Alejandro Bohn hoy es el gerente y único empleado de su empresa. Una realidad muy diferente era la que vivía hasta el 5 de agosto de 2010, fecha en que 33 mineros quedaron atrapados al interior de un yacimiento de oro y cobre de su propiedad, de nombre San José y ubicado en la III Región.
Hoy, el empresario pasa gran parte de su día trabajando en la liquidación de los bienes de la mina y encargando los últimos informes geológicos y científicos que, de aquí a fin de año, le permitirán tener un prospecto de transacción. Hasta la fecha, Bohn se ha reunido con aproximadamente 10 interesados, con el objetivo de explorar la opción de venta. Si bien la mayoría de estos son firmas internacionales, todos están enterados en detalle del accidente que mantuvo atrapado a los hombres 70 días a 720 metros de profundidad.
Hasta el momento, se han vendido US$ 5 millones de los bienes de la firma, de los cuales US$ 4 millones se destinaron a pagar los finiquitos de los trabajadores. Ahora, Bohn trabaja en el último proceso, que permitirá vender las 1.500 hectáreas que componen todo el yacimiento, del cual la mina San José representaba cerca del 15%.
Los dueños pretenden obtener una ganancia cercana a los US$ 29 millones, que permitirá cerrar todas las deudas. Una de estas son los US$ 5 millones que los propietarios acordaron con el Estado, por conceptos de gastos asociados al rescate de los “33”.
La nueva vida
Cercanos a Bohn indican que estos últimos cinco años no han sido fáciles para él. Pasó de ganar premios en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y formar el yacimiento San Esteban (una empresa mediana, junto a Marcelo Kemeny), a ser cuestionado por supuestas faltas a la ética empresarial. Cercanos a él recuerdan que, en los días y meses posteriores al accidente, “le dieron la espalda” muchas personas que decían ser amigos.
En paralelo, la Fiscalía de Atacama inició una investigación penal en su contra. Por esta causa, debió declarar más de 12 horas junto a sus defensores del estudio Insunza Abogados. En 2013, el Ministerio Público dio por cerrada la indagatoria tras determinar que no había antecedentes que permitieran presentar una acusación y no se pudiera establecer la existencia de un delito.
Las últimas pertenencias de la minera, en tanto, están en manos de una comisión de acreedores, creada tras el cierre de la mina. Esto, porque los dueños apostaron por recuperar el dinero y pagar a trabajadores y acreedores, en lugar de declararse en quiebra.
Fue esta instancia la que nombró a Bohn como encargado de liquidar los bienes. Kemeny, en tanto, sigue ligado a la firma porque posee parte de la propiedad, pero está alejado de las tareas de administración.
En los últimos años Bohn inició una nueva batalla legal: una querella por injurias y calumnias contra Vicenot Tobar, ex superintendente de seguridad de la mina San José, y el ex jefe regional del Sernageomina Anton Hraste, quienes hicieron declaraciones en que deslizaban responsabilidad de los empresarios en el accidente minero. Ambos tuvieron que desdecirse y señalar ante los tribunales que sus palabras no tenían sustento.
En los próximos días Alejandro Bohn podría asistir a ver la película de los “33”. De ser así, dicen algunos cercanos, iría con sus abogados para observar si aparece en el film y la manera en que lo presentan.