El juicio iniciado el 8 de abril por un fondo buitre (Burford Capital) contra YPF y la Argentina por la estatización de la petrolera, quedó en manos del juez estadounidense Thomas Griesa quien falló a favor de los holdouts en 2012 por un monto original de u$s 1330 millones más intereses. El 6 de agosto, a través de una orden, a la que accedió El Cronista, se conoció que el magistrado rechazó el pedido que tres días antes el país realizó por medio de una carta, en la que solicitaba que el juicio "sea regresado a la Secretaría para la elección aleatoria de otro juez que presidiera el litigio".
A partir de la negativa de Griesa empezaron a correr los tiempos del proceso judicial. La Argentina tiene hasta el 8 de septiembre para contestar la demanda. El lunes, el país presentó una nueva carta (a la que también tuvo acceso este diario) por la que requiere que el escrito para desestimar los cargos sea más largo. "El 8 de septiembre de 2015 tenemos la intención de presentar una moción para desestimar. Respetuosamente pedimos permiso a la Corte para presentar un escrito de hasta 35 páginas, es decir, un máximo de diez páginas más que el límite de 25 páginas que establecen las reglas". Los abogados del estudio Akerman, que representan al gobierno argentino, argumentaron que tienen "al menos cinco motivos diferentes" para rechazar la demanda.
Burford Capital, un experimentado fondo de inversión que compra deudas para litigar, inició la acción judicial contra YPF y la Argentina el 8 de abril. Las acciones legales fueron presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por dos empresas españolas compradas por Burford Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que pertenecían al Grupo Petersen de la familia Eskenazi y que eran las tenedoras de 25% de las acciones de YPF.
El fondo reclama por una supuesta "conducta ilícita" de la estatizada petrolera y del país y exige una "compensación justa y adecuada", alegando que durante el proceso de expropiación del 51% de la compañía por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en mayo de 2012, se violaron las leyes que regulan la oferta pública en los Estados Unidos, ya que YPF cotiza en Nueva York.
Según había trascendido en medios extranjeros, la demanda tendría un valor de alrededor de u$s 3500 millones, monto aproximado por la que las empresas Petersen habían adquirido el 25% de la petrolera que conduce Miguel Galuccio.
