El conflicto que gira en torno a la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros metalíferos en Mendoza, sigue sumando capítulos.

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la realización de la audiencia pública propuesta por el Procurador General para debatir la constitucionalidad de la norma, los ambientalistas siguen dando batalla para que se realice ese debate público.

Representantes de la Asamblea Popular por el Agua de los departamentos provinciales se reunieron ayer en la explanada del Poder Judicial para luego entregar un petitorio con más de 70 mil firmas de mendocinos que exigen que se haga la audiencia pública.

El petitorio está en consonancia con lo presentado por Fiscalía de Estado de Mendoza para demandar que el debate público se lleve a cabo.

“Estamos reiterando nuestro derecho a participar y ser escuchados. Queremos que se vaya a audiencia pública para que la ciudadanía tenga contacto con el Poder Judicial. Es necesario que esta ley siga vigente para proteger el agua”, explicó una de las representantes de la organización ambientalista de Tunuyán.

Luego de casi dos años desde el último avance en los pedidos de inconstitucionalidad de la ley antiminera por parte de 10 empresas del rubro, la Suprema Corte de Justicia decidió, por 4 votos contra 3, no llamar a debate a través de audiencia pública.

Sin audiencia por delante, todo se encaminaba hacia una resolución sobre si la norma sancionada en 2007 es constitucional o no. 

Sin embargo, el fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, presentó la semana pasado un recurso de aclaratoria y reposición en subsidio solicitando “la realización de la audiencia pública en lo que es materia de litigio”. Eso significa que el fiscal pidió la aclaración de algunos puntos de la resolución de la Corte y demandó que la audiencia pública se lleve a cabo. 

Respondiendo al recurso de aclaratoria, la Corte ya llamó a autos (presentación de pruebas) y deberá dar en breve su postura definitiva. En caso de que la respuesta sea favorable al fiscal de Estado, se deberá realizar la audiencia pública.

En caso contrario, la causa continuará en el mismo estado que se encontraba antes de que Simón presentara el recurso. Es decir, que la Corte ya estará en condiciones de llamar a autos para dictar sentencia a favor o en contra.

Los ministros Mario Adaro, Jorge Nanclares y Omar Palermo se manifestaron a favor del llamado a audiencia pública, mientras que Herman Salvini, Pedro Llorente, Julio Gómez y Alejandro Pérez Hualde votaron en contra.

Los cuatro ministros que rechazaron la audiencia justificaron su postura argumentando que la constitucionalidad de la ley es una situación de puro derecho que no debe ser tratada en debate público.

“Nos encontramos ante el cuestionamiento a una norma elaborada en el seno del Poder Legislativo, que fue objeto de debate dentro del mismo y respecto de la cual el Tribunal se limitará -en su oportunidad- a expedirse en el marco de la acción intentada y dentro de sus específicas incumbencias, sin hallarse habilitado a ingresar en materia propia de otros poderes del Estado, ni a suplir las eventuales deficiencias que pudieran haber acaecido en orden a la participación, control y/o diálogo con la sociedad en forma previa a la emisión de la norma jurídica cuestionada en su sede”, explicaron.

Por su parte, los ministros que votaron a favor de la audiencia pública opinaron que “el instrumento de audiencia pública es el mecanismo procesal que garantiza una participación real y efectiva de la sociedad en su conjunto y la recepción de las voces portadoras de las diversas opiniones”.