Neuquén
La Unión Europea amenaza con aplicar nuevos castigos a Rusia, por considerarla responsable de la escalada del conflicto en Ucrania. Si ello sucede, se caerá el financiamiento de la represa Chihuido I.
El Parlamento Europeo planea perjudicar a la economía rusa mediante sanciones a sus bancos y con la exclusión del país del sistema internacional de pagos SWIFT, que permite realizar transferencias internacionales.
“Los quieren aislar. Si se aplican nuevas sanciones se caerán en el mediano plazo todos los acuerdos internacionales”, indicó a LM Neuquén una fuente cercana a las negociaciones bilaterales entre Argentina y Rusia.
La semana pasada, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Ryszard Czarnecki, indicó que si se agrava el conflicto militar en el este de Ucrania se aplicará “la exclusión de Rusia del sistema internacional SWIFT”, a la vez que aseguró que “no hay razón para levantar las sanciones” que rigen hoy.
Mientras tanto, Rusia está desarrollando un sistema de pagos alternativo junto con los países integrantes de BRICS (Brasil, Rusia, La India, China y Sudáfrica), en busca de “desdolarizar” las transacciones internacionales, pero aún no hay definiciones.
Quien avanzó en ese sentido es China, que tiene listo el CIPS para transacciones transfronterizas en yuanes que se pondría en marcha en octubre.
Fecha límite
Argentina puso el 30 de septiembre como fecha límite para la concreción del financiamiento de Chihuido que debe aportar el Banco para el Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores de Rusia. Esa entidad financiaría el 85 por ciento de los 2000 millones de dólares que demandará la obra.
Si para fines del mes próximo no está cerrada la operación, se abrirá la puerta a China, país que presentó la segunda oferta en la licitación de la represa.
El consorcio adjudicatario, integrado por Helport (Grupo Eurnekian)-Chediack, Panedile, Eleprint, Hidroeléctrica Ameghino, Inter Rao e Isolux, ya entregó todos los papeles que exigía el banco (la certificación del plan de negocios y del proyecto ejecutivo que hizo KPMG y la verificación sobre el impacto ambiental a cargo de consultores independientes).
La entidad rusa y el Ministerio de Economía de la Nación ultiman los detalles del contrato de financiamiento. Los técnicos moscovitas pretenden cambiar la moneda del crédito y pasar a rublos el financiamiento que está pactado en dólares.
La idea no fue bien recibida por los funcionarios argentinos, pero no es un tema central, lo más preocupante es la amenaza de las nuevas sanciones que aplicaría Europa a Rusia a partir de octubre. Sin embargo, Alemania, la locomotora de la economía europea, es partidaria de apostar a la diplomacia para no poner en peligro la estabilidad en la región .
La complicada negociación por la asistencia crediticia rusa para la central hidroeléctrica Chihuido se topó en los últimos días con un inesperado escollo que podría implicar un nuevo retraso en el inicio de las obras.
En las reuniones que vienen llevando adelante por la letra chica del “convenio de financiamiento”, los técnicos rusos del estatal Banco de Desarrollo y Comercio Exterior (VNESHECONOMBANAK) manifestaron su intención de cambiar la moneda del crédito comprometido para la represa neuquina.
Ante los funcionarios que responden a Axel Kicillof, los representantes del banco moscovita pusieron sobre el tapete la posibilidad de pasar a rublos el millonario financiamiento que está pactado en dólares.
Lo que está en juego es una línea de crédito que cubre el 85% del costo de la central Chihuido “hasta un monto límite de US$ 2.600 millones”. El plazo total del financiamiento se estira a 20 años, con 66 meses de gracia y una devolución en pagos semestrales que comenzará a correr después de terminada la obra.
La movida de los rusos apunta a sacar ventajas de la devaluación superior al 40% que registró su moneda en los últimos 12 meses. Con la depreciación del rublo, los precios internos de los equipos que deben suministrar los proveedores rusos al proyecto Chihuido han ganado competitividad y resultan más baratos dólares.
Si bien ya rechazaron la jugada de los rusos, los funcionarios de Kicillof no descartan que ahora aparezcan otros condicionamientos que terminen demorando el desembolso de los fondos.
Inicialmente se había previsto que el “convenio de financiamiento” iba a estar firmado antes de las PASO para arrancar con las obras en setiembre.
Pero, por demoras administrativas locales y exigencias adicionales que impuso el banco, ahora la nueva fecha límite que fijaron las partes para suscribir el acuerdo definitivo ha pasado al 30 de setiembre, con un nuevo inicio de obras reprogramado para los primeros días de diciembre.
Si se cumple ese plazo—para lo cual ya están trabajando tres estudios jurídicos--, Kicillof viajaría a Moscú unos días antes de las elecciones presidenciales del 25 de octubre para sacarse la foto con Putin y hacer campaña con la obtención del crédito.
En los últimos 15 días, la administración kirchnersita y el consorcio adjudicatario de la obra que lidera el grupo Eurnekian remitieron a los rusos tres documentos clave que estaban pendientes: la certificación del plan de negocios efectuada por la consultora KPMG, la ratificación del proyecto ejecutivo de la obra y el estudio de impacto ambiental a cargo de especialistas independientes.
Localizada en la provincia de Neuquen, la central hidroeléctrica de Chihuido tendrá una potencia instalada de 637 Megavatios –equivalente a la mitad de la usina de El Chocón--y aportará 1.750 Gigavatios/hora de energía media anual al sistema eléctrico nacional.
Junto con Helport que tiene el 41%, la otra empresa local que encabeza el consorcio adjudicatario es Panedile con una participación del 31%. Manejada por Hugo Dragonetti, ésta constructora es la que lleva adelante las cuestiones referidas a la ingeniería y los aspectos técnicos del proyecto. Completan el grupo que ganó la licitación de Chihuido las empresas Isolux de España, Chediack, Eleprint e Hidroeléctrica Ameghino.
Por su parte, las compañías rusas Inter Rao y Power Machines –que serán las proveedoras de las turbinas y los equipos generadores—figuran como “subcontratistas nominadas” que no dependen del consorcio y que a la hora de cobrar sus facturas lo harán directamente del Gobierno argentino.
