El ex consejero de la Corporación había renunciado "por la incompatibilidad absoluta que dicha representación tendría con futuras responsabilidades que asumiré en el ámbito empresarial privado". Y, claro, pues será el sucesor de Julio Ponce en la cascada sobre SQM, empresa que mantiene un serio enfrentamiento con la Corfo.
Una verdadera sorpresa fue la que comunicó la cascada sobre SQM esta tarde. El sucesor de Julio Ponce –quien dejó la presidencia de este grupo de compañías la semana pasada– será el recientemente renunciado consejero de la Corfo, Rafael Guilisasti.
Si bien su salida se hizo efectiva el pasado 3 de septiembre, Guilisasti la argumentó "por la incompatibilidad absoluta que dicha representación tendría con futuras responsabilidades que asumiré en el ámbito empresarial privado". Y, claro, pues ahora será el presidente de Norte Grande, Oro Blanco y Calichera, empresa dueña del 32% de SQM, pero que gracias a un pacto de accionistas con la sociedad japonesa Kowa –que tiene el 2% de la minera–, mantiene el control.
De esta manera, el hoy directivo de la cascada pasó de un bando a otro. En cosa de días dejó de representar los intereses de la Corporación por los de Julio Ponce, accionista de SQM.
La Corfo está seriamente enfrentada con SQM por contratos de arriendo de pertenencias mineras, a través de los cuales la minera obtuvo cerca del 40% de sus ingresos en 2014.
La “incompatibilidad absoluta” declarada por Guilisasti al explicar su nuevo cargo en reemplazo de Ponce Lerou, estaría ligada a la información a la que habría tenido acceso en su puesto como consejero en el organismo liderado por Eduardo Bitrán.
Información y detalles de los pasos y estrategias que ha seguido y seguirá Corfo en el arbitraje que mantiene con la minera no metálica por un conflicto que involucra los contratos de arriendo de las pertenencias mineras, que la estatal lleva adelante desde 1993 con la compañía controlada por Julio Ponce Lerou, a través de diversas sociedades.
En términos simples, Corfo es la dueña de las 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, en la Región de Antofagasta, que arrienda a SQM bajo el amparo de dos contratos, que le permiten explotar hasta 2030 los minerales contenidos en el salar –principalmente cloruro de potasio en cualquiera de sus formas comerciales, ácido bórico y productos de litio– y que se estima representan entre un 60% y un 75% de las ventas de la compañía, que el 2014 registró utilidades por US$ 296,4, un recorte de 36,5% respecto del ejercicio anterior.
En junio Corfo anunció que pretendía poner término anticipado a estos contratos, y que rechazaba la conciliación propuesta por el árbitro. Una noticia que complicó aún más el escenario de SQM, que ha enfrentado una seguidilla de escándalos judiciales entre los que se cuentan los casos Cascadas y Penta SQM, que incluso le han valido demandas colectivas desde Estados Unidos y una auditoría independiente para la Securities and Exchange Comission (SEC).
Conflictos judiciales que en julio pasado sumaron una solicitud de investigación ante el Fiscal Nacional por parte del diputado Alberto Robles (PRSD) por ventas por parte de SQM a la japonesa Kowa a precios irregulares.
Corfo acusa graves incumplimientos éticos y contractuales por parte de SQM, entre los que Kowa tendría un rol clave. La estatal intenta probar, en el proceso arbitral que aún sigue en curso, que la japonesa es una empresa relacionada a la minera no metálica, lo que nunca ha sido reconocido por ella. Vínculo que se traduciría en que SQM le vendía a Kowa litio a bajo valor de mercado, lo que es visto desde Corfo como “un engaño que permitía pagarle menos plata al Estado”.
