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, el problema es que la ejecución del programa es "muy lenta" y que, a diferencia de lo previsto para Sierra Pintada (Mendoza) es "sólo de mantenimiento". Advierte que respeta "mucho" a la Cnea y sus técnicos, pero que hay que comprender que la "percepción social del riesgo es muy diferente a la científica. Una no invalida a la otra; hace falta una comunicación más clara".
El geólogo Juan Carlos Ferraro, presidente del Foro e integrante de la Asociación de Amigos Río San Antonio, confirmó a este medio la preocupación por la "falta de información". Señaló que seis de los siete piletones existentes se taparon con escombreras a la vez que se construyó otro aguas arriba del más grande, que permanece abierto. En total, estimó, hay 47 millones de toneladas de materiales en el lugar (no sólo en el dique a cielo abierto).
"Nada es peligroso -subrayó Álvárez-. Ese yacimiento nunca debió haberse puesto en producción porque es de muy bajo contenido de uranio, unos 160 gramos por tonelada de uranio cuando la media es de un kilo". Mientras funcionó se sacaron unas 200 toneladas.
El yacimiento siempre fue problemático. La Cnea entregó su explotación a la empresa Sánchez Granel (especialista en ingeniería vial), que comenzó en 1982 con la extracción del uranio a cielo abierto en un área de 100 kilómetros cuadrados. Tres años después por las lluvias los diques de cola subieron de nivel y el agua fue a los arroyos que alimentan el río San Antonio. La Cnea aseguró que hubo una "neutralización rápida", pero las poblaciones cercanas empezaron a denunciar el impacto ambiental.
En 1986 hubo un reconocimiento de los problemas por parte de la Cnea, que coincidió con la baja de rendimiento del yacimiento. Se multiplicaron las denuncias, la empresa dejó de funcionar pero recién en 1991 se rescindió el contrato.
Morales Lamberti insistió en la "razonabilidad" de los riesgos que percibe la población porque Córdoba es una provincia sísmica y aunque está "previsto que los piletones donde está el material no cedan, siempre hay dudas". Apuntó que la Cnea debe "rendir cuentas" de la ejecución del Pramu que prevé la remoción de los residuos: "El problema es cuál es el método; se hizo una simulación y la cantidad de camiones diarios que deberían usarse significaba una exposición de riesgo más alta para la gente". El destino sería Sierra Pintada.
Otra posibilidad es el tratamiento in situ. La experta explicó que en la Argentina no hay disposiciones que habiliten los "basureros nucleares". El Pramu busca, precisamente, "restituir el ambiente natural" donde se realizaron explotaciones de uranio. El Banco Mundial aprobó el desembolso de US$25 millones.
Desde el área de Comunicaciones del Pramu indicaron a LA NACION que toda el área del Complejo Minero Fabril Los Gigantes está bajo responsabilidad de la Cnea y que hay acopiadas "2,4 millones de toneladas de colas de mineral, estéril de cantera, marginales, lodos de precipitación y efluentes líquidos" en el dique principal. El programa contempla el monitoreo de agua subterránea y superficial para "evaluar la situación radiológica ambiental".
La comunicación agrega que "para completar los estudios necesarios para la ingeniería de remediación, se finalizaron estudios complementarios y la ampliación de la red de piezómetros instalados". Indica que de la evaluación de los datos, se observa que las dosis de contaminación en el agua son "muy inferiores (<30%) a los niveles de referencia y límites permitidos por la normativa nacional vigente. Lo mismo sucede para los trabajadores del sitio, que son inferiores (<10%) a los límites establecidos". No da más detalles de plazos ni soluciones definitivas.
La senadora Norma Morandini varias veces presentó pedidos de informe sobre la ejecución del Pramu en Los Gigantes: "Las respuestas son incompletas, difusas y hasta con contradicciones entre ellas".
