Mientras tratan de “convencer” a los candidatos presidenciales para que sostengan en 2016 el actual esquema interno que mantiene los precios del crudo y de los combustibles por encima de los valores internacionales, las petroleras locales miran cada vez con más preocupación al ministro de Economía, Axel Kicillof.
El malestar obedece a un doble motivo. Por un lado, a la demora que acumula el titular del Palacio de Hacienda en el pago de los subsidios aprobados a principios de año. Y por otro lado, por las sorpresivas condiciones que impuso para destrabar la cancelación de las deudas pendientes del programa “Petróleo Plus”.
Según una exhaustiva crónica de el sitio especializado “Lapoliticaonline”, puertas adentro y en casi todas las reuniones que mantendrían con sus colegas, los directivos de las petroleras temen que Kicillof se vaya sin resolver las cuestiones que están abiertas con el sector y que le transfiera al próximo gobierno los compromisos impagos que arrastra desde los primeros meses de 2015.
El principal cuestionamiento que plantean las petroleras –por ahora sin el acompañamiento de la restatizada YPF—se focaliza en los subsidios comprometidos por la resolución 14/2015 de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Por medio de esa norma, en febrero de este año Kicillof creó el denominado “Programa de Estímulo a la Producción de Petróleo Crudo” que contempla el desembolso de compensaciones económicas temporales para fomentar tanto la producción local destinada al abastecimiento interno, como el incremento de los saldos exportables.
El nuevo esquema de subsidios -que en principio tiene una vigencia de solo un año, pero que puede ser prorrogado por la próxima administración- prevé el pago de un adicional de entre US$ 2 y US$ 3 por cada barril producido localmente.
Con un precio internacional que está a punto de perforar el nivel de los US$ 40 el barril, ese subsidio constituye una ayuda significativa para la producción de los yacimientos convencionales que se destina mayoritariamente al mercado externo.
Pese a haber cumplido con los todos los trámites y los requisitos fijados por los funcionarios de Energía y Economía, las petroleras siguen esperando la acreditación de los primeros subsidios que deberían haber estado en la calle entre abril y mayo.
Petróleo Plus
La otra cuestión que generó ruido en el sector ha sido la norma vinculada con el ex programa “Petróleo Plus” que apareció publicada en Boletín Oficial.
Se trata de la resolución 628 de la Secretaría de Energía comandada por la camporista Mariana Matranga que establece las condiciones que deben aceptar las empresas para poder cobrar las acreencias que tienen con el Estado por el programa “Petróleo Plus”. Había sido implementado a fines de 2008 para “incentivar la producción y la incorporación de reservas de petróleo mediante el otorgamiento de certificados fiscales para cancelar derechos de exportación”.
En julio de este año y con una deuda acumulada de casi US$ 800 millones, Kicillof decidió dar de baja ese programa y abonar las liquidaciones pendientes con la entrega de títulos BONAR 2024 y BONAD 2018.
Las condiciones
Según la resolución 628, para recibir los títulos públicos las petroleras van a tener que suscribir una “carta de adhesión” que contiene, entre otras, las siguientes imposiciones:
-Aceptar la cancelación del 80% de las deudas con la recepción de BONAR 2024 y un 20% con BONAD 2018.
-Hasta diciembre de 2016 sólo podrán vender por mes hasta un 2% del total de los BONAR 2024 recibidos.
-Todos los meses, tendrán que informar a la Secretaría de Finanzas las ventas de los títulos efectuadas en el mercado y las transferencias que hayan realizado a las empresas subsidiarias y vinculadas.
-Por último, en caso de que no cumplan con el nivel de restricción de venta serán penalizadas con una multa equivalente al 10% del total de los bonos recibidos. Y si se olvidan de presentar la información mensual, tendrán una sanción equivalente al 1% del valor de mercado de los títulos en juego
