De un lado, la biblioteca. Del otro, una pared laminada de diplomas y sobre su escritorio la Virgen de Nuestra Señora del Valle. En su despacho, Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Tucumán, considera “crítico” el escenario en esta provincia por las denuncias de fraude y las movilizaciones luego de las elecciones del domingo y sostiene que la Junta Electoral y el Poder Ejecutivo deberían llamar a un nuevo comicio para gobernador y el resto de los cargos junto a las nacionales del 25 de octubre. “El rol de la Junta Electoral es muy cuestionable. Si a eso se le suma la cantidad de delitos electorales federales y provinciales que se vienen denunciando, y el reclamo de los ciudadanos que se han manifestado en la plaza y que todavía perdura, estamos en una situación muy complicada”, dice el fiscal con una historia de disputas con el oficialismo: fue apartado de las causas por la desaparición del soldado Alberto Ledo –que involucra al ex jefe del Ejército, César Milani- y el presunto enriquecimiento ilícito de Juan Manzur.

-¿Qué elementos llegaron a la Justicia para considerar que hubo fraude el domingo?
-La cuestión del fraude electoral no está previsto en el Código como un delito. Lo que sí están previstos son distintos delitos que deben ser investigados y hay que verificar si hubo un plan para vulnerar la voluntad de los electores. El rol de la Junta Electoral es muy cuestionable.

-¿Por qué?
- Hay un cargo vacante y todas las decisiones fueron tomadas con dos de sus integrantes. Todo el acto electoral tuvo una afectación muy seria. En segundo lugar, uno de los integrantes es un fiscal provincial (Ana María Paz) y la Constitución dice que tiene que ser el Procurador General, que tenía familiares candidatos y ha designado un subrogante, sin sorteo. En tercer lugar el presidente de la Junta, el doctor Gandur, hizo declaraciones antes de iniciar el escrutinio definitivo descartando que haya habido fraude. Cualquier abogado sabe que cuando un magistrado anticipa un criterio antes de su sentencia es posible recusarlo. En ese caso nos quedamos con una Junta Electoral acéfala.

-¿Qué denuncias se presentaron hasta el momento?
-En sede federal tenemos dos líneas de investigación que estamos llevando a cabo, una por jueces de paz que no han entregado documentos a ciudadanos sino a dirigentes políticos y otra por adulteramiento de padrones electorales. Otras en sede provincial y hasta aquí ningún partido político pidió la nulidad de esta elección por fraude.

-Cano anunció un pedido de nulidad para la categoría de gobernador.
-¿Alguien puede declarar un fraude electoral para la categoría de gobernador y decir que el resto de los votos son válidos? Acá ningún partido planteó la nulidad absoluta por el fraude que hemos presenciado. Si a nadie se le ocurre recusar al presidente de la Corte por anticipar un criterio ni plantear la integración de la Junta Electoral como corresponde, vamos a terminar con la proclamación de los candidatos actuales y aquí no pasó nada. La palabra la tienen los partidos políticos.

-Más allá de eso el domingo hubo clientelismo descarado, violencia, irregularidades. ¿Por qué la Justicia no actúa de oficio?
-Hemos naturalizado la corrupción a tal extremo que la Justicia provincial decidió que comprar el voto con la entrega de un bolsón que no es delito, a partir de una sentencia. Por eso el ciudadano desconfía mucho. No lo entiende. Si queremos que estas denuncias de fraude electoral lleguen a juicio y haya condenas, es imprescindible que la sociedad se mantenga movilizada. Ha habido una gran explosión de indignación pero en poco tiempo puede desinflarse y las causas terminar archivadas.

-¿Hay alguna posibilidad de que se anule la elección?
-Yo creo que se puede declarar la nulidad del acto electoral, llamar a una nueva elección y sumarla a la elección nacional de octubre. ¿Por qué no? No significa mayores gastos para los partidos, el gasto propagandístico es más o menos el mismo, hay un gasto de traslado que puede ser acoplado a la Justicia Electoral nacional.

-¿Qué garantizaría que no vuelva a pasar algo similar?
-En Tucumán no se puede dar garantías de nada, porque la impunidad en materia de administración de Justicia es una de las mayores características. Si analizamos las estadísticas ingresan aproximadamente 60 mil casos por año, y la cantidad de juicios orales con personas condenadas no supera el 10%. Pero me parece que vale la pena intentarlo, porque la situación actual es crítica.

-¿Hasta qué punto el Poder Ejecutivo controla la Justicia en esta provincia?
-No puedo decir que tengamos un Poder Judicial independiente. Hay muchos motivos para decir que no. Tenemos magistrados de modo aislado que son independientes.