Con el despacho de oficios solicitando información a la Contraloría y a Corfo, partió la investigación penal del Ministerio Público por el conflicto que enfrenta la Corporación estatal con SQM por la explotación del Salar de Atacama.
Según revelan conocedores de las indagatorias que lidera el fiscal Jaime Retamal, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, las pesquisas hasta el momento se centran en dos aristas. Primero, y como parte de una solicitud del diputado del Partido Radical (PR), Alberto Robles, en resolver si SQM efectivamente vende ciertos productos químicos a un precio menor al de mercado a su accionista japonesa, Kowa.
Según el diputado Robles, la figura penal en este caso sería fraude al Fisco. “El contrato con SQM es para exportar carbonato de litio. Pero lo que hace SQM es vender la solución de litio por un valor mucho más bajo que el carbonato de litio, que después lo transforma en Japón, con una empresa relacionada, y se ahorra un pago de impuestos en Chile”, dice Robles.
En SQM, sobre ese punto han sido tajantes, recuerdan fuentes de la empresa. En un comunicado con fecha 4 de agosto, la minera recalcó que cada uno de los productos que exportan sí están estipulados en el contrato con Corfo y, además, ante el juez árbitro que busca dirimir el conflicto, han detallado los precios de venta, que serían acorde a los de mercado.
Sin embargo, el fiscal Retamal -que hasta el momento trabaja en solitario en esta causa- decidió ampliar las pesquisas hacia un segunda arista que apunta el fondo del asunto que enfrenta a Corfo con SQM: el contrato de arrendamiento del Salar de Atacama que data de la década del 80. Esa sería la razón por la que ofició a la Contraloría, y perseguiría las responsabilidades penales de las posibles “faltas graves al contrato”, como acusa Corfo.
Según cuenta el diputado de la Región de Atacama, en las últimas semanas se ha reunido con altos personeros de Corfo y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que se hagan parte en la arista penal por el caso. En ambas citas la respuesta es que dicho escenario está en análisis.
Esta opción, dicen conocedores del proceso, no sería del todo viable para Corfo, pues al tener abierto un juicio arbitral, no puede tomar acciones penales al mismo tiempo. Aunque sí lo haría una vez que finalice.
Sobre la instancia arbitral, el parlamentario es lapidario: “Yo no confío en el juicio arbitral de la Cámara de Comercio. Al final, todos los juicios ahí terminan favoreciendo al empresariado”.
La decisión que sí está a la espera al interior de la Corfo, es definir si enfrentarán de manera legal la renuncia de Rafael Guilisasti del consejo de la entidad para transformarse en el presidente de las sociedades cascadas, vehículos de inversión mediante los cuales, en acuerdo con Kowa, Julio Ponce controla SQM.
Será en el próximo consejo de Corfo, integrado por los ministros de Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Agricultura, y que aún no tiene fecha para realizarse, cuando decidan si pedirán o no al CDE que intervenga.
De acuerdo con Robles, tras el conflicto por el Salar de Atacama el Estado también tiene responsabilidades. “Es posible que funcionarios públicos, por omisión, hayan permitido estas acciones. Los abogados hablan de que hay un tipo de cohecho por omisión que podría estar ocurriendo”, afirma.
Otra de las opciones que se evalúa es armar una comisión investigadora en la Cámara Baja. “Las comisiones buscan responsabilidades políticas, y a mí lo que me preocupa más en este caso son las responsabilidades penales”, dice Robles.
