"Quédense tranquilos. Vamos a aumentar lo que tengamos que aumentar", le dijo Daniel Scioli a un puñado de empresarios reunidos en uno de sus actos de campaña para dar cuenta sobre su postura de modificar los cuadros tarifarios de los servicios públicos, en caso de ser presidente de la Nación. Las palabras del candidato K retumbaron en las empresas de servicios públicos con 13 de cepo tarifario. Es que los empresarios descuentan que Mauricio Macri o Sergio Massa buscarán una salida al congelamiento. Pero a Scioli lo miran con recelo por pertenecer al mismo gobierno que en 2002 decretó la Ley de Emergencia Económica y Reforma del Régimen Monetario que dejó sin efecto el ajuste en dólares y las cláusulas indexatorias de los contratos de concesión.

Un caso es el de las mayores distribuidoras energéticas como son Edenor y Edesur que desde ese año a la fecha, acumulan pérdidas por casi $ 6000 millones y pasaron a tener patrimonio neto negativo por las mismas razones: el retraso tarifario y un desequilibrio entre ingresos y gastos. Entre ambas sociedades abastecen a más de 13 millones de habitantes distribuidos entre Capital Federal y varios partidos bonaerenses.

A partir de un relevamiento realizado por El Cronista en sus balances anuales se evidencia que, salvo en cuatro años en los cuales dieron números positivos por ‘ayuda’ del Gobierno, el resto de los períodos terminaron con pérdidas. Edenor lidera la lista con $ 3078 millones y Edesur llega a $ 2772 millones.

Un rojo global de $ 5850 millones desde 2002. Sólo tuvieron ganancias en 2007, 2008, 2009, 2013 y el primer semestre del actual período. Pero gracias a un cambio en la forma de contabilizar ingresos que reciben del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (Puree). Hasta febrero de 2013, ese dinero era considerado una deuda por las empresas, ya que el destinatario final de lo recaudado es el Estado. Por eso no se incluía en los balances. Pero ese año el Gobierno las habilitó a usar el monto del Puree acumulado desde 2007 para compensar el déficit provocado por el congelamiento tarifario. Así pudieron cancelar con el dinero cobrado a los usuarios por excederse en el consumo acreencias que vinieron acumulando por mantener sin cambios las boletas de luz. Sin esos fondos, ambas distribuidoras hubiesen repetido los resultados negativos también en esos años. Por eso, en sus memorias anuales vuelven a la carga con la necesidad de "recomponer integralmente la ecuación económico-financiera del servicio público concesionado". Es que entre 2007 y 2008 se produjeron recomposiciones tarifarias que no alcanzaron a los clientes residenciales y no fueron suficientes para mejorar la situación.

Por otra parte, en 2014, el grifo otra vez fue cerrado por el Ministerio de Planificación Federal y el rojo volvió a los balances. Edesur con $ 1358 millones y Edenor con $ 780 millones y un déficit operativo que alcanzó la impactante suma de $ 2525 millones y necesidades de financiación por $ 450 millones.

De todos modos desde 2002, ambas empresas llevan invertidos a razón de $ 400 millones por año para sostener y mejorar sus servicios y atender una mayor demanda. Es decir, alrededor de $ 2000 millones más de los $ 6000 millones que perdieron en el mismo período.

En este marco, hace un par de semanas Edesur y Edenor presentaron sus balances semestrales que fueron impactados positivamente por el flujo de dinero del Puree. Edesur registró una ganancia de $ 430,6 millones contra una pérdida de $698 millones en el primer semestre de 2014. Esto se debió a los efectos sobre los ingresos de las medidas regulatorias y a la evolución de los costos operativos, en especial de los salarios, de la incorporación de personal contratista y en los servicios contratados. En tanto, Edenor ganó
$ 724 millones, también producto del mismo auxilio oficial.

En el mercado se descuenta que si el próximo gobierno no toma en cuenta este escenario negativo, el flujo de caja de Edesur y Edenor podría terminarse poniendo en riesgo sus actividades. Esto ocurre a pesar de que el Gobierno firmó en 2005 un acta acuerdo para una revisión tarifaria que fije un nuevo marco de precios, proceso que sigue frenado por el kirchnerismo.