Una nueva disputa protagonizan las mineras Glencore, de matriz suiza, y Antofagasta Minerals, controlada por el grupo Luksic. Pero el historial de rencillas entre ambas firmas ya lleva más de un año. De hecho, se originó el 12 de mayo de 2014, cuando Glencore presentó en el juzgado Federal N° 1 de San Juan, Argentina, una demanda civil en contra de Minera Los Pelambres, filial de Amsa, acusándola de depositar ilegalmente escombros y desechos mineros en terrenos de su proyecto Pachón, ubicado en territorio argentino.

Esta vez, el motivo de la pelea fue el plan de cierre ambiental de aquel botadero, que presentó Los Pelambres a fines de agosto. En medio de ese delicado escenario, el fiscal de Estado de la provincia de San Juan, Argentina, Guillermo de Sanctis, conversa por primera vez con un medio chileno sobre este juicio, en el que se hizo parte para defender los intereses colectivos de la provincia, y analiza el plan que presentó la compañía local.

¿Qué los llevó a hacerse parte del juicio?

A fines de julio, el juez del caso, Miguel Gálvez, citó a una audiencia de conciliación entre las partes. Ahí, decidimos que si bien seguía y sigue siendo un conflicto entre particulares, había derechos colectivos como el medioambiental y el territorial que debíamos resguardar como Estado.

¿Qué exigieron como Estado, cuando ingresaron al caso?

Dado que el tema de fondo -el retiro de escombros por parte de Los Pelambres, como exige Glencore- lo resolverá el juez y podría demorarse varios años, queremos resolver lo urgente. Que la firma chilena haga un cierre ambiental del botadero para evitar daños.

La firma ya presentó ese plan a fines de agosto. ¿En qué consiste?

Presentaron un plan de trabajo de tipo conceptual al juez, al Ministerio de Minería y a nosotros. Este plan, que ha sido elaborado por la consultora canadiense Hatch, pretende suavizar los taludes del botadero a un determinado ángulo para evitar su desmoronamiento, compactar la superficie superior y poner capas de material chancado. Arriba de esa capa instalará una malla de nylon para evitar la filtración al suelo. Es decir, el cerro quedará cubierto de nylon. Encima de esto proponen dos capas de material chancado y compactado.

En el perímetro de la escombrera se instalará una red de drenaje de canal donde se depositarán las aguas que escurran producto de la lluvia y del deshielo, las que serán conducidas según su desnivel hacia Argentina o Chile, con una estación de tratamiento de aguas.

¿Cómo lo evalúan?

En mi condición de abogado, y no de especialista en el tema, a priori, nos parece un plan de cierre ambiental del botadero bastante razonable, completo y suficiente. Sin embargo, está sujeto a la ingeniería de detalle que vaya presentando la compañía y a todas las observaciones que le haremos en base a las indicaciones que nos hagan los técnicos. Y estamos pidiendo que nos presenten rápidamente la ingeniería de detalle, la cual debería estar totalmente entregada a inicios de octubre.

¿Qué pasos vienen después?

Si el juez, el Ministerio de Minería y nosotros aprobamos el plan -lo que ocurriría entre octubre y noviembre-, los trabajos del cierre ambiental comenzarían antes de fin de año. Por ello, en forma paralela, estamos gestionando los permisos correspondientes para que la compañía pueda entrar con su personal y maquinaria a territorio argentino. De todos modos, si esos permisos están listos antes de la aprobación del plan, Los Pelambres podría empezar a retirar los cerca de 500 neumáticos de camiones mineros que depositó en terrenos de Pachón.

¿Cuánto lleva efectuar el plan?

Según la empresa, demoraría entre 10 a 12 meses. En este sentido, debo destacar que como Estado, vamos a monitorear que el plan se haga de acuerdo a los más altos estándares internacionales.