Los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República realizaron ayer en Tacna su primera sesión descentralizada. Abordaron las denuncias sobre una presunta administración irregular del Fondo de Desarrollo para Tacna, que asciende a 90 millones de soles.
En febrero de este año, el gobernador regional, Omar Jiménez, firmó un convenio con Southern Perú para crear el referido fondo con aportes voluntarios de la minera. Según el convenio, el dinero se iba a destinar a obras de importancia.
Hoy los siete consejeros regionales reclaman que por ley es función suya priorizar los proyectos que se ejecutan con esos dineros. Además sostienen que cada proyecto concluido debe entregarse a la Región en calidad de donativo. Para ello se necesita la aprobación de la mayoría del pleno. Nada de ello ha ocurrido.
El presidente de la comisión, Gustavo Rondón, lideró la sesión a la cual asistieron los parlamentarios por Tacna, Juan Pari y Natalie Condori. Además participó la congresista Ana Jara. El evento se hizo en el auditorio central de la Universidad Nacional Jorge Basadre.
El consejero Jaime Bautista, en representación de sus colegas, expuso las demandas ante la comisión. Advirtió que el Ejecutivo de la Región dispone del fondo a su libre albedrío, sin informar al Consejo.
A su turno, la gerenta general encargada del gobierno regional, Sheillah Miñano, defendió la administración del fondo. Reconoció que los donativos dinerarios requieren de la aprobación del pleno, sin embargo, argumentó que la Región no maneja el dinero del fondo. Señaló que solo presentan los proyectos a Southern y este los ejecuta a través de empresas terceras.
El gerente de Control de Inversiones de la Contraloría, Paco Toledo, advirtió que el caso del Fondo de Tacna es poco usual y que aún su institución analiza la información recabada de la Región, sin embargo adelantó que si Southern desea recibir un certificado por donativos del fondo, para así deducir sus impuestos, necesita de la aprobación del pleno del Consejo. Toledo detalló que a la fecha están en plena ejecución 12 de los 90 millones.
"Así se haga con dineros privados, una obra pública no puede estar exenta de la fiscalización", dijo Ana Jara.
Rondón anunció que la comisión realizará una investigación preliminar del caso. De hallar indicios de irregularidades, se abrirá una investigación de oficio. Todo esto podría tardar hasta tres meses.
