Nada más clásico que el nuevo plan económico brasileño, diseñado en el presupuesto de 2016. Ahora, en vez de un déficit originario de 0,5% habrá un superávit primario de 0,7%. Eso implicó un corte de gastos de 6.800 millones de dólares y un aumento de impuestos, entre nuevos y reajustes de alícuotas, que permitirá al gobierno obtener 7.300 millones de dólares de ingreso adicional. Para tamaño ahorro, congelan los salarios del sector público en un año en que la inflación superará 9 por ciento; reducen drásticamente los gastos del Estado (en 3.700 millones de dólares); bajan a la mitad los subsidios agrícolas y recortan en más de 100 por ciento los reintegros a los exportadores industriales.
Dos ministros asumieron el anuncio, en conferencia de prensa, del flamante programa. Fueron Joaquim Levy, el titular de Hacienda, y Nelson Barbosa, el jefe de la cartera de Planificación, quienes explicaron a los periodistas el tijeretazo, acompañado de una mayor presión tributaria que recaerá sobre todos los que habitan este país, sean nacionales o extranjeros.
Es que el gobierno de Dilma Rousseff decidió reimplantar un tributo que había cesado en 2007, a comienzos del segundo mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se trata de la Contribución Provisoria al Movimiento Financiero (CPMF), también llamado impuesto al cheque, que irá a gravar con 0,2 por ciento cada operación bancaria o de tarjetas de crédito, por mínima que sea, que hagan los brasileños y los residentes en el país.
En verdad, éste era el objetivo mayor del equipo económico que secunda a Dilma: se estima que podrá generar unos 8.000 millones de dólares que servirán para financiar “íntegramente” las jubilaciones.
El paquete para enfrentar la crisis económica del país fue discutido durante todo el fin de semana y ayer mismo por la presidenta con sus ministros del área: Levy y Barbosa; el jefe de gabinete, Aloizio Mercadante y algunos secretarios. Estaban presentes ayer los líderes de las bancadas oficialistas de Diputados y Senadores, quien deberán votar rápidamente la ley de reinstalación de ese impuesto. Si se tiene en cuenta que la mayoría de la población tiene cajas de ahorro o cuentas corrientes, este tributo sin duda “es el más distribuido”, como señaló el ministro Levy. Lo pagan desde los grandes empresarios hasta los empleados y cuentapropistas. Desde ese punto de vista, el funcionario consideró “que trae menos distorsión a la economía y tiene escaso impacto inflacionario”. Y agregó: “Ustedes van a comprar una entrada de cine y ésta será dos milésimos más cara” argumentó.
Más político que Levy, el ministro Barbosa dijo que el gobierno ya venía cortando gastos desde enero último, al punto que logró en estos 8 meses y medio un ahorro de casi 28.000 millones de dólares. El plan puesto en marcha ayer no solo implica patear para adelante el reajuste del sector público; también pone en el congelador los concursos del Estado; además de poner un estricto límite a los pasajes aéreos, la ayuda con el alquiler y el teléfono (cuando se trata de gente que tiene su residencia fija en otros lugares) y otros detalles por el estilo.
Pero vendrá también un fuerte reajuste de los recursos destinados a programas como “Mi casa, mi vida” y otros como el Programa de Aceleración del Crecimiento, que financia las obras públicas.
Otros planes sociales, que fueron un símbolo de los gobiernos de Lula da Silva y la primera gestión de Rousseff, deben sufrir también el efecto “tijera”. Solo que los cortes se disimulan detrás de lo que el equipo económico llama pasar “un peine fino” por estos programas para “eliminar fraudes y desperdicios”. Entran bastiones del lulismo como “Bolsa familia”, que fue la base del programa “Hambre cero”, y la financiación a estudiantes de escasos recursos para que puedan seguir la universidad. Todo esto debe implicar un retroceso, porque afectará sobre todo a los sectores de menores recursos, aquellos más castigados con el creciente desempleo. Ni siquiera así la calificadora de riesgos Standard and Poor´s se daba ayer por satisfecha. La empresa internacional rebajó la nota de Brasil a “grado especulativo”
