El gobierno encabezado por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, envió ayer al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el año que viene que prevé un déficit fiscal equivalente al 0,5% del producto bruto interno (PBI) y un crecimiento económico del 0,2 %, según fuentes oficiales.

El proyecto fue entregado por los ministros de Hacienda, Joaquim Levy, y Planificación, Nelson Barbosa, y se trata de la primera vez que el gobierno admite en un cálculo de esa naturaleza que no podrá recaudar el dinero necesario para financiar el gasto público, ante las dificultades económicas que atraviesa el país.

El líder del oficialismo en el Senado brasileño, Delcidio Amaral, explicó que el gobierno optó por asumir, al menos en forma preliminar, que no podrá cubrir sus gastos del año que viene ni podrá ahorrar para pagar los intereses de la deuda pública.

La principal razón para tal decisión, según Amaral, es que no prosperó la iniciativa, lanzada la semana pasada, de reactivar un impuesto a los cheques (CPMF) que había sido suspendido en 2007.

“Si no se encuentra otra solución, la salida es un presupuesto con déficit y después negociar entre el Congreso y el Ejecutivo”, afirmó Amaral.

El déficit fiscal primario previsto para el año próximo es de u$s8.472 millones, una suma que el gobierno buscaba compensar con la creación del impuesto al cheque, que luego de unas negociaciones con los partidos de la coalición oficialista fue finalmente descartado por la presidenta Rousseff.

El proyecto presentado a las Cámaras también prevé para 2016 un crecimiento económico del 0,2%, que va en contra de los pronósticos de los analistas del sector privado, que esperan para el año próximo una contracción del 0,40%, según una encuesta divulgada ayer por el Banco Central.

El documento también calcula para 2016 una inflación del 5,4%, cercana al 5,51% que prevé el mercado financiero.
La economía brasileña atraviesa profundas turbulencias y el gobierno admite que este año se encogerá un 1,49%, aunque expertos del sector privado elevan a un 2,26% esa tasa.

Luego de entregar el proyecto de presupuesto al Parlamento, el ministro Barbosa explicó que el gobierno apuesta a que en 2016 aumentará el ritmo de las exportaciones y que el país podrá atraer un mayor volumen de inversión extranjera, lo que fundamenta su expectativa en relación con una ligera recuperación del crecimiento el año próximo.

Según datos oficiales, la economía brasileña ya entró en una recesión técnica, ya que en el segundo trimestre de este año se achicó un 1,9%, que siguió a la contracción del 0,7% registrada en los tres primeros meses.

Barbosa también afirmó que el gobierno mantendrá intocables los programas sociales mediante los cuales subsidia a unas 50 millones de personas y que también continuarán los planes de construcción de viviendas populares y otros dirigidos a auxiliar a los más necesitados.

Asimismo, subrayó que en el proyecto presentado al Congreso se propone un aumento del salario mínimo, que pasaría de los actuales 788 reales (219 dólares) a 865,5 reales (240 dólares) en 2016.

El senador Romero Jucá, que integra el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –principal aliado del gobierno en el Congreso– evaluó como positivo que el gobierno proponga un presupuesto realista.
“El gobierno debe enviar un presupuesto real, reconociendo los problemas fiscales del sector público”, afirmó.

Temer pidió una alianza nacional frente a la crisis

El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, pidió a empresarios una “alianza nacional”, apoyada en la “solidez institucional” con la que todavía cuenta el país, para enfrentar la actual crisis política y la delicada situación económica.

“La crisis es grave y necesitamos reunificar el país”, abogó Temer durante un seminario promovido por la revista Exame en San Pablo, inaugurardo en esta edición por el juez federal Sergio Moro, el responsable del proceso judicial por el caso Petrobras.

Respecto al presupuesto para 2016 presentado por el gobierno, Temer consideró que la situación es  “extremadamente preocupante”, pero consideró acertada la decisión del gobierno de garantizar “la transparencia absoluta de las cuestiones presupuestarias.”