Después de ser rechazado por la Legislatura mendocina a mediados de 2011, los empresarios que impulsaron el proyecto minero San Jorge rápidamente lanzaron un plan B: transportar la roca y producir el mineral (cobre) en San Juan, donde sin las restricciones de la Ley 7722 podrían utilizarse los químicos necesarios. Sin embargo, la propuesta está en stand by, aunque una de las partes se manifestó a favor de esta iniciativa.
En ese sentido, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue contundente al decir que "si cumplen no veo problemas". En diálogo con Tormenta de ideas (MDZ Radio), señaló que "hemos conversado un par de veces" con los representantes del consorcio ruso a cargo del proyecto, y agregó: "Tendrán que cumplir con ciertas normas, pero si lo hacen no veo problemas"
A fines del año pasado, el grupo ruso Aterra abrió sus oficinas en Mendoza con la idea de avanzar en la presentación de la declaración de impacto ambiental (DIA) en la Legislatura. Además, meses atrás compraron la totalidad del emprendimiento. De todos modos, el proyecto de encuentra frenado, mientras aguardan la resolución de la Corte sobre la 7722.
Fuentes mineras indicaron que, si bien el proyecto biprovincial es técnicamente viable, la eventual declaración de inconstitucionalidad de la 7722 habilitaría a la empresa a completarlo íntegramente en Mendoza, lo que implicaría un ahorro de recursos millonarios.
Sin embargo, Gioja aún se refiere a la posibilidad de que ambas provincias formen parte y niega que se presenten inconvenientes incluso a la hora de definir la mano de obra. "No habría problemas porque la extracción es en Mendoza y la industrialización acá (San Juan). Cada uno tendrá su mano de obra", manifestó.
El plazo para que se expidiera el procurador de la Corte, Rodolfo González,primero en opinar sobre si la ley 7722 que regula la minería en Mendoza es o no constitucional, vencía ayer. Pero habrá que esperar para conocer su dictamen. Es que la Corte le hizo llegar sólo uno de los 12 expedientes unificados de las compañías detrás del mismo planteo, lo que para Gonzálezes insuficiente para pronunciarse en general sobre la cuestión.
Así se expidió González con fecha 10 de setiembre. Ahora, si el resto de los 24 cuerpos de la voluminosa causa que fueron acumulándose desde 2007 llegan a la Procuración la semana próxima, al funcionario le correrán otros 5 días hábiles de plazo para dar su opinión definitiva.
El Expediente 90.589 “Minera del Oeste SRL. y otros c/ Gobierno de la Provincia s/Acción de Inconstitucionalidad” es el único que en los últimos días llegó al despacho de la Procuración para ser analizado. Y disparó el pedido para que los ministros de la Corte le corrieran vista del resto, al considerar que expresarse sólo en base a una demanda sería “prematuro”.
Ayer, desde la Coordinación de la Procuración se estimaba que las otras 11 causas llegarán a manos de González entre el lunes 14 y martes 15 de setiembre. De ser así, su opinión recién saldrá a fines de setiembre, con lo cual el dictamen definitivo de la Corte empezaría su recta final pero no se conocería antes de noviembre.
El tire y afloje empezó a darse durante los últimos días de agosto, a partir del pedido de la Procuración a los ministros para que reconsideraran la votación con resultado negativo respecto a realizar una nueva audiencia pública en torno a la ley 7722. Días después, el Tribunal terminó por confirmar el no.
A partir de allí, la pelota pasó al campo del Procurador, a cuya opinión deberán sucederle la de cada una de las Salas del máximo Tribunal. Con ese propósito, los ministros dispondrán, individualmente, de poco más de una semana para emitir su parecer respecto al fondo de la causa.
Ayer, mientras continuaba el “acampa” de las entidades ambientalistas en la explanada del Poder Judicial y los bombos que sonaban, en la lista de expedientes en tránsito dentro del Poder Judicial ya figuraban los 11 restantes de la causa contra la ley 7722.
