"Tendríamos individualizados a los responsables", es lo que anticipa, en potencial y en diálogo con Tiempo, el juez Pablo Oritja, letrado de la segunda circunscripción judicial de la provincia de San Juan, a cargo del caso que investiga el derrame de un millón de litros de solución cianurada en la cuenca del río Potrerillos por parte de la empresa Barrick Gold, que explota allí la mina Veladero.

Según reconoció la compañía, el hecho ocurrió el sábado 12 de octubre, a las ocho de la noche, "debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de esa solución". Para la empresa, es llamativo que la válvula estuviera rota y que hubiera una compuerta abierta, que fue la que dejó pasar el líquido a la cuenca. El juez Oritja le dijo a este diario que no descarta la posibilidad de que haya habido un sabotaje, es decir, un delito doloso, ya que "al tratarse de una acción penal, no se puede descartar ninguna hipótesis" –en cuyo caso se podría derivar en penas de prisión-, pero aseguró que hasta el momento se investiga un delito culposo y que él cree tener identificados a los responsables.

"La apertura de la compuerta que debió haber estado cerrada se debió a una toma de decisión de personal jerárquico de la empresa y ese es el grupo, integrado por nueve personas, que ha sido citado a indagatoria para la semana que viene", detalló el letrado. Los imputados –de los cuales el magistrado no quiso dar nombres- van a declarar a partir del martes 6 de octubre. Serán tres indagatorias por día, hasta el jueves inclusive, y ahí se definirá su situación procesal. Mientras tanto, la empresa desplazó a 15 personas hasta que se aclare lo ocurrido.

El juez contempla que el Estado sanjuanino pueda contarse entre los responsables: "No descartamos esa hipótesis. La semana pasada ordené el secuestro de toda la documentación existente en el Ministerio de Minería y secretarias vinculadas para ver si dentro de los procesos de control de la mina la empresa ha cumplimentado todas las medidas de seguridad o si hubo sanciones por violación a los protocolos de seguridad. Esta semana trataremos de analizar esa información, a ver si surge o no algún tipo de responsabilidad de quienes tenían el control de la seguridad", explicó, tras la decisión de levantar la medida cautelar que impedía el trabajo en la mina y el consumo del agua local.

"No hubiera tomado la decisión si no tuviera la certeza de que ese agua se puede tomar. De todos modos, durante 30 días, se seguirán haciendo muestreos en toda la cuenca de estos ríos para ver si hay cianuro en el agua. Los análisis hechos hasta el momento indicaron que no había rastros de eso ni de ninguna sustancia contaminante que pudiera afectar la salud humana", agregó, en sintonía con el gobernador José Luis Gioja, además de reconocer que la medida también tuvo que ver con "llevar tranquilidad a la población".

Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) se enojaron con la decisión del juez y publicaron un comunicado donde protestan por la poca información que difunde la justicia sobre un tema que mantiene preocupados a los vecinos de Jáchal y los pueblos de la zona.

El caso no sólo se estudia en San Juan: también tramita una en la justicia federal, donde el fiscal Ramiro González le pidió al juez Sebastián Casanello que impute a los secretarios nacionales de Minería, Jorge Mayoral, y de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso; al secretario de Medio Ambiente de San Juan, Raúl Domingo Tello; al presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé, y a las autoridades de la Barrick, a partir de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por contaminación ambiental.

Por otro lado, el fiscal Federico Delgado pidió que se investigue a directivos de la empresa y a funcionarios provinciales y nacionales por envenenamiento de aguas, propagación de enfermedades peligrosas y, en el caso de los funcionarios, incumplimiento de sus deberes".

Versiones sobre el volumen