¿Se viene una puja entre magistrados por Veladero?
DIARIO DE CUYO
El juez provincial Pablo Oritja y el de Capital Federal Sebastián Casanello pidieron, casi en simultáneo, secuestrar documentación de tres ministerios sanjuaninos por el derrame de líquido cianurado que sucedió el domingo 13 en Veladero. La petición del primero llegó antes a los despachos oficiales y los papeles quedaron bajo su dominio para seguir investigando qué pasó y quiénes son los responsables. Lo cierto es que hay dos causas penales en jurisdicciones distintas por el mismo hecho y eso podría derivar en un conflicto de competencia, aunque la ley indica que en estos casos debe intervenir la Justicia local. El magistrado porteño puede insistir y si ni él ni su colega declinan, sería la Corte Suprema la que tendría que resolver dónde se debe sustanciar el proceso.
La causa que tiene como juez a Oritja se abrió a dos días de la fuga y fue a instancias de una denuncia que hizo la administración giojista con el objetivo de que se determine lo que sucedió y si hubo delito. La que está bajo la órbita de Casanello se disparó después, a raíz de una denuncia de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. En las dos hubo novedades ayer.
En la mañana, por orden de Oritja, efectivos de la Policía local se llevaron documentación referida al derrame y al emprendimiento Veladero, explotado por la firma Barrick, de los ministerios de Minería y Salud, de la Secretaría de Ambiente y de Obras Sanitarias S.E. ¿El objetivo? Conocer qué dicen los registros oficiales sobre la fuga, el plan de contingencia que aplicó la empresa, lo que hizo el Estado y los resultados que arrojaron los análisis hechos en aguas de ríos cercanos a la mina (hasta ahora, todos dieron negativo), de manera de sacar conclusiones y, eventualmente, disponer nuevas medidas.
Un rato más tarde, en Minería, Medio Ambiente y Salud se sorprendieron ante la llegada de personal de la Justicia Federal que requería la misma documentación. Casanello mandó un exhorto a San Juan y a través del juez federal Penal con asiento en San Juan, Leopoldo Rago Gallo, mandó a allanar esas tres dependencias. Sin embargo, la medida no se pudo ejecutar debido a que las pruebas ya estaban a disposición de Oritja y su investigación.
La superposición era una cosa casi cantada, teniendo en cuenta que hay dos magistrados de distinta jurisdicción abocados al mismo caso. Uno se tiene que correr, en virtud de que no pueden entender dos jueces al mismo tiempo porque hay riesgo de que dicten sentencias contradictorias.
Un dato que podría ser esclarecedor es el llamado principio de territorialidad, que significa que un delito se investiga en el lugar dónde sucedió. Eso le daría la derecha a Oritja, ya que el derrame ocurrió en la provincia, más precisamente en la circunscripción que comprende a Iglesia y Jáchal, y él es el que tiene competencia allí.
El otro punto que define quién debe intervenir es la naturaleza y el alcance del hecho. La ley nacional de residuos peligrosos, que es complementaria al Código Penal, dice que la Justicia Federal es competente cuando los “residuos pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado”. Que se sepa, en el caso de Veladero no hubo ningún perjuicio fuera de San Juan y los ríos Las Taguas, Protrerillo y Blanco, donde cayó el líquido, no atraviesan Capital Federal. De ahí que la norma también abona la teoría de que la causa debe que quedar en manos del juez local.
Incluso, si la contaminación por el derrame fuera interjurisdiccional, el proceso también permanecería en suelo sanjuanino. Por la cuestión territorial, se debería hacer cargo el juez federal Penal con actuación en la provincia.
Sin los expedientes que requirió y habiendo tomado conocimiento que hay una causa en trámite en la Justicia sanjuanina, Casanello tiene las opciones de reiterar su exhorto o manifestarse incompetente. Si se inclina por la primera, Oritja le puede solicitar que se retire por no ser su distrito y si su par resiste, se desataría un conflicto entre ambos y la última palabra la tendría el máximo tribunal del país.
Una paradoja en la Justicia nacional: el fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, se declaró incompetente en la denuncia de la FUCI por el mismo tema, al entender que no hay interjurisdiccionalidad y que el problema se focaliza en la provincia.
La Justicia allana cuatro organismos
del Estado por la causa Veladero
Según dió cuenta este medio día tiempo de san juan, por una orden del juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Pablo Oritja, quien investiga la denuncia penal contra Barrick por el derrame de cianuro en la mina Veladero, se están allanando cuatro organismos del Estado Provincial: Minería, Salud, Ambiente y OSSE.
La orden judicial local fue emanada por el juez Maximiliano Blejman, del Cuarto Juzgado de Instrucción, tras recibir un exhorto de su par de Jáchal, ordenándole buscar documentación del Estado referida al accionar de Barrick en Veladero.
Según fuentes policiales, el juez Blejman convocó esta mañana a una reunión en su despacho a un gran número de policías de la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía, donde impartió las directivas.
La policía allanó el Ministerio de Minería y los laboratorios ubicados en España y Avenida de Circunvalación (CIPCAMI), el de Salud, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y OSSE.
ALLANAMIENTO EN BUENOS AIRES
Por otra parte el medio especializado en minería Once Diario difundió esta mañana que el juez federal Sebastián Casanello allanó las oficinas de la Secretaría de Minería de la Nación a los efectos de incautar documentación referente a la Barrick Gold, operadora del proyecto Veladero, y toda documentación referida al derrame de cianuro producido en la provincia de San Juan en este emprendimiento minero.
Los integrantes de la Policía Federal, con apoyo de la gendarmería y personal de Prefectura Naval ingresaron al edificio de la Avenida Roca 651 de la capital Federal para secuestrar documentación sobre acuerdos firmados con Barrick, informes ambientales, registros de importación de cianuro y toda documentación que tenga "algo de Barrick" dijo una fuente judicial.
La espectacularidad del operativo sorprendió a la burocracia oficial y despertó asombro y sorpresa en empleados y presentes que se encontraban en el edificio.
Casanello, es el famoso juez que siempre concentró otras causas sensibles, que afectan al gobierno nacional.
GOBIERNO DE SAN JUAN: COLABORAMOS Y
SOMOS DENUNCIANTES
Comunicado del Gobierno de San Juan
El Gobierno de San Juan informa a la comunidad que ante el requerimiento judicial efectuado, el día de la fecha, por la Justicia Provincial, a cargo del titular del Cuarto Juzgado de instrucción Dr. Maximiliano Blejman, y en virtud de la rogatoria impartida por el Juez competente de la Segunda Circunscripción Judicial Dr. Pablo Oritja, ha puesto a disposición por intermedio de sus Ministerios, Secretarias, Subsecretarias y Entes Autárquicos, la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13 de septiembre en la Mina Veladero. También ha puesto a disposición todo otro dato vinculado; siendo esta información complementaria con la ya ofrecida y adjuntada en la causa (Muestreos de Aguas, Análisis efectuados, declaraciones de impacto Ambiental, Informes, etc.).
Con dicha acción se reafirma la voluntad de este Gobierno como denunciante de colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos de conocimiento público.
El juez que investiga un derrame de cianuro en la mina de oro Veladero, en la norteña provincia argentina de San Juan, dijo hoy que citará a declaración indagatoria en calidad de imputados a nueve empleados de la canadiense Barrick Gold, operadora del proyecto minero.
En magistrado Pablo Oritja informó que "están en curso" las cédulas de citación a nueve personas, todas "personal de la empresa", con vistas a que presenten declaración indagatoria a partir del 6 de octubre próximo.
En declaraciones a la emisora La Red Informativa, el juez no descartó que haya más imputados o que se reduzca su número de acuerdo a como avance la causa a partir de la recolección de pruebas.
Barrick admitió este miércoles en un comunicado que fueron 1.072 metros cúbicos de solución cianurada los que se derramaron y no 224 metros cúbicos, como se había informado previamente.
Según una investigación interna de la compañía, la fuga de solución cianurada ocurrió el pasado día 13 debido a la falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de ese líquido.
La solución llegó así a uno de los canales de desvío de aguas, que tenía una compuerta de derivación a una pileta de emergencia que debía estar cerrada y, sin embargo, se encontraba abierta.
La empresa asegura que la cantidad de cianuro derramada "no ha generado un impacto para la salud de las personas".
El proceso de adición de cianuro en la mina, ubicada a unos 4.000 metros de altura en la Cordillera de los Andes, estuvo suspendido por el juez durante nueve días, hasta que este jueves el magistrado levantó la medida.
Oritja dijo hoy que ha exigido a la empresa mayores controles de las válvulas así como de la compuerta donde se registró el incidente.
Allanaron las oficinas de Minería, Salud Pública,
Ambiente y OSSE
Diario Huarpe
Los allanamientos obedecen a un exhorto que emitió el juez de la Segunda Circunscripción Judicial, Pablo Oritja, y que el magistrado Maximiliano Blejman lleva acabo.
El allanamiento que lleva adelante el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, a pedido de Oritja, es en los ministerios de Minería y de Salud Pública, además de la Secretaría de Ambiente y Obras Sanitarias Sociedad del Estado, en búsqueda de documentación que esté referida a la causa del derrame de solución cianurada en los afluentes inmediatos a la mina Veladero.
Por otra parte, el juez de Jáchal, Pablo Oritja, ya había confirmado durante la mañana que la causa cuenta ya con nueve personas imputadas, a quienes se les tomará declaración indagatoria en los primeros días de octubre.
El letrado destacó, sin embargo, que”puede haber más (imputados), que se pueden producir después de la información que se va recolectando. Esto dependerá de cómo siga navegando la causa en todo este mar de pruebas y de información que va llegando todos los días al juzgado”.
Por su parte, el gobierno de la provincia emitió un comunicado informando que, ante el requerimiento judicial efectuado “ha puesto a disposición por intermedio de sus Ministerios, Secretarias, Subsecretarias y Entes Autárquicos, la totalidad de la documentación referente a la contingencia ocurrida el día 13 de septiembre en la Mina Veladero”.
Agrega el comunicado que también se ha puesto a disposición de la Justicia “todo otro dato vinculado; siendo esta información complementaria con la ya ofrecida y adjuntada en la causa (Muestreos de Aguas, Análisis efectuados, declaraciones de impacto Ambiental, Informes, etc)”.
Por último, el comunicado afirma que “con dicha acción se reafirma la voluntad de este Gobierno como denunciante de colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos de conocimiento público”.