“…Me siento inclinado a creerle cuando habla de lo que sabe;

y dejo de creerle cuando se pone a hablar de lo que yo sé.”

Czeslaw Milosz

Nunca me habría atrevido a escribirle a un Premio Nobel, pero las palabras de Milosz me retumbaban en la cabeza cuando leí su carta en defensa de la Ley Mendocina 7,722 (o anti-minera) y atacando al más antiguo de todos los oficios en la historia del hombre. Como argentino, egresado de nuestra educación pública, mendocino por adopción y con 20 años trabajando en pos de una minería argentina moderna; no tenía más remedio que tomar coraje y hacerlo. Su desconocimiento sobre minería en general, Mendoza y la realidad local en particular, me dejó sin palabras.

Ya no se trataba de un discurso universitario revolucionario en contra de las transnacionales, sino de un luchador social reconocido en todo el mundo defendiendo un modelo de provincia conservadora que dictó una Ley sin fundamentos en pos de evitar el desarrollo industrial local. Y lo de sin fundamento es literal, pues es una Ley que carece de fundamentos escritos (aunque imagino que fundamentos para sus autores habría y muchos, pero no los pudieron poner por escrito). Ley que poco tiene que ver con el cuidado de la Madre Tierra para evitar su propio suicido, como usted lo describe, pues está escrita porque aquellos que desde hace décadas secan estas tierras derrochando el agua, explotando gente y vaciando las arcas provinciales. Los mismos que han manejado por siempre esta provincia desde el Poder Económico y el control del Estado.

Mendoza creó una Ley pionera para el manejo del agua allá por fines del siglo XIX, lo que ayudó a que esta provincia creciera como ninguna otra en la primera mitad del siglo XX. Pero esta Ley además de pionera era “burguesa”, pues concedía a los dueños de las tierras el control del agua. Con esta Ley pasaron a ser los dueños del agua, lo que no es poco en el desierto. Tanto es así, que al Director del Departamento de Irrigación, elegido únicamente por los regantes, se lo conoce como el Segundo Gobernador.

De este modo las familias mendocinas pasaron a controlar el desarrollo local evitando en todo momento el desarrollo industrial y favoreciendo al sector agrícola-vitivinícola transfiriendo recursos provinciales al sector privado. Así lo explicó, allá por 2007, un Senador Provincial cuando en un momento de sinceramiento dijo: “Mendoza Sin Petróleo Es Inviable” (en referencia a la transferencia de recursos del petróleo para subsidiar la vitivinicultura).

Según el mismo Departamento de Irrigación, ente autárquico controlado por los regantes y administrador del agua; el derroche de agua y la contaminación por “prácticas locales” actuales junto al cambio climática son las causales de la mayor crisis hídrica en la historia local (es claro que hablan de prácticas locales y no riego para evitar ir en contra de las bases, pero más del 90% del agua extraída es para riego). Seis de cada diez litros de agua que se sacan de sus ríos se pierden en un sistema de regadío arcaico por la falta de inversión en más de medio siglo. La provincia de Mendoza, pese a contar con la mayor superficie regada en el país, es la provincia con menor tecnificación de riego (riego por goteo o aspersión) y solo 11% de sus canales están impermeabilizados.

El riego en manto aún ocupa un lugar preponderante en las fincas mendocinas, lo cual no solo significa un derroche de agua, sino que también representa un contaminante de suelos y acuíferos por salinización. El derecho de agua se paga por hectárea y no por litro, representando menos del 1% del costo de un vino fabricado en este desierto y consumido en el hemisferio norte. El consumo humano supera el doble al consumo de agua estipulado por Naciones Unidas. La mayoría de los jardines mendocinos se riegan con agua potable porque el agua de riego se guarda para los dueños del agua. El mismo Departamento de Irrigación señala la contaminación de acuíferos por más de 7.900 pozos de agua abandonados y la falta de cloacas en muchas regiones de la provincia. Controles de campo recientes denuncian que la mayoría de las industrias vitivinícolas no cuenta con plantas de tratamiento de aguas y generan contaminación.

Esa misma burguesía, apoyada o incentivada por algunas empresas transnacionales vitivinícolas ó aquellas que nos venden nuestra misma agua pero en botellas, es la que odia a la minería moderna, y no al contrario. Es la burguesía que se apoya en la explotación obrera pagando salarios bajos (el salario promedio mendocino es 30% menor a la media nacional) y reclamando a un Estado “tonto” el subsidio constante. Tampoco podemos olvidar la explotación infantil y esclava denunciada año tras año, principalmente en la cosecha de ajo, aunque no exclusivamente.

Es inaceptable ver cada verano en la terminal de San Carlos, capital de la anti-minería mendocina, la llegada de trabajadores golondrina cual navíos negreros para ser rematados al mejor postor bajo un cartel que dice “Sí a la Vida, No a la Minería Contaminante”. Práctica de explotación humana que no solo ocurre en esta provincia. Tal como lo denuncia el investigador Carlos Reboratti en su trabajo sobre los inmigrantes invisibles, mas de 100,000 trabajadores de bajos recursos migran cada año desde la cosecha de azúcar a la de tabaco, para pasar a la de tomate y cebolla y por último a la recolección de uvas en Mendoza. Nunca vi manifestación alguna de sus luchadores “socioambientales” para denunciar la explotación obrera e infantil en las fincas sancarlinas. Pero si vi leyes anti-mineras en tres de las cuatro regiones denunciadas por Reboratti. Tampoco vi a esos luchadores del agua actuar contra el avance del desierto en General Lavalle y Santa Isabel, La Pampa; producto de la sobreexplotación del recurso hídrico en los oasis norte y sur, respectivamente.

Desde mucho antes que la Ley 7.722 saliera, existen en Mendoza más de 20 leyes, resoluciones u ordenanzas que controlaran la contaminación del agua. Al menos cuatro Entes o Autoridades de Aplicación están  encargados de controlar el agua, siendo obviamente el Departamento de Irrigación el principal tutor. O sea, que los regantes (o los dueños del agua) son los principales encargados de controlar la contaminación minera, como así también de cualquier otra industria o actividad. Entonces solo puede explicarse esta Ley como una herramienta para anular una industria que pone en riesgo el modelo local. Y para asegurarlo, se incluyó un Artículo donde cualquier movimiento que la industria minera quisiera hacer precisa de una aprobación legislativa. Ni siquiera un Gobernador electo por el pueblo puede ir contra ese Artículo.

Estimado Señor Perez Esquivel, toda la información que aquí expongo está sustentada en información obtenida a lo largo de los años. Vivo en esta provincia, y creo en el potencial que esta provincia tiene, pero no en los hombres que la han llevado a quebrarla social y económicamente como lo está hoy. Mi interés, como el suyo, es el de un mundo mejor. Aunque es claro, tenemos diferencias de cómo llegar.

Lo saluda atte.,

Guillermo Pensado

Geólogo