Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, tiene un ojo puesto en la cotización del petróleo y otro en el plan estratégico que la compañía está elaborando para hacer frente, precisamente, al hundimiento del crudo. Además de incluir un severo programa de ahorro de gastos de unos 1.200 millones de euros, el primer ejecutivo de la petrolera española está sopesando la venta del negocio de butano, valorado en unos 1.000 millones de euros.
Fuentes internas de la compañía han reconocido que desprenderse de esta división, incluida dentro de su área de downstream, es una de las opciones que se están barajando para incrementar el plan de desinversiones por el cual Repsol pretendía traspasar activos por unos 1.000 millones. La venta de la filial de butano supondría dos cosas. La primera es que se duplicaría el programa de venta de activos respecto a lo prometido hace un año cuando el grupo anunció la compra de Talisman por 10.400 millones.
La segunda es que estos ingresos le permitirían afrontar con comodidad cualquier amenaza de las agencias de rating para rebajarle calificación financiera para una compañía que lleva varios años haciendo esfuerzos para mantener un nivel de solvencia adecuado. De hecho, la expropiación de YPF le obligó ya a vender su negocio de gas licuado o GNL por unos 4.000 millones a Shell para no perder lo que se denomina investment grade. A mejor rating, menos intereses paga cuando emite bonos o pide créditos, y vicecersa.
Las mismas fuentes matizan que Imaz todavía no ha tomado una decisión definitiva, si bien reconocen que es una de las alternativas con más probabilidades puesto que lo que está totalmente descartado a día de hoy es vender la participación de Gas Natural. Repsol es dueña de un 30% de la empresa gasística, por lo que en el mercado se ha barajado en varias ocasiones que desprenderse de un parte de este paquete sería suficiente para coger oxígeno si el desplome del petróleo continúa. Pero desde la compañía se asegura que esta “opcionabilidad”, como la han calificado en varias ocasiones, no está en la mente del consejero delegado para incluirla en el nuevo plan estratégico 2016-2020.
A Imaz le preocupa la deriva del precio del crudo, que ha vuelto a caer por debajo de los 50 dólares el barril. Un desplome del que se ha contagiado lacotizacion de Repsol, que se cambia cerca de los niveles a los que cayó cuando Argentina le requisó los campos de Vaca Muerta, a principios de 2012. Una caída en picado que se ha trasladado por efecto dominó a las acciones de Caixabank, dueña del 10%, y a Sacyr, propietaria del 8,8%.
El butano, energía tradicional de los hogares de España durante muchos años, ha ido en claro retroceso por la expansión del gas en las ciudades. Un negocio que, además, sufre las variaciones de las tarifas impuestas por el Ministerio de Industria, que ante la fulgurante subida del precio de la electricidad, ha aprobado continuas bajadas del precio de la bombona para hacer un guiño a los consumidores. Entre marzo y mayo aprobó dos reducciones de la tarifa del 20%.
Repsol ha mostrado sus quejas al Gobierno por la fórmula actual de fijación de precios, según la cual Industria mantiene el precio regulado para aquella empresa que es dominante en un mercado, mientras que para el resto está liberalizado. Por ejemplo, Repsol tiene la tarifa regulada en toda la Península y, por el contrario, Cepsa, su principal competidor, puede poner el precio que decida a su bombona porque su cuota es muy baja en dicho territorio.
De momento, la petrolera dirigida por Imaz y Antonio Brufau ha presentado un recurso contra la bajada del precio del pasado mes de marzo. Ya en 2014 ledobló la mano en los tribunales a Soria, que tuvo que compensar a la petrolera con 63,9 millones de euros, el importe que Repsol considera que perdía por llevar el butano a las casas a la tarifa impuesta por Industria.
