Una importante cantidad de empresas privadas se presentaron en los últimos años en la provincia para efectuar la explotación de algún recurso, utilizar algún espacio, o bien comercializar productos que requieren, por sus cualidades, de un estudio por parte de profesionales técnicos sobre su impacto sobre la naturaleza y pone en peligro su integridad. Los estudios son realizados por diferentes instituciones y universidades, y algunos especialistas locales brindan su opinión a través de un informe técnico sobre la conveniencia de la instalación o funcionamiento de determinada empresa en preservación de nuestra naturaleza.
Así lo explica el ingeniero Daniel Castro, desde la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria: "Estos procedimientos dependen de varias delegaciones internas. Unas son la Dirección Provincial de Minería y la Dirección de Medio Ambiente. En función de las leyes provinciales se faculta a una universidad para que emita un fallo, informe o dictamen técnico sobre la propuesta que está haciendo un capital privado sobre un emprendimiento con posibilidad de ser explotado. Muchas contestan, otras no lo hacen y otras realizan un presupuesto económico de eso", aclaró.
Desde agosto del año pasado hasta hoy, se han llevado a cabo unos 8 estudios por parte de especialistas locales. Estos se suman a los más de 20 realizados desde el 2013, sobre proyectos del sur y otros sectores de la provincia. Estos proyectos se han centralizado más que nada en la minería, uno de ellos es actualmente sobre la minera Sierra Pintada, con respecto a los residuos que genera y la posibilidad de eliminarlos. También hay proyectos sobre la explotación de áridos, minas de talco y otros yacimientos.
"Más que análisis químicos, se estudia si lo que ha presentado el privado cumple con la normativa vigente. Es normalmente una historia del yacimiento, una planimetría, los comprobantes del derecho a la explotación de la cantera de la mina, si es de su propiedad o si lo compró. Las habilitaciones, si Irrigación le permite realizar la explotación o no. Hay reglamentaciones y limitaciones propias de las leyes", señala Castro. Además, explica: "En muchos de ellos lo que se realizan son observaciones, se evalúa el impacto ambiental que puede ser muy complicado para el ambiente o para todo el entorno o son daños menores, o a veces no hay impacto y se denomina impacto negativo. Entonces los informes sugieren cosas, o falta documentación que el privado no consideró importante, pero a la hora de hacer cumplir la ley sí lo es y el profesional lo solicita".
Los análisis que se realizan son diversos, desde ingenieros petroquímicos, ambientales, ingeniero en minas, en alimentación y bromatología, aportan sus conocimientos científicos y técnicos para corroborar las intenciones de explotación de las empresas, de acuerdo a lo que plantean los proyectos. "Se responde siempre de acuerdo a lo que pide la Dirección de Minería o de Medio Ambiente que se analice. A veces son análisis y a veces se refieren a confrontaciones para determinar si lo que está planteando el privado está a derecho. Tenemos tiempo y forma para responder, tiene una carga pública".
Hay que destacar que estos estudios son establecidos por ley, con lo cual se busca un proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental.
