MARIANGEL MARCOS*
Otra vez la sangre tiñe al Perú. Las protestas por Doe Run tienen larga data y quienes transitan por la Carretera Central las han sufrido más de una vez. Ayer los mineros volvieron a manifestarse, con el trágico saldo conocido.
Mucho antes de eso, la suerte incierta de la compañía minera ya era un calvario. Las marchas y contramarchas en la licitación del Complejo Metalúrgico, los eternos tiempos gubernamentales y los procedimientos inconclusos y poco claros, llevaron a que aquella primera licitación quedara desierta.
El mes pasado debía ser decisivo para La Oroya, pero faltaba el Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC). “Estamos trabajando, la venta de Doe Run no se atrasa” repetía casi a diario el MEM en su web. Rosa María Ortíz, presionada por las autoridades locales que reclamaban una rápida ejecución, lanzó promesas que finalmente no pudo cumplir.
Sorpresa o no sorpresa, por segunda vez, el jueves pasado la esperada licitación quedó desierta. Los postores que más sonaban eran Glencore y Southern Peaks, pero según se quejan hoy los trabajadores y el gobierno de Junín, los estándares ambientales demasiado altos del MEM terminaron ahuyentando a los inversionistas.
Tras el fiasco y sin Plan B, en un par de semanas, 2.500 trabajadores pueden quedarse sin trabajo. Razones más que suficientes para pensar, conociendo la historia de lucha sindical lugareña, que pasaría lo que pasó. ¿Era necesario esperar el bloqueo de la carretera central? No es la primera vez que el gobierno de Ollanta Humala actúa en un conflicto tras el primer muerto.
El Ministerio de Energía y Minas no supo resolver en tiempo y forma las cuestiones técnicas que demandaba el laberitno de Doe Run y no vio la bola de nieve. Belaunde Lossio, Nadine, Zaida Sisson y las trifulcas políticas atrapan más la atención de la administración central.
No son pocos dentro del sector minero los que piensan que la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad está literalmente de adorno, sorda ante cualquier alerta de conflictos. Cuando éstos estallan, aparece la PCM con sus mesas de diálogo y desarrollo. Después, los ministros abandonarán la zona caliente y quedarán las promesas incumplidas.
El brote de La Oroya estaba más que anunciado y las autoridades de distinto calibre volvieron a reaccionar tarde y mal. El 27 de agosto vence el plazo de Profit como administrador de los activos de Doe Run. La liquidación simple está muy cerca, y con ella el cese de sustento para miles de familias.
Actuar rápido, con eficiencia y responsabilidad, es el desafío del gobierno frente a un conflicto, ahora trágico, en el cuál ha aportado muchos análisis y pocas soluciones.
*Directora de Mining Press
