El gobierno de Francisco Pérez enviará hoy a la Legislatura el convenio que firmó con YPF en setiembre del año pasado, que establece un “techo” del 3 por ciento para el cobro de Ingresos Brutos “a la actividad de producción de petróleo crudo y gas natural”.
Y uno “del 3,5% a la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público”. La rebaja impositiva se mantiene por todo el lapso que dure cada concesión (unos veinte años promedio) bajo el argumento de “favorecer las inversiones y propender al autoabastecimiento” en materia de hidrocarburos.
La norma necesita una ratificación legislativa difícil de alcanzar dada la cerrada oposición manifestada durante todo el año pasado por un radicalismo que -ahora- se prepara a asumir el timón de la Provincia, dentro de 83 días.
“Es una irresponsabilidad más de una administración que no respeta las disposiciones constitucionales y en su momento se arrogó facultades legislativas”, disparó el diputado Martín Kerchner (UCR). “Y todo sucede ante una Fiscalía de Estado y un Tribunal de Cuentas que estuvieron pintados luego de un año de ocultamiento de un convenio que se debió remitir a los seis meses de firmado”, machacó.
Esta mañana la norma ingresará -muy posiblemente por Diputados- a tan sólo 13 días del vencimiento del plazo estipulado para su aprobación legislativa. “No hay intención de imponer el convenio sino de consensuarlo”, dicen en la Casa de Gobierno, aunque el tema no ha sido abordado en ninguna de las reuniones de la transición entre las autoridades salientes del justicialismo y entrantes del radicalismo.
Y confiesan que -más allá de la suerte que tenga el convenio- la principal intención del gobierno es “dar por cerrado” el pago ya efectivizado (y gastado) por YPF de 150 millones de pesos, tal como acordaron el gobernador Pérez y el CEO de YPF, Miguel Galuccio, en setiembre del año pasado.
“La sola publicación del decreto -que no necesita ratificación legislativa- evita posibles planteos de restitución de ese dinero por parte de YPF, ya que tiene efecto cancelatorio y resolución de causas judiciales previas (de Mendoza contra Repsol)”, dicen muy cerca de Pérez. Y admiten como posible “una nueva prórroga de la fecha límite de aprobación legislativa, en la medida que así lo solicite el radicalismo”.
“Claro. Ellos cobran los 150 millones y nosotros sufrimos la baja de recaudación en Ingresos Brutos”, se quejó Kerchner. No obstante no anticipó rotundamente ningún rechazo. “Nos vamos a reunir en el bloque y estudiaremos las consecuencias para la provincia de un rechazo”, anticipó.
En el Boletín Oficial de hoy están publicados tanto el decreto 1.326 referido al pago (ya realizado) por parte de YPF en concepto de cancelación de deudas con la Provincia (por diferencias de liquidación de Ingresos Brutos) como el convenio transaccional entre la mayor petrolera nacional y la provincia de Mendoza.
Éste establece el compromiso provincial de limitar el cobro de Ingresos Brutos y la obligación empresaria de desarrollar el área Chachahuén (que explota en asocio con la petrolera de Daniel Vila Andes Energía, ex Ketzal), extender el período exploratorio en Zampal Norte y trasladar los compromisos asumidos en San Rafael y Ñacuñan a otras áreas con mayor potencial geológico.
En cuanto al estratégico bloque Payún Oeste el convenio establece que “la Provincia evaluará y definirá la extensión del primer período exploratorio, a fin de que YPF continúe con la investigación del potencial productivo en la formación Vaca Muerta, con la perforación de un nuevo pozo no convencional”.
La norma deja expresamente aclarado en su artículo cuatro que “el presente decreto será remitido a la Legislatura Provincial, para su ratificación en la parte que así lo requiere”, lo que excluye expresamente el pago de los 150 millones de pesos. En setiembre de 2014 Pérez y Galuccio se mostraron juntos en Mendoza y pusieron fin a las diferencias que mantenían en torno a la Ley de Hidrocarburos y a la deuda en sí.
El monto acordado del endeudamiento fue de poco menos de la mitad del reclamo inicial (310 millones de pesos) mientras las disposiciones impositivas en favor de YPF quedaron expresadas en una “adenda” adjunta al convenio, a fin de no violentar la soberanía fiscal de las provincias.
Un pacto entre quitas, rebajas e inversiones
Artículo 1: “La Provincia acuerda aplicar a YPF una alícuota máxima del 3% para Ingresos Brutos a la actividad de producción de petróleo crudo y gas natural”.
Artículo 2: “La Provincia acuerda aplicar a YPF la alícuota máxima del 3,5% para la actividad de refinación con expendio al público de combustibles: fabricación de productos de la refinería de petróleo con expendio al público”.
Artículo 3: “La Provincia asegura a YPF estabilidad fiscal por el plazo que duren las concesiones de YPF en la provincia reconociendo la permanencia de la alícuota indicada, aun cuando se produzcan aumentos generales o parciales de los impuestos y/u otros tributos vigentes”.
Disposición general: “Estas reglas tendrán como excepción la existencia de un acuerdo federal, ley nacional o cualquier otra norma que modifique la alícuota de Ingresos Brutos, para todas las provincias que conforman la Ofephi”.
Compromiso: “YPF ratifica que el precio de los combustibles refinados en la destilería de Luján de Cuyo destinados al abastecimiento provincial continuará contemplando el menor costo del flete; que desarrollará Chachahuén y que perforará un pozo no convencional en Vaca Muerta”.
El alivio financiero a las ajustadas cuentas provinciales que significó el acuerdo con YPF de un año atrás, hoy puede volver a enfrentar a Francisco Pérez con la oposición en la Legislatura. Es que doce meses después de que el Ejecutivo firmara con la petrolera estatal la condonación de parte de la deuda a cambio de dinero fresco y con una cláusula para reducirle impuestos y asumir la imposibilidad de aumentarlos a futuro, reaviva los cuestionamientos del radicalismo.
Haciendo memoria: en agosto del año pasado la petrolera estatal y la provincia acordaron que se achique la deuda en concepto de Ingresos Brutos a favor del Estado provincial, que por ese entonces superaba los 400 millones de pesos, con la condición de que la empresa cancelara 150 millones de pesos en efectivo y en un solo pago. Pero Mendoza debía suspender las demandas administrativas y judiciales y reducir las alícuotas de 2012, 2013 y 2014.
En ese entonces, el gobernador Francisco Pérez y uno de los representantes de la firma que conduce Miguel Galuccio firmaron una "carta de intención" estableciendo el acuerdo transaccional por el cual YPF aceptaba pagar la suma, con lo cual el Gobierno "consideraría saldadas al 31 de julio de 2014 las diferencias existentes en cuanto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a la actividad de producción de crudo y gas natural y a la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público", y por otro lado el Gobierno le aplicaría a YPF a partir del 1 de agosto de 2014 una alícuota máxima del 3% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad de producción de petróleo crudo y gas natural y del 3,5% para la actividad de fabricación de productos de la refinación del petróleo con expendio al público.
Así, se reduciría al 50% la última actualización que elevó la tasa al 6% en 2013 y 2014 para este impuesto, y del 25% respecto al 2012.
Si bien este acta fue firmada en agosto del año pasado y daba como plazo seis meses para la ratificación legislativa, Pérez no la envió a la Casa de las Leyes, con lo que ambas partes firmaron otro acta de ratificación y así se amplió el plazo previsto, estableciendo como nueva fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2015, con lo cual y a partir de la publicación este martes en el Boletín Oficial del decreto 1.326, se espera que en breve el mandatario la envíe a la Legislatura.
Pero, como en agosto del año pasado, los radicales vuelven a plantear sus objeciones al acuerdo. A criterios de los legisladores de la UCR "ese acuerdo puso en riesgo a la provincia", según señaló a SITIO ANDINO el diputado Martín Kerchner.
"Se redujo una deuda por más de 400 millones de pesos. Hoy probablemente tendríamos que estar reclamando más de 500 millones", agregó y sostuvo que "Pérez lo firmó para tener dos pesos con cincuenta para pagar aumentos salariales, lo que demuestra que la administración ha sido mala, que aumentaron los gastos y bajaron los recursos disponibles".
"Pasaron doce meses y hoy las acciones de ese convenio son nulas porque no tienen ratificación legislativa. Yo preguntó ¿para qué tenemos Legislatura? Sino se ratifican los acuerdos estamos en una anarquía", disparó Kerchner.
Además, apuntó contra los organismos de control como la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, que "no actuaron y permitieron que se cedieran derechos de la provincia por más de 400 millones".
"Esta supermoratoria es ilegal, hay una tremenda irresponsabilidad adminstrativa. Y si no es ratificada, significa que Mendoza perdió más de un año de acciones", advirtió el legislador radical, el enviado por el electo gobernador Alfredo Cornejo para la transición.
