Julio Turcumán

Por primera vez luego de haber sido demandados penalmente por el incidente que provocó que solución cianurada llegara a los cauces naturales de Iglesia, un ejecutivo de la compañía minera canadiense da la cara en una entrevista periodística. El flamante gerente de comunicaciones de Barrick en Argentina, le dijo a este diario que no descartan que haya ocurrido un sabotaje, que hay un daño respecto de la comunicación de la compañía con la comunidad, que no analizan irse de la provincia por este problema y que están convencidos de que el incidente no provocó una contaminación en el río Potrerillos.

-¿Qué pasó el domingo 13?
El domingo 13 de septiembre tuvimos que afrontar una situación que provocó una emergencia ambiental en la mina Veladero. A las 10 de la mañana una de las válvulas de venteo del sistema de manejo de soluciones situado en el valle de lixiviación se rompió. Esto motivó que solución de procesos con contenido de cianuro se derramara por uno de los canales de desvío de aguas de la mina. Esta situación nos obligó a poner en marcha todo el sistema de emergencia de la mina. A las 11.45 contuvimos esa situación e inmediatamente pusimos en marcha todo un plan de intensificación de los controles ambientales y preventivos en la zona alta de la cuenca, así como en la zona baja de la misma. A tal fin reforzamos todo el sistema de monitoreo en la cuenca del río Potrerillos, Taguas, Blanco y del río Jáchal.

-Si la solución llegó al río, se contaminó entonces...
La solución llegó al Río Potrerillos, pero eso no significa que se haya contaminado. Hubo un impacto, pero la presencia de cianuro en las aguas no está fuera de los parámetros legales permitidos, especialmente en la parte baja de la cuenca, que es la que genera mayor preocupación porque está cercana a poblaciones. Hubo solución cianurada en el cauce del Potrerillos, lo que no significa que se haya contaminado el mismo. Es un impacto ambiental que ha ido desapareciendo paulatinamente.

-Según ustedes, sí hubo cianuro en niveles que, ustedes dicen, son aptos para el consumo, pero hubo cianuro en cauces naturales de Iglesia provocados por este derrame. Eso es contaminar...
Hubo presencia transitoria de solución con contenido de cianuro, especialmente en la zona del área minera, que es el área de cuenca alta. Por ello desde un primer momento intensificamos fuertemente todo el sistema de monitoreo. Esos registros demostraron que no hubo contaminación y que la presencia de trazas de cianuro no ponían en riesgo la salud o seguridad de la población.

-Si no había presencia de cianuro en niveles peligrosos, ¿por qué decidieron entregar agua a 3 localidades iglesianas?
Porque nuestros planes de emergencia indican que ante una situación del tipo es fundamental adoptar todas las medidas preventivas y de mayor responsabilidad para evitar cualquier tipo de afectación a la salud.

-Pero no hacía falta... hay una contradicción, parece que querían salvar la situación o que no estaban seguros de lo que había pasado...
La decisión que tomamos fue netamente preventiva. La prioridad era no poner en riesgo la salud y la seguridad de la población. Así lo comunicamos al Gobierno. Luego esa decisión fue convalidada por la Justicia que nos pidió que distribuyéramos agua no sólo en Malimán, Angualasto y El Chinguillo sino también que lleváramos agua a Iglesia y Jáchal. 

-Es decir que la gente de las localidades de Malimán, Angualasto y El Chinguillo, ¿corrió riesgo?
Nosotros tomamos una decisión preventiva para que no corrieran ningún riesgo. No había lugar para especulaciones.

-Hay varias versiones respecto de lo ocurrido. Hay una que habla de un supuesto sabotaje, que algunos en el Gobierno la sostienen. Ustedes están haciendo una investigación interna de lo ocurrido. ¿Va arrojando ese resultado?
Nosotros no descartamos un sabotaje ni ninguna posibilidad. Un equipo de expertos subió a la mina, tomó el control de la misma y comenzó con una investigación interna. En forma paralela las autoridades y la Justicia están llevando adelante sus investigaciones. 

-En la Justicia hay peritajes que indican que la válvula tenía robadas dos roscas, y que es imposible que eso ocurra sin la acción de alguna persona, ¿eso abona la teoría del sabotaje?
No conocemos esas conclusiones. Desde Barrick estamos facilitando todas las investigaciones de la Justicia. No descartamos o promovemos ninguna hipótesis.

-Según la Justicia hay 2 gerentes que estarían más comprometidos.
Son consideraciones que no nos corresponde analizar o merituar porque hay un proceso penal y no nos gustaría obstaculizar el accionar de la Justicia.

-¿Los han echado?
No. Los involucrados en la investigación interna fueron suspendidos preventivamente con el objetivo de que estén totalmente a disposición de la Investigación Interna y de la Justicia.

-¿Por qué informan el lunes en la mañana que habían sido sólo 40 minutos de derrame?
Lo que informamos el lunes en la mañana respondía a la información que disponíamos en ese momento. Con el paso de los días y a medida de que el equipo de expertos e investigadores corporativo avanzó en su trabajo, pudimos ir obteniendo información nueva que hemos ido compartiendo con la sociedad, los medios y las autoridades.

-¿Hubo una mentira dentro de la empresa, de quien comunica la información inicial a la Gerencia?
No. Nunca mentimos. No tiene sentido esconder la verdad o tergiversarla porque todo está documentado, porque la misma autoridad minera se hizo presente en el sitio el mismo día junto con Gendarmería, porque muchas autoridades e inclusive vecinos han tomado muestras de diversos componentes ambientales, particularmente agua, que serán analizados y los resultados de laboratorios hablarán por sí solos. Pero como esos resultados no son instantáneos y en un primer momento no podíamos definir la magnitud del hecho es que decidimos catalogar la emergencia como la más alta según el procedimiento y en consecuencia, actuamos preventivamente.

-¿Cómo puede haber tanta diferencia entre el primer comunicado y el segundo, respecto al tiempo y el líquido derramado?
Responde a la información que disponíamos en cada momento. Cuando empezó a trabajar la comisión de expertos que llegó a la mina pudimos completar la información y así se las pasamos a las autoridades. En un primer momento informamos que nuestros cálculos daban que la cantidad de solución con cianuro derramada era de 224.000 litros (esto significa que contenía cianuro entre 120 y 150 partes por millón). Esta cantidad es que si filtró desde que descubrimos y activamos la emergencia -el domingo a las 10 de la mañana- hasta que controlamos el incidente 1 hora y 45 minutos después. Posteriormente nos pusimos a trabajar para conocer en qué momento se produjo la rotura de esa válvula y concluimos que fue a las 20 horas del día anterior. Para eso tomamos en cuenta los datos de un caudalímetro que tenemos en la zona del río Potrerillos. Ese estudio nos llevó a estimar que la solución que se filtró en realidad fue de 1.072 metros cúbicos.

-¿Entregaron información apresurada entonces?
De ninguna manera, entregamos toda la información que teníamos en el momento en la que contábamos con ella. Imagínese si a la inversa, por ser precavidos en exceso en compartir datos para que fueran bien exactos, no hubiéramos informado nada hasta 3 días después lo que hubiera ocurrido. 

-La persona que les da la información de los 40 minutos, ¿es la misma que les da el dato de las 21 horas del día sábado?
Nunca hemos hablado de 40 minutos.

-Sí, en un primer comunicado, decían 40 minutos de derrame, también está documentado...
Hablamos siempre de un horario de descubrimiento del hecho hasta su control y hablamos de investigaciones que nos permitieron conocer el horario de efectiva ocurrencia del mismo. Ese ajuste es lo que genera un ajuste en la cantidad de solución derramada. 

-Es lo mismo, no dicen 40 minutos, pero hablan de tiempo de inicio y de finalización...
Como empresa nos hacemos cargo de toda la información que entregamos. En Veladero tuvimos una comisión de expertos trabajando desde el jueves siguiente al incidente.

-¿Por qué no informaron a la comunidad ese mismo domingo?
Avisamos primeramente a las autoridades y respondíamos a las consultas que tuvimos de los medios de comunicación con la información que disponíamos en ese momento.

-¿Y las autoridades qué les pidieron?
Hay protocolos específicos. Una de las medidas que tomamos fue reforzar los monitoreos.

-¿La mina hoy es segura?
Sí, inmediatamente robustecimos las medidas de seguridad y de monitoreo en la zona, en especial en el valle de lixiviación.

-El juez ha pedido que recubran las válvulas por el frío. Llama la atención que la empresa no haya hecho esto per se antes de este incidente...
El fabricante de las válvulas no prevé en sus características que se tienen que tomar recaudos de este tipo o de mantener algún tipo de protección frente al frío. De hecho llevábamos 10 años de operación y no habíamos tenido nunca problemas con ninguna válvula por el frío.

-¿Tienen mantenimiento esas válvulas?
Se le hace a todo el sistema un mantenimiento permanente. 
Tienen vida útil y estaban dentro de esas fechas.

-¿Cuánta plata perdió Barrick con todo esto?
En este momento lo prioritario para nosotros, asumiendo todos los costos, es no poner en riesgo la salud de los trabajadores y de las comunidades.

-¿Cree que va a poder cambiar la imagen de la empresa ante la comunidad de Jáchal e Iglesia? Nadie les cree nada...
Yo creo que es muy apresurado pensar en eso, todo tiene su tiempo y en este momento lo más importante es que la Justicia pueda actuar.

-Pero hay un daño comunicacional...
Hay varios daños, entre ellos, uno comunicacional. Pero no son prioritarios ahora.

-¿Analizan o analizaron retirar la inversión en Veladero?
Para nada, sigue siendo muy importante para Barrick.

La tensión que se desató por la competencia judicial en el caso del derrame de solución cianurada en Veladero, tendrá un nuevo capítulo en estos días. El grupo de fiscales que interviene en San Juan solicitará por escrito que el juez de Capital Federal Sebastián Casanello se inhiba y no siga adelante con la causa que está sustanciando por el mismo tema. Aseguran que los hechos investigados sucedieron fuera de su jurisdicción y que la facultad de intervenir la tiene únicamente la Justicia provincial.

Los fiscales buscan así evitar un desorden jurídico. Pasa que mientras Oritja está investigando aquí la fuga a instancias de una denuncia que presentó la gestión de José Luis Gioja, Casanello abrió una causa penal en Capital Federal por un planteo que hizo un grupo de abogados ambientalistas. Conclusión, hay dos jueces de distinta jurisdicción detrás del mismo hecho y eso no puede ser, ya que hay riesgo de que dicten sentencias contradictorias y que se desate un verdadero escándalo judicial.

El pedido de inhibición en dirección a Casanello podría será presentado el martes próximo y la noticia fue dada a conocer ayer por Fabricio Médici, uno de los fiscales que participa en la causa que se sustancia en San Juan (la fiscal titular es Graciela Del Pie y Medici colabora con ella junto a Daniel Guillén y Gustavo Manini). 

Claro que el planteo no se lo pueden presentar directamente al juez porteño. Lo tienen que dirigir a Oritja y éste resolverá si efectivamente le traslada a su colega de Capital Federal la inquietud de que decline. “Entendemos que lo va a hacer, porque los argumentos que damos son muy claros”, aseguró el agente del Ministerio Público en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento.

Los fiscales se basan, primero, en el principio de territorialidad, que establece que un hecho se debe investigar en el lugar donde ocurrió. Y como el derrame fue en Veladero y afectó aguas de ríos de la zona, entienden que no hay dudas en que debe intervenir Oritja, como titular de la Circunscripción judicial que abarca a Jáchal e Iglesia.

En segundo lugar, se basan en la ley nacional de residuos peligrosos. La misma sostiene en su artículo 1 que la Justicia Federal es competente cuando el daño trasciende las fronteras de una provincia. Hasta ahora, no hay nada que indique que hubo contaminación más allá de los límites de San Juan y eso será parte del escrito que elevará el equipo del Ministerio Público provincial.

Casanello puede aceptar el pedido y declararse incompetente, con lo que la investigación quedaría circunscripta al juzgado que dirige Oritja. La otra opción es que se niegue, en cuyo caso se desataría un conflicto de competencia e intervendría la Corte Suprema de Justicia para definir a qué jurisdicción le corresponde determinar por qué sucedió el derrame en la mina que explota la empresa Barrick y quiénes son los responsables.

Los problemas por la existencia de dos causas simultáneas por el mismo hecho en dos distritos quedaron de manifiesto el viernes. Oritja mandó a secuestrar documentación referente a la fuga de líquido cianurado de los ministerios de Minería y Salud, de la Secretaría de Medio Ambientes y de Obras Sanitarias.

Ese mismo día, por un exhorto enviado por Casanello, oficiales de la Justicia Federal fueron a buscar expedientes a Minería, Salud y Medio Ambiente. Se encontraron con que la información ya estaba a disposición de Oritja y no pudieron ejecutar la medida.