Esta semana, las cosas terminaron por decantar la urgencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, por acotar las expectativas oficialistas sobre el gasto fiscal de 2016. Tras el evidente deterioro del escenario base con que hace más de dos meses comenzó a trazar las primeras líneas del nuevo erario, en la última semana el jefe económico ha desplegado una campaña al interior del gabinete y de los partidos del oficialismo para instalar la lógica del buen uso de los recursos y la necesidad de ser económica y fiscalmente responsables. Esta arremetida del economista PPD ocurre porque el tema de la estrechez fiscal había salido de la agenda pública al iniciar septiembre, debido al programa del Chile Day en Londres y, principalmente, al torbellino desatado por las indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de reforma laboral.
Así, la necesidad por contener las presiones quedaron graficadas en tres hechos esta semana. Primero, haber logrado que el lunes la Presidenta Michelle Bachelet comenzara la semana con un consejo de gabinete que, casi exclusivamente, se abocó a analizar el contexto económico y delinear el curso de la agenda para lo que resta del mandato. En las horas siguientes a la reunión, el jefe económico fue insistente sobre la necesidad de “reasignación de recursos” para enfrentar no sólo los compromisos ya legislados y que obligadamente debe cubrir el Presupuesto 2016. También apeló a eficientar el gasto público con miras al resto de la agenda social.
Luego, el martes, Valdés rechazó en el Congreso la implementación de un bono permanente para los profesores que se acogieran voluntariamente a retiro. A costa incluso de abrir un flanco con su compañera de partido y titular de Educación, Adriana Delpiano, advirtió que podrían vetar la propuesta e incluso acudir al Tribunal Constitucional para evitar su entrega. Su intención de morigerar las ansias por recursos no sólo se centran en el citado bono, sino que apuntan principalmente hacia los sectores que esperan una reforma educacional más audaz y expansiva.
Al día siguiente y tras dirigir una nueva reunión del comité de ministros económicos, Valdés plasmó en su discurso la tesis de que la reasignación es clave para abordar el debate presupuestario y, más profundo, amortiguar los efectos de la volatilidad externa sobre una ya alicaída economía local. Una noción que repetiría con fuerza el jueves tras el consejo de gabinete de urgencia para analizar el plan de acción y coordinar la estrategia fiscal para ayudar a las regiones afectadas por el terremoto del norte y posterior tsunami de la tarde del miércoles (ver recuadro).
Aunque las cifras siguen afinándose y al cierre de esta edición el escenario de gastos nuevamente cambió tras las pérdidas que dejó la catástrofe en el norte del país, en Teatinos 120 mantienen a firme cuatro pilares o criterios que guiarán la confección del proyecto de ley de Presupuesto 2016 y su posterior defensa en el Congreso.
El primer criterio que marca esta etapa del proceso presupuestario es que el escenario base se ha deteriorado más de lo previsto respecto del que se perfiló en julio pasado, cuando Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) ajustaron a 2,5% la proyección de crecimiento del PIB desde el 3,6% estimado al elaborar el erario 2015. En esa ocasión, también estrecharon la variable de demanda interna, desde una expansión de 3,9% a una nueva de 2% y corrigieron a la baja el precio efectivo del cobre desde los US$ 3,12 la libra a US$ 2,75 la libra. Hoy, el precio del cobre promedio es de US$ 2,59 la libra.
En el equipo económico reconocen que ahora trabajan con un crecimiento del PIB algo mayor de 2%, pero bajo 2,5%, lo que “evidentemente reduce más el margen para diseñar el gasto y generar alguna holgura adicional, lo que creo que está casi descartado”.
Pero, además, agregan las mismas fuentes, ahora entró a jugar con mucha fuerza la velocidad a la que se está moviendo la trayectoria de precios internos y cómo el encarecimiento de la vida le resta poder al erario fiscal. En la actualización de proyecciones de julio pasado, Hacienda elevó la previsión de inflación a diciembre 2015 desde el 2,8% a un 3,5%. En el Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central elevó a 4,6% la estimación de IPC a diciembre de 2015 y a 3,7% a diciembre de 2016. En el IPoM de junio las había situado en 3,4% y 3,1%, respectivamente. La última encuesta de expectativas del BC cifró el dato en 4,7% y para diciembre de 2016, en 3,5%.
En Teatinos 120 funcionarios del área precisan que con todos esos datos en la licuadora hoy están trabajando con un IPC a diciembre 2015 en torno al 4,5% y que en su escenario está contemplado que el Banco Central iniciará un ajuste lento y gradual de la tasa de interés rectora al inicio del último trimestre de este año. “Estamos trabajando con la tesis de que el Central no va a esperar al cierre del año para iniciar el ajuste de la tasa, porque realmente no puede obviar el hecho de que con este año es la cuarta vez que la inflación terminará por sobre el techo del rango. Ellos están recibiendo mucha presión por su lado y por el nuestro hemos constatado que la expansividad monetaria no ayudó a apuntalar la economía. No pudo empujarla”, dice un asesor.
Derivado de lo anterior y como segundo pilar está la decisión “desde la economía política”, como califica otro funcionario, de que a pesar del cuadro macro más débil y la volatilidad internacional -que golpea fuerte al precio del cobre y eleva el tipo de cambio con costo en inflación para Chile-, el gasto público 2016 se expandirá en el rango de 4% a 4,5%, aunque más cercano al piso, pero aseguran que eso está internalizado hace meses en el oficialismo, oposición y los agentes privados.
Cálculos de economistas ligados a Teatinos 120 señalan que si la base fiscal actual es de US$ 42.000 millones, un aumento del gasto público del 4% significaría inyectar a las arcas públicas US$ 1.680 millones. Si el alza es de 4,5%, el gasto adicional sería de unos US$ 1.800 millones. Pero advierten que por efecto de los vaivenes del tipo de cambio, el punto de partida podría haber bajado en torno a US$ 2.000 millones.
Personeros ligados a Hacienda y a La Moneda coinciden en que dado que la noción de gasto en torno al 4% a 4,5% ya es una idea-fuerza que han podido defender con relativo éxito entre sus filas partidistas, lo que resta es presionar o motivar a que en la propia estructura de la administración pública eso se materialice mediante solicitudes presupuestarias responsables. Confirman, además, que desde mayo que se les viene pidiendo a los 23 ministerios, servicios y reparticiones del Estado que eficienten el uso de los recursos este año, congelen el gasto corriente que no esté sujeto a reajuste vía IPC (por ejemplo, de compra de bienes y servicios; no remuneraciones) y eliminen los gastos considerados como más suntuarios.
“Hay que hacer un esfuerzo de reacomodo y reasignación global de recursos en la administración pública para que podamos obtener una holgura que nos permita un desembolso fiscal de ese nivel. No nos olvidemos que del total del gasto del presupuesto, lo que podría considerarse como gasto estático llega a casi el 80%”, comentan.
Aun cuando el cuadro macroeconómico interno se ha deteriorado y a nivel internacional la volatilidad no cesa, sumado al desgaste de recursos para apoyar a las regiones afectadas por el terremoto, asesores que participan del diseño del Presupuesto 2016 aseguran que su estructura de gastos se está armando con un déficit fiscal efectivo algo mayor respecto del nivel con que ahora estiman que cerrarán 2015. En julio pasado, la Dipres elevó el déficit fiscal efectivo de este año a 3% del PIB, equivalente a US$ 7.551 millones, desde el déficit estimado de 1,9% del PIB con que fue elaborado el erario vigente, equivalente por entonces a US$ 5.187 millones.
En Teatinos 120 plantean que las estimaciones apuntan a que en 2015 el déficit estaría entre 2,5% y 3% del PIB. Y eso permitiría que “para el próximo año estemos trabajando en un diseño que considera un déficit fiscal algo mayor al déficit efectivo con que cerraremos este año. Estamos hablando de un déficit que podría estar en el 3% o levemente por arriba”, explican las fuentes.
En ese mejor diagnóstico influyen datos favorables de recaudación tributaria hacia el tercer trimestre, como resultado de la menor evasión de impuestos y del aumento de la tasa de primera categoría (de 21% a 22,5%). “Los ingresos tributarios han estado mejor de lo esperado, en especial por una menor evasión y la adaptación de la reforma. La elasticidad ha sido algo más positiva de lo que esperábamos”, añade otra fuente del equipo económico.
Según la reforma, este año se recaudarían US$ 2.643,5 millones. De esos, US$ 1.183 millones provendrían del alza del impuesto de primera categoría y US$ 790 millones por menor evasión y elusión.
De la mano de lo anterior, se abre el cuarto pilar: enfatizar la señal de un compromiso con retomar un diseño de finanzas públicas que apunte al objetivo de converger al equilibrio fiscal estructural a mediano plazo, el que no debiera extenderse más allá de la primera mitad de la próxima administración, proyectan en el equipo económico. Agregan que están trabajando un proyecto fiscal que, cumpliendo con todos los gastos permanentes y recursos comprometidos en distintas leyes, debiera sustentarse en un déficit estructural algo menor al estimado para este año, que es 1,1% del PIB.
Aunque el programa de gobierno de Bachelet asume converger a un balance estructural de 0% del PIB en la formulación del Presupuesto de 2018, el ministro Valdés admitió a mediados de año que aquello era casi imposible. Por tanto, comentan que una de las novedades en la que trabajan para incorporar en el Informe de Finanzas Públicas que acompañará al Presupuesto 2016 es la posibilidad de calendarizar la convergencia al equilibrio fiscal estructural. Aclaran que es un tema en diseño, pero la decisión aún no está oficialmente adoptada por parte de las autoridades de la cartera.
Explican, en todo caso, que se trata de una suerte de cronograma o calendario en que basados en escenarios alternativos para las variables fiscales más relevantes, se traza un cumplimiento o ritmo de avance para converger al equilibrio en determinado plazo y nivel estructural.
“Debemos dar una señal de compromiso con las finanzas públicas ordenadas, con que la regla se mantiene y que vamos a trabajar en conducirla con la meta de recuperar el equilibrio estructural. Esto es clave, porque de esto también depende, por ejemplo, que en las nuevas emisiones de deuda soberana obtengamos buenos descuentos y que eso sea el piso para que las empresas públicas puedan financiarse vía deuda y así no detener sus planes de inversión”, dice un alto personero.
La orden ha sido clara. Parte de la lógica reasignadora de Hacienda también implica que no habrá nuevas entregas de capital para las empresas públicas que lo hayan demandado, ni siquiera para Codelco, Enap y BancoEstado. La opción que se les ha dado es ajustar el cinturón, contener las demandas salariales y levantar recursos propios para sus proyectos más productivos.
A Valdés le resta menos de dos semanas para terminar con la elaboración del proyecto de ley de presupuestos, ya que la iniciativa tiene como plazo ingresar a trámite legislativo hasta la medianoche del 30 de este mes y su tope para ser despachada del Parlamento es el 30 de noviembre próximo.
