La Secretaría de Minería salió al cruce del pedido que realizó el FCS para que se deje sin efecto el informe de impacto ambiental que se había aprobado para iniciar trabajos de exploración en Cerro Atajo. Desde el organismo aclararon que no tienen competencia para analizar cuestiones entre privados y en todo caso señalan que los diputados deberán trasladar su inquietud al juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda.

La Secretaría de Minería aclaró el rol que cumple en el marco de la aprobación de los informes de impacto ambiental. En este sentido, indican que la Secretaría de Minería es la autoridad administrativa minera provincial, auxiliar del Juzgado de Minas en todo lo referente al catastro minero, canon minero, policía minera y legislación ambiental minera.

Respecto a la presentación y análisis de los informes de impacto ambiental que realizan empresas o particulares, la Secretaría de Minería, a través de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM), realiza el estudio, análisis y consultas pertinentes, y en caso de considerarlo apropiado emite las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que autorizan el inicio de las actividades mineras.

Es decir que luego de otorgada la concesión minera a una empresa o particular por parte del juez de Minas de la Provincia, previo al inicio de cualquier actividad, los particulares o empresas deben presentar el informe de impacto ambiental ante la autoridad administrativa (DIPGAM), que se limita a constatar si el que presentó la documentación es concesionario o bien se encuentra autorizado contractualmente por el concesionario para realizar actividades mineras en ese emprendimiento. Luego, procede a analizar las cuestiones ambientales específicamente y posteriormente emite o no la DIA.

"Esa autorización contractual, indefectiblemente, debe ser presentada previamente ante el Juez de Minas, que es quien las autoriza y notifica a la Secretaría de Estado de Minería" indicaron desde el organismo que conduce Rodolfo Micone.

La respuesta oficial explica que la Secretaría de Minería no tiene ningún tipo de competencia ni jurisdicción para analizar cuestiones o conflictos entre privados o empresas y privados. Su función exclusivamente es analizar los informes de impacto ambiental y, en caso de encontrarse todo en regla, emitir las DIA.

"En definitiva, los diputados deberán efectuar sus reclamos ante las autoridades judiciales competentes y no ante la Secretaría de Estado de Minería dada la falta de competencia de este organismo para resolver cuestiones o conflictos judiciales entre particulares o empresas".

En declaraciones a Radio Ancasti, la diputada Marita Colombo señaló ayer que la objeción a la aprobación del informe impacto ambiental es por el litigio con respecto a la propiedad de Cerro Atajo. "Éste es un conflicto que ha sido planteado por una de las socias en este contrato de exploración con opción a explotación. Entendemos que al no haber claridad respecto de la propiedad de las 17 minas de Cerro Atajo, se debe revocar la resolución por la que se aprobó el estudio de impacto ambiental por resultar viciada por este error, que es la falta de claridad con respecto a la propiedad de la mina. Ésta es la razón más importante, si bien la resolución ya fue dictada se debe suspender la aplicación", indicó.