*Juan Carlos Guajardo

Las violentas manifestaciones de los trabajadores subcontratistas de Codelco en las últimas dos semanas constituyen una situación grave que no puede dejar indiferente al país.

Es verdad que existen áreas en las que se ha externalizado excesivamente, lo cual se ha venido abordando desde el año 2007, aunque no a la velocidad necesaria, lo que ha llevado a Codelco a anunciar la internalización de cuatro mil trabajadores hoy subcontratados. Pero la acción de la Confederación de Trabajadores del Cobre CTC, que agrupa a los trabajadores subcontratistas de la minería, escapa por mucho a la mera acción reivindicativa de sus derechos laborales.
El origen de este movimiento está asociado a las violentas manifestaciones del año 2007 en la mina El Teniente, las cuales no fueron enfrentadas con una adecuada aplicación del estado de derecho, lo que validó implícitamente la utilización de la violencia como medio de acción en conflictos laborales. Puede considerarse que este hito fue el precursor del progresivo aumento en el uso de la violencia y de huelgas ilegales que ha observado el país desde entonces en el ámbito del trabajo.

Desde el primer minuto la CTC ha buscado forzar la legislación laboral del país intentando obligar a que Codelco y otras empresas mineras privadas asuman una responsabilidad que legalmente no les corresponde en la relación laboral con estos trabajadores, ya que en rigor ellos deben acudir a las empresas que Codelco contrata para proveerla de servicios. Codelco ha establecido el mecanismo de un “acuerdo marco”, en el cual cumple un rol de facilitador, a través del cual de todos modos ha concedido beneficios que pudieron sobrellevarse en períodos de altos precios del cobre, pero que hoy ya no pueden solventarse.

Lamentablemente en este proceso se instauró el pago de dinero a la propia CTC, lo que se ha convertido en un incentivo perverso para que ésta busque que los conflictos se resuelvan a través de pagos.

Pero la agenda de la CTC incluye además forzar el principio de la negociación ramal, buscando instaurar el principio de que se negocie en todo el sector minero y no por compañía como establece la ley. En este sentido no puede dejar de llamar la atención que el conflicto actual surja cuando la discusión de la reforma laboral en el Senado vive momentos decisivos y no el próximo año, cuando corresponde según el acuerdo marco. Este hecho y los llamados a la renacionalización de la minería privada dejan pocas dudas sobre el ideario político de la CTC, haciendo mucho más difícil resolver el conflicto supuestamente laboral.

La externalización en minería, bien aplicada, constituye un aporte al país, ya que permite el desarrollo de actividades económicas indirectas. Esto es relevante pues el modelo autárquico en el que se basó la gran minería del cobre en Chile hasta la década del setenta, generó verdaderos enclaves que limitaron los beneficios de la gran industria minera en el resto del país. No es beneficioso para Chile ceder a demandas que resultarían en que las grandes mineras vuelvan a convertirse en entes cerrados orientados a autosatisfacer completamente su funcionamiento, afectando su habilidad para sostener el desarrollo de encadenamientos productivos, como busca una de las iniciativas recogidas por este gobierno.

Por último no puede dejar de mencionarse que la externalización usada excesivamente suele ser un síntoma de problemas de baja productividad de los trabajadores propios, problema central que debe abordar el país en materia laboral.

*Director Ejecutivo de la empresa de consultoría y desarrollo de negocios Plusmining.