No ha tenido demasiada suerte últimamente en la Justicia norteamericana en la causa por la deuda en default. Pero la Argentina no pierde las esperanzas en el juicio que le inició en abril pasado en Nueva York el estudio legal Burford Capital, que adquirió los derechos del Grupo Petersen, y reclama un resarcimiento estimado en US$ 3500 millones, por la participación que el holding empresario argentino tenía en YPF.
Según trascendió ayer, los abogados del país le pidieron al juez de Nueva York Thomas Griesa -el mismo que condenó a la Argentina a pagarles a los fondos buitre-, que desestime la demanda en contra de la Argentina y que además compense a YPF por los gastos del juicio.
Según argumentó en los documentos que presentó ante la Justicia en los últimos días, la demanda no es válida en cuanto a que se basa exclusivamente en los estatutos de YPF, que establecen que si un inversor hace una oferta por la mayoría del paquete accionario de la compañía (como hizo el Gobierno cuanto estatizó el 51% en poder de Repsol), también debe hacer una oferta al resto de los tenedores (en este caso, el Grupo Petersen). Para los abogados del estudio Akerman, que representan a la Argentina, esto no se aplica en el caso del Estado que ejerce su derecho soberano de expropiar la empresa, sino sólo de inversores privados.
Al mismo tiempo, afirman los representantes del país, el hecho de que Burford haya comprado exclusivamente los derechos del Grupo Petersen para iniciar un reclamo legal viola la doctrina Champerty vigente en la legislación de Nueva York, que busca evitar que un inversor compre un juicio con el compromiso de, en caso de éxito, pagarle en parte al demandante original.
Según trascendió, Burford adquirió el reclamo del Grupo Petersen por 15 millones de euros y con la promesa de pagarle un 30% de lo que reciba en caso de éxito.
Ya la semana pasada habían trascendido documentos presentados ante la corte de Nueva York en los que los abogados de la Argentina anticipaban su reclamo. Lo mismo de parte de YPF, la otra demandada en este caso.
Abogados que siguen de cerca el litigio en la Corte de Nueva York estiman que el juicio por YPF podría estar valuado en US$ 3500 millones de dólares, que es aproximadamente la cifra que pagó en su momento la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen, por el 25% de las acciones que tenía en la petrolera argentina.
Las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, en rigor las dos que figuran como demandantes en el juicio que sigue el juez Griesa, quebraron después de que no pudieron repagar los créditos con los cuales habían financiado su ingreso a YPF. Tras la estatización del 51% que la española Repsol tenía en la petrolera argentina, el Gobierno impidió que Petersen siguiera girando dividendos que recibía como accionista de YPF para repagar sus deudas en el exterior.
Según informó la agencia Debt Wire, la deuda total de Petersen Compañía Inversora sumaría al momento unos 822 millones de euros, mientras que la de Petersen Sociedad Anónima ascendería a otros 974 millones de euros. Las empresas del grupo Petersen están en liquidación desde septiembre de 2014.
Burford Capital no sólo lleva adelante el juicio por YPF, sino que también es el estudio que, según informó esta semana el Gobierno, compró la demanda en contra del país que el Grupo Marsans, ex controlante de Aerolíneas Argentinas y Austral, había iniciado ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció el lunes un presunto fraude contra el Estado por parte del Grupo Marsans y contra Burford Capital.
Gonella denunció que "se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi por unos US$ 1600 millones". La Procelac sostiene que el procedimiento de los demandantes contra la Argentina encubre una posible defraudación por estafa procesal debido que Marsans le cedió el juicio a Burford antes de la quiebra..
