La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución que establece nueve principios básicos para guiar la reestructuración de deudas soberanas, una iniciativa impulsada por la Argentina a raíz de la pelea con los fondos buitre.
La resolución, el resultado de más de un año de trabajo diplomático, dejó al descubierto una división global en el manejo de las finanzas internacionales: contó con el respaldo del mundo emergente y el rechazo de la amplia mayoría de naciones desarrolladas.
El texto, presentado por Sudáfrica en nombre del G-77 y China, fue aprobado por 136 votos a favor, seis en contra -Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Canadá y Japón, cinco de los siete miembros del G-7, e Israel- y 41 abstenciones. Grecia, sumida en una profunda crisis financiera, se sumó en las abstenciones del resto de Europa y otros países desarrollados como Corea del Sur, Australia o Nueva Zelanda. América latina dejó otras dos abstenciones: México y Colombia.
"Esto es obra de lo que nos pasó a los argentinos", dijo anoche la presidenta Cristina Kirchner por cadena nacional, horas después de la votación. El ministro de Economía, Axel Kicillof, también apareció ante las cámaras, parado delante de la ONU. "Es un paso fundamental para que consigamos un mundo mejor, un mundo libre de buitres", había dicho antes en la sala de la Asamblea General, donde se hizo la votación.
Varios países emergentes, como Bolivia o la India, y naciones desarrolladas como Islandia o Singapur le dieron la bienvenida a la iniciativa. Algunos, incluso, hablaron de una decisión histórica. Nada indica que el texto alterará las reglas de juego en el mundo de las finanzas. En el lenguaje diplomático de las Naciones Unidas es una declaración de alta envergadura política "sin dientes". Un "punto de referencia ineludible", definió el embajador de Bolivia, Sacha Llorenti.
Los países en contra de la propuesta argentina querían llevar la discusión a otros, como el Fondo Monetario Internacional, donde tienen mayor injerencia.
La resolución "declara" que las reestructuraciones de deuda "deberían estar guiadas" por nueve principios e "invita" a los 193 Estados que componen Naciones Unidas, además de a los Estados observadores, a "respaldar y promover" esos principios.
Paradójicamente, el quinto principio en la lista es el de "tratamiento equitativo" hacia los acreedores. Es el mismo principio plasmado en la ya famosa cláusula pari passu del prospecto de la deuda, del que se valieron los fondos buitre, liderados por NML, para acorralar a la Argentina en el tribunal del juez Thomas Griesa.
Hay otros tres principios que sobresalen: el de "legitimidad", que establece que los "términos y las condiciones de los contratos originales deben ser válidos" hasta sean modificados por un acuerdo de reestructuración, y es, en rigor, un reconocimiento a la deuda de los holdouts; el de "sustentabilidad", uno de los argumentos centrales de la Casa Rosada en contra del reclamo de los acreedores del país, y el de "mayoría", que llama a "respetar la decisión de la mayoría de los acreedores". Es otro de los mensajes centrales del Gobierno: la voluntad de los holdouts, el 7% de los acreedores, no puede ir en contra de los intereses del 93% que canjeó sus títulos.
Además, la resolución de la ONU llama a respetar el derecho de un Estado a diseñar su política económica; tener "buena fe", tanto del Estado como de sus acreedores; transparencia; imparcialidad, para impedir conflictos de interés, e "inmunidad soberana", un concepto en el que ha descansado gran parte de la defensa de la Argentina en los tribunales de Estados Unidos, y con la cual el país ha eludido embargos.
Se había dicho que España había votado a favor de la resolución sobre reestructuración de deudas soberanas, lo que quedó plasmado en la cuenta final de 136, según el recuento oficial. Pero luego se aclaró que se trataba de un error y que el voto fue "abstención", al igual que el resto de Europa. El encargado de la confirmación fue el embajador de España en la asamblea.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó este jueves con 136 votos positivos, 41 en contra y 6 abstenciones, la resolución que limita el accionar de los fondos buitre a través de una serie de nueve principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana.
La resolución fue tomada por mayoría simple de votos, tras una discusión que se extendió por espacio de seis meses y que fue impulsada inicialmente por Argentina y el G77 más China.
Una vez conocido el resultado positivo expuesto en dos grandes pantallas ubicadas a los costados del estrado central de la Asamblea General, comenzaron los aplausos generalizados y los saludos de los funcionarios que se acercaron a felicitar a la delegación argentina, encabezada por el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof.
También estuvieron presentes en el gran salón de la ONU, la embajadora en Estados Unidos, Cecilia Nahón; y la representante ante el organismo multilateral, María Cristina Perceval.
Momentos antes de llevarse adelante la votación que requería de una mayoría simple, el embajador de Sudáfrica, Kingsley Mamabolo, presidente actual del Grupo de los 77 más China, presentó el proyecto de resolución y felicitó a su par boliviano, Sacha Llorenti, por su "liderazgo y conducción" al frente del Comité Especial que elaboró el documento, así como a la oficina de la UNCTAD.
Los principios básicos sobre procesos de reestructuración de deuda "añaden una base y un resultado para futuros debates para esta cuestión", afirmó Mamabolo pocos minutos antes de que los países concretaran la votación.
Los nueve principios que contiene la resolución son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la mayoría.
Esta semana, la propuesta recibió el respaldo de 19 economistas internacionales que pidieron a los países europeos que la apoyen, entre los que figuran Thomas Piketty (Paris School of Economics), autor del libro "El capital en el siglo XXI"; el exministro griego Varoufakis Yanis; Galbraith James(Universidad de Texas), Flassbeck Heiner (exjefe de la UNCTAD) y Guzmán Martín (Universidad de Columbia), entre otros.
Los economistas destacaron que la "observancia de tales principios habrían evitado los escollos de la crisis griega, en la que los representantes políticos cedieron a las demandas de los acreedores a pesar de su falta de sentido económico y su impacto social desastroso".
