La policía allanó el viernes un estadio en la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil, y otras oficinas en el país como parte de una investigación sobre fraude en contratos para el escenario deportivo, que fue construido para el Mundial de fútbol del 2014.
En un comunicado, la policía federal dijo que los contratos para el estadio Pernambuco, construido y operado por un consorcio encabezado por la firma constructora Odebrecht SA, fueron excesivos hasta en 42,8 millones de reales (12,26 millones de dólares).
La policía dijo que los contratos equivalían a fraude y a una falta de transparencia para distorsionar la puja entre las empresas que pretendían hacerse con el proyecto del estadio.
Odebrecht, la mayor constructora de América Latina y una compañía con un largo historial en enormes proyectos de infraestructura y otras obras públicas, también está en el centro de una investigación de corrupción que involucra a la estatal Petroleo Brasileiro SA, o Petrobras.
La compañía confirmó el viernes los allanamientos, pero en un comunicado los calificó de "injustificados". Odebrecht tiene "plena fe en las normas y la legalidad" del proyecto del estadio, añadió.
Marcelo Odebrecht, presidente ejecutivo de la compañía y nieto de su fundador, es uno de decenas de destacados políticos y empresarios de Brasil salpicados por el escándalo en Petrobras, en el que proveedores cobraron más por contratos a cambio de sobornos.
La policía dijo que realizaba allanamientos en el estadio y en oficinas corporativas y viviendas de ejecutivos del consorcio en los estados de Pernambuco, Bahía, Minas Gerais, Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia.
Eleonora Gosman
El holding brasileño Odebrecht, el mayor grupo privado de Brasil, lanzó esta semana una fuerte ofensiva contra el juez Sergio Fernando Moro, que conduce el caso conocido como Lava Jato, de corrupción en la estatal Petrobras. Acusa al magistrado de “abuso de poder” en la causa iniciada contra el CEO, Marcelo Odebrecht, de 46 años. Según abogados de la empresa, hubo “ilegalidades” en el procedimiento que determinó la prisión preventiva del ejecutivo, decretada el 19 de junio último.
Alojado en una cárcel del estado de Paraná, el directivo fue acusado formalmente por el juez de pago de coimas a ex gerentes de Petrobras, a cambio de conseguir ventajas en licitaciones de la petrolera estatal.
La defensa señaló que hubo prejuzgamiento por parte de Moro sobre la culpabilidad de Odebrecht. Recordó que en el decreto de prisión el magistrado declaró que “la única alternativa a la detención sería que (el acusado) reconozca y confiese sus culpas y asuma sus responsabilidades”.
Según prestigiosos juristas brasileños y del exterior, esta decisión constituye un acto “ilegal que no es compatible con el principio de inocencia”, por lo que se violan convenciones internacionales. Convertido en una celebridad por aquellos que lo ven como un ídolo o un “héroe” llamado a “salvar la patria” –especialmente entre los opositores al gobierno de Dilma Rousseff– el juez Moro, de 43 años, se ha convertido para colegas y especialistas en derecho en una figura polémica.
Lo cierto es que los fiscales que investigan la estructura corrupta que dominó Petrobras, comandados por el magistrado, acusaron a la empresa constructora y a su presidente de usar cuentas en Suiza para engordar los bolsillos de ex directores de la petrolera; entre ellos Paulo Roberto Costa, uno de los arrepentidos del caso, a quien se le habrían transferido 17 millones de dólares.
Moro se basó para fundamentar sus sospechas sobre Marcelo Odebrecht en las declaraciones de un empresario, de la constructora Camargo Correa, que se acogió a la “delación premiada” o arrepentimiento a cambio a de ver reducida la pena carcelaria que le correspondería. Los abogados sostuvieron que “no fue demostrado por medio de hechos, lo que retira de la prisión las características de medida cautelar, razonable y proporcional”.
Según pudo saber Clarín, hubo intentos del propio juez Moro de inducir a Odebrecht a una delación. Para tal propósito lo habría visitado cuando el empresario ya estaba alojado en una celda. Esto configura, para los juristas, una presión “ilegal”. En la visión de los penalistas Ives Gandra de Silva Martins y Antonio Claudio Mariz de Oliveira, hay diversas formas de tortura: “Una de ellas es la tortura moral, la que sofisticadamente se impone a los presos preventivos al buscar su confesión premiada”. Es eso lo que llevaría al Poder Judicial “a mantenerlos (a los ejecutivos empresariales) encarcelados por el tiempo necesario para derribar su resistencia psíquica”. Es esa situación la que deja a “la delación como camino para salir de las prolongadas prisiones decretadas”.
Ese mecanismo, usado en forma masiva por el juez Moro, preocupó a la Orden de Abogados de Brasil (OAB). La institución teme que, en esas condiciones, el arrepentimiento se convierta en un instrumento “inconstitucional”. Y advierte que de no respetarse el “debido procedimiento legal y las demás garantías de la Constitución”, podrá en un futuro llevar a la anulación de todas las investigaciones y procesos. La OAB sostuvo también que “sólo se considera culpable a alguien luego de una profunda evaluación probatoria que debe pasar, como mínimo, por dos instancias de juicio”.
Desde que estalló el caso Lava Jato, que puso en aprietos a la presidenta Rousseff, varios ex directores de Petrobras y varios empresarios fueron detenidos en una serie de operaciones de la policía federal brasileña. En el caso de Marcelo Odebrecht, la tropa de agentes realizó el operativo con toda la espectacularidad del caso a las 6 de la mañana. Y según fuentes cercanas a la empresa, “había algunos periodistas que habían sido avisados con antelación”, lo que explicaría que estuvieran presentes cuando el CEO del holding fue preso.
Los juristas Ives Gandra y Antonio Mariz no dudaron en señalar: “Las decisiones son ilegales porque no obedecen a presupuestos y requisitos de la ley”. No deja de ser un dato significativo el hecho de que Gandra nada tenga que ver con el oficialismo. Por el contrario, es uno de los especialistas vinculados a la opositora socialdemocracia brasileña, lo que lo exime de cualquier sospecha.
