Gota a gota, como si se tratara de un deshielo, la Ley de Glaciares avanza en el Congreso.

Anuncio presidencial del 21 de mayo de 2014, el proyecto tuvo una votación crucial en la última cita de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que aprobó la definición de entorno glaciar. Es decir, cuánto de la superficie que rodea a estas reservas de agua también será protegido.

El resultado enfrenta ahora a los principales actores del debate: ambientalistas y mineras. Los primeros destacan que la definición es más proteccionista “de lo que el Poder Ejecutivo hubiese querido”, mientras las segundas advierten que se agudiza un error que “restringirá innecesariamente” actividades, entre ellas las mineras, “que no generan daño alguno a los glaciares”.

Aunque fue anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, en rigor la Ley de Glaciares responde a una moción que nueve diputados -entre ellos Cristina Girardi (PPD), Giorgio Jackson (independiente), Daniel Melo (PS), Vlado Mirosevic (PL), Andrea Molina (UDI), Camila Vallejo (PC) y Patricio Vallespín (DC)- presentaron en junio de 2014.
El debate y la votación en particular de la comisión de Medio Ambiente, sin embargo, recién comenzó a avanzar en marzo último, luego que La Moneda enviara indicaciones.

Así se llegó a la letra h del artículo dos: qué es el entorno de un glaciar. La propuesta del Poder Ejecutivo lo definía como la zona de captura de la nieve que rodea al glaciar hasta 500 metros aguas abajo de su frente terminal.

Tal definición era “miserablemente limitada”, afirma Matías Asún, director de Greenpeace Chile.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno presentó una nueva redacción. Esta ampliaba la zona de protección no solo a mil metros aguas abajo de los glaciares, sino también aguas arriba, hasta las cumbres que los alimentan.

“Consideramos que esta protección posibilita la condición de equilibrio de los glaciares, permitiendo que la nieve que los alimenta se acumule efectivamente en la parte alta (arista divisoria de aguas más alta), además de mil metros hacia una zona de transición desde un ambiente glacial a uno no glacial”, explica el jefe de la Dirección General de Aguas, Carlos Estévez.

El Consejo Minero -que agrupa a las 18 mayores compañías del rubro en el país, que aportan el 95% de la producción nacional de cobre- discrepa con resguardar “per se” el entorno de un glaciar.

Según su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, para protegerlos es posible que se necesite tomar resguardos en su entorno, lo que no significa que este sea valioso en sí mismo.

Para Villarino, el debate legislativo ha derivado en “posturas muy atractivas para obtener aplausos fáciles”, sin asumir que “se sacrifica el futuro del país, su crecimiento y bienestar, en algunos casos, por posturas ambientalistas algo extremas que ignoran el mundo real”.

Asún plantea que la nueva definición de entorno habría vuelto inviables iniciativas como Pascua Lama y Alto Maipo. Y obligado a Codelco a cambiar los botaderos que propuso para ampliar la División Andina.
“No se trata de parar la minería, sino de evitar que se destruya los glaciares”, añade el representante de Greenpeace.

La Ley de Glaciares aún depara definiciones clave. Por ejemplo, qué glaciares serán protegidos: todos, como plantean los ambientalistas, o solo aquellos que reúnan ciertas características, algo que podría ser votado el miércoles.