Los vecinos que residen en la zona aledaña al pozo petrolero que opera la empresa Ysur (subsidiaria de YPF) salieron satisfechos ayer del edificio de tribunales de Roca. Saben que los estudios que ordenó la jueza Civil, Comercial y de Minería Nº 1, María del Carmen Villalva, servirán para tener una opinión "objetiva" de los supuestos efectos ambientales que generó la firma desde que comenzó a operar a pocos metros de la denominada Calle Ciega Nº 10, de Allen.

Ayer, y en el marco del amparo ambiental que presentó la Defensora del Pueblo, Nadina Díaz, la jueza convocó a una audiencia a representantes de Ysur, de la comuna de Allen, de la secretaría de Medio Ambiente y de la Fiscalía de Estado. Se reunieron en el edificio de tribunales. Además un grupo de diez vecinos logró ingresar a la sala de audiencia donde la magistrada escuchó las posturas de todos.

El punto central era el reclamo de las personas que residen en las inmediaciones al pozo petrolero EFO 280.

Andrea Pincheira, una de las vecinas señaló que la propuesta económica que la empresa Ysur les hizo a los vecinos ha quedado descartada. "No la aceptamos porque hacerlo implicaba no tener más libertad para denunciar lo que nos estaba pasando", dijo la joven quien explicó que el barrio tiene más de 60 años y nunca habían sufrido estos problemas de salud.

Federico Blanco, del barrio Costa Blanca (en Guerrico), también respaldó los reclamos. "Esto es un caos", resumió el vecino, quien aseguró que "nunca" les informaron los efectos que traería la radicación de la empresa petrolera. Remarcó que los nuevos ambientales les brindará una mirada "objetiva" de los que sucede en el medio ambiente.

La jueza Villalva solicitó informes a la Universidad Nacional del Comahue y a organismos de la provincia de Neuquén, para elaborar un nuevo estudios sobre el impacto ambiental que provocó la petrolera. También pidió al municipio de Allen y al cuartel de bomberos voluntarios un informe para saber si existe un plan de contingencia y protocolo en caso de derrame.

La magistrada convocó a las partes para el 30 de noviembre a una inspección ocular para tratar de determinar si existen las fisuras denunciadas por los vecinos en sus viviendas.

"Se ha logrado la ampliación de la mirada no solo al derrame sino también a los posibles efectos que causó la actividad en la zona periurbana con lo cual se incluirían los posibles problemas respiratorios, vibraciones constantes y el venteo, entre otros puntos que se van a seguir analizando con el tiempo", explicó la defensora Nadina.

Una fuente ligada a Ysur contó que los abogados de la empresa también se hicieron un buen balance de la audiencia, ya que destacaron que en el último muestreo realizado el 18 de este mes, quedó comprobado que si hubo alguna afectación, ya fue saneada, a partir de una acción inmediata tras un error de un operario que derivó en un derrame.