Sancionaron ley para que la venta de acciones del Estado requiera autorización del Congreso
Con votos del kirchnerismo y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para blindar las acciones adquiridas tras la estatización de las AFJP y crear una agencia que coordine el ejercicio de los derechos accionarios. Fue por 127 votos a favor y 84 en contra.
El Estado solo podrá vender acciones en empresas privadas con autorización de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. El proyecto impulsado por la presidenta Cristina Kirchner fue convertido en ley este miércoles por la Cámara de Diputados por 127 votos a favor y 84 en contra.
Se trata de las acciones que adquirió la ANSES tras la estatización de las AFJP en 2008 y que corresponden a un heterogéneo conjunto de compañías: desde el Grupo Clarín y el Alto Palermo, pasando por Telecom y Siderar, hasta el Banco Macro, Pampa Energía y Quickfood, entre muchas otras.
Las acciones comprometidas en la ley forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y corresponden sólo a las empresas donde el Estado es socio minoritario.
El proyecto había sido defendido en el Congreso por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y cosechó críticas de todo el arco opositor, que advirtió que la ley no permitirá cumplir los objetivos propuestos.
La votación también arrojó cinco abstenciones, del bloque Unidad Popular (Víctor De Gennaro y Antonio Riestra) y el Frente de Izquierda (Pablo López, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño).
La flamante norma crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), que deberá coordinar el ejercicio de los derechos accionarios. También ordena poner en funcionamiento una Comisión Bicameral de control parlamentario y un Consejo Consultivo.
El diputado Roberto Feletti, miembro informante del oficialismo, explicó que el objetivo de la ley es “proteger activos estatales, otorgándole al Parlamento la facultad de decidir su venta”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que “es un cambio conceptual” ya que “estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos”.
Además, marcó la diferencia con la década de los noventa, cuando se abrió “un ciclo en el cual el Estado se dedicó a perder activos y a aumentar sus pasivos, que desembocó en la crisis del 2001”.
Su par Héctor Recalde aseveró que se busca “limitar las facultades del Poder Ejecutivo” de desprenderse de los activos para que la decisión recaiga “donde está la soberanía popular, que es en el Congreso de la Nación”.
Dijo entonces que el objetivo es “defender el patrimonio nacional” ante el eventual espíritu privatizador del sucesor de Cristina Kirchner.
Los bloques opositores coincidieron en que la norma tenderá a “trabar” la venta de acciones y a quitarle “flexibilidad” al sistema, además de advertir que es “inconstitucional” establecer una mayoría especial para casos que no están previstos en la Carta Magna.
Asimismo, algunos diputados colaron el debate por el 82 por ciento móvil para los jubilados y reclamaron mayor “transparencia” en el manejo de los fondos previsionales.
Por la UCR, Miguel Bazze aseguró que la ley “no incorpora ningún aporte para el mejor funcionamiento del Fondo de Garantía” de Sustentabilidad de la ANSES.
Además, advirtió que es “inconstitucional” que se establezca una mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para autorizar la venta de acciones, cuando para la sanción de una ley se requiere una mayoría simple.
Otro radical, Oscar Aguad, denunció que la ANPEE es para “crear empleo, un lugar para dejar funcionario por cuatro años”.
Por su parte, Martín Lousteau (ECO) también cuestionó que se requieran dos tercios para vender acciones de empresas donde el Estado es socio minoritario, pero cuando se trata de compañías como Aerolíneas Argentinas baste una mayoría siempre. “¿Inmovilizando, se protegen los activos estatales?”, se preguntó.
En el mismo sentido, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que la norma es “de absoluta inutilidad jurídica” y auguró que arrojará “resultados realmente desaconsejables”.
“Las normas que están proponiendo no se encaminan de ninguna manera a los objetivos propuestos”, consideró la legisladora y precandidata presidencial de Progresistas.
Federico Sturzenegger defendió la postura del Pro y alertó que “se va a votar el congelamiento de tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES justo cuando por decisión de la Comisión Nacional de Valores, esta semana perdieron 31 mil millones de pesos”.
En una curiosa comparación, apuntó que “esta ley es como el tero: gritan en un lugar mientras el nido lo hacen en otro. Dicen proteger activos -no los protegen-, cuando el objetivo real es crear un par de puestitos”.
También observó que “se exige a quienes gestionan la cartera que ‘avisen’ si van a vender los activos. Eso impactará en el precio de venta y perjudica la gestión, todo lo contrario a lo que la práctica cotidiana, acá y en todo el mundo, indica”.
Pablo Tonelli sumó al rechazo macrista el argumento de la inconstitucionalidad del proyecto. Explicó que la exigencia de la mayoría agravada es una “pretensión insanablemente nula” porque “sólo puede ser establecida por la Constitución, no por el Congreso”.
Además, advirtió que “la venta de acciones es una decisión administrativa que sólo puede tomar el Poder Ejecutivo”, por lo cual con este proyecto se produciría un traspaso de atribuciones.
Claudio Lozano, de Unidad Popular, se refirió a la administración de los fondos previsionales en los últimos años y pidió “reestructurar la conducción de la ANSES y del FGS para que el Estado esté junto con la representación de los trabajadores y de los jubilados”.
“Esto permitiría adecuar la conducción de la ANSES y del Comité Ejecutivo que hoy administra los fondos previsionales con participación de sus aportantes y sus beneficiarios”, explicó.
“Lo que tendría que estar en discusión –aportó Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda- es cómo otorgar el 82 por ciento móvil a los jubilados”.
Desde el mismo espacio, Pablo López (Partido Obrero) advirtió que “el oficialismo defiende este proyecto como un arma contra una privatización futura de las acciones que posee el FGS y dice querer preservar la influencia del Estado en las empresas”.
Sin embargo, dijo, “se trata de una verdadera cortina de humo” ya que el FGS “está malvendiendo los títulos públicos en su poder, que constituyen más del 60 por ciento de las tenencias de la ANSES, y que este proyecto deja totalmente afuera de su preservación y control”.
La diputada de Proyecto Sur Alcira Argumedo manifestó que el de la ley “es un título atractivo pero que oculta trampas”, como el caso de “la Ley de Hidrocarburos, donde se proclamó la soberanía energética pero detrás estaba la entrega de los recursos por 40 años a las grandes petroleras”.
Sebastian Abrevaya
El kirchnerismo y sus aliados lograron ayer establecer una fuerte protección a las acciones que tiene el Estado nacional en empresas privadas. Lo hicieron al convertir en ley el proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee). La iniciativa establece, entre otras cuestiones, que para vender esos bienes se necesitará la autorización del Congreso, con los votos de dos tercios de los miembros de cada Cámara. “Hasta ahora estos activos se concebían como activos financieros que dejaban una renta o un dividendo.
En esta nueva concepción deja de ser un activo financiero para convertirse en un activo específico del Estado”, aseguró ayer el diputado Roberto Feletti, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde la oposición, en cambio, centraron sus críticas en la mayoría calificada exigida por la nueva ley y calificaron al nuevo organismo como una “agencia de colocaciones” del oficialismo, a poco de terminar el mandato presidencial. La norma se aprobó por 127 votos a favor y 84 en contra, con cinco abstenciones.
A poco más de un mes del anuncio por parte de la presidenta Cristina Fernández, el Frente para la Victoria consiguió convertir en ley el proyecto para resguardar los activos estatales obtenidos tras la estatización de las AFJP, en 2008. El ministro de Economía, Axel Kicillof y el titular de la Anses, Diego Bossio, asistieron tanto al Senado como a Diputados para explicar sus fundamentos.
Según el texto de la ley, el nuevo organismo reemplazará a lo que hoy funciona como la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (Dnepe), dependiente de la cartera económica. Tendrá un directorio de cinco miembros, presidido por el jefe de la Anses. Los restantes cuatro integrantes serán el ministro de Economía, un funcionario a designar por el Poder Ejecutivo y dos representantes de la comisión bicameral creada ad hoc. Esta comisión ejercerá el control y seguimiento del organismo y estará compuesta por ocho diputados y ocho senadores.
“Esto es mucho más que una iniciativa con una mera impronta defensiva, porque la agencia además constituye un espacio idóneo para asegurar racionalidad y coherencia a la actividad desplegada por los representantes del Estado en las empresas en las que éste tiene participación”, aseguró el diputado kirchnerista Martín Gill. La agencia contará con un Consejo Consultivo, compuesto por un representante del ministerio de Economía, otro del de Industria, uno de la Anses y por último un representante de la CGT. Entre sus atribuciones está la de convocar anualmente a los integrantes del directorio de la Anpee para recibir un informe pormenorizado del estado accionario.
Según informaron Kicillof y Bossio en el Congreso, actualmente el Estado posee participación en 44 empresas privadas y colocó directores en 27 de ellas. Se trata de un capital de 63 mil millones de pesos, que obtuvo un crecimiento del 736 por ciento desde su pase al Estado.
Opositores como Martín Lousteau (Sumá+) y Federico Sturzenegger (PRO) coincidieron en considerar inconveniente que se necesite la aprobación por parte del Congreso para desprenderse de esas acciones, especialmente con una mayoría agravada como los dos tercios. “¿Inmovilizando, se protegen los activos estatales?
El Estado puede ser gigante pero si se mueve como un caracol no sirve de nada”, señaló el ex ministro de Economía. “El proyecto virtualmente congela un pedazo de su cartera. No hay razón para afirmar que así se proteja el valor de los activos. Este proyecto exige a quienes gestionan la cartera de inversiones ‘avisen’ si van a vender los activos. Eso impactará en el precio de venta y perjudica la gestión”, sostuvo el economista macrista.
Uno de los responsables de salir al cruce de las críticas opositoras fue el diputado, Pablo Kosiner: “Existen sectores en este país que creen que es más importante la dinámica del negocio del sector privado que proteger el patrimonio de todos los argentinos. Este proyecto de ley está dirigido a proteger no a un directorio en especial, ni a una empresa en especial, sino a la decisión estratégica de un Estado que quiere tener incidencia en todas y cada una de aquellas empresas donde tiene acciones”, sentenció.
Para el radical Oscar Aguad, el objetivo de la norma es “crear empleo”, buscar “un lugar para dejar funcionario por cuatro años”. En verdad, se establece que los directores de la Anpee duran cuatro años en sus funciones, pero pueden cambiar de acuerdo a los movimientos políticos. Si el próximo presidente cambia tanto al Director Ejecutivo de la Anses, como al ministro de Economía, estos nuevos funcionarios pasarían ineludiblemente a formar parte del directorio. Lo mismo puede suceder con el funcionario a designar por el Poder Ejecutivo, mientras que los dos representantes de la comisión bicameral también podrían variar si se modifica la relación de fuerzas en el parlamento.
Otros diputados como la candidata presidencial de Progresistas, Margarita Stolbizer consideraron “inconstitucional” el proyecto, ya que establece un requisito de dos tercios para enajenar esas acciones cuando la ley que lo implementa se aprueba por mayoría simple. En el oficialismo recordaron, en cambio, que existen otras leyes similares como por ejemplo, la que recuperó la petrolera YPF, cuyas acciones también están protegidas con el mismo criterio.
La sanción de la ley se logró con el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino. “Este Proyecto no puede ser considerado de forma aislada. Constituye una clara continuación de las medidas implementadas primero por Néstor Kirchner y luego por Cristina Fernández. Un proceso que duplicó la cantidad de beneficiarios y que nos permite poder decir que tenemos la cobertura más alta de Latinoamérica”, sostuvo Juan Carlos Junio, del Partido Solidario SI.
La mayoría de los bloques opositores se pronunciaron en contra de la ley, en tanto que se abstuvieron los diputados Víctor De Gennaro y Antonio Riestra, del bloque Unidad Popular; y de Nicolás Del Caño, Miriam Bregman y Pablo López, del Frente de Izquierda. Según el candidato presidencial del FIT: “El Gobierno quiere hacer pasar este proyecto como la defensa de los intereses populares cuando es la asociación con los negocios de los privados”.
