Quienes estaban en la Dirección del Trabajo durante la primera administración de Michelle Bachelet, no pudieron dejar de sonreír ante el comunicado del pasado miércoles 29 de julio de Codelco. En él se anunciaba “la reincorporación del orden del 10% de aquellas labores que se encuentran actualmente externalizadas durante los próximos años”, es decir, unos 4 mil trabajadores.

“No estábamos tan equivocados”, señaló un antiguo integrante del equipo de la Dirección del Trabajo, que era dirigido en ese entonces por Patricia Silva, actual subsecretaria general de la Presidencia. Dando cuenta así de uno de los mayores conflictos internos que vivió la Concertación cuando Codelco decidió interponer cuatro recursos de protección ante la Justicia para impedir que la Dirección del Trabajo la forzara a incorporar a su planta a trabajadores que hasta ese momento cumplían funciones a través de empresas contratistas o de suministro.

Con el comunicado del miércoles, que se titula “Hacia una política de subcontratación sustentable, transparente y de mutuo beneficio”, la Corporación del Cobre comienza a desandar casi 30 años de historia, lo que será un proceso complejo y largo por los múltiples intereses que hay en juego. De acuerdo a cifras de expertos laborales, se considera que existe un proceso de tercerización alto cuando hay un trabajador propio cada 2,5 trabajadores de empresas contratistas. En el caso de Codelco, esta relación llegaría a 1 trabajador propio por 3 subcontratados.

La fuerza de los hechos

A partir de mediados de la semana pasada, el presidente de la minera estatal, Óscar Landerretche, tomó el protagonismo en la vocería para tratar de explicar el documento que reconoce que la empresa fue cediendo ante los contratistas hasta transformar los acuerdos marcos desde condiciones mínimas laborales, de protección social y de oportunidad para los trabajadores, en una negociación colectiva adicional con cláusulas explícitas de compromiso en los que se establecen bonos de fin de conflicto, tal como ocurre habitualmente en los procesos de negociación colectiva reglada.

Hasta el martes 28 no había evidencia alguna de que este documento iba a salir a la luz pública al día siguiente. Aunque sí se sabía que se venía estudiando el tema desde hacía tiempo, que había grupos de tareas dedicados a hallar una solución y se había consultado a organismos “internacionales neutrales” con este objeto, porque existía conciencia de que había áreas –tal como lo indica el escrito– “que por su carácter permanente y cercanas al core (giro o corazón) del negocio, probablemente deban ser reinternalizadas. Las áreas en las que esto se vuelve más evidente son: el área de control de los procesos geominerometalúrgicos, el área de mantenciones y el área de desarrollo de mina”.

Por ejemplo, en el área de mantención de equipos se dice que las empresas contratistas no supieron encontrar el personal calificado ni actuar a tiempo para evitar daños mayores a las maquinarias, lo que se tradujo en días sin operación.

Si bien el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, se ha mostrado dispuesto a desafiar y cuestionar el modelo actual de tercerización, al menos hasta el martes pasado señalaba que no lo haría bajo presión.

¿Qué presión? La de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) que en esos momentos tenía capturada la división Salvador y amenazaba con otras operaciones en las divisiones del Norte ante el rechazo de Codelco de abrir una mesa de negociación en torno a un nuevo Acuerdo Marco.

Sin embargo, entre el martes y el miércoles el conflicto siguió escalando cuando los contratistas reunidos en torno a Siteco en El Teniente salieron a apoyar a la CTC con quema de buses incluida. “Fue una respuesta mandatada por la Confederación de Trabajadores del Cobre, para sumar fuerzas a la movilización nacional por instalar una mesa de negociación con CODELCO para un Acuerdo Marco 2015”, explicaron en una declaración pública.

Y aunque la empresa siguió sin ceder en sus puntos centrales: no habrá negociación mientras no se depongan las movilizaciones ni habrá bonos ni complementos salariales que impliquen un pago extra para Codelco; sí cedió al decir que está dispuesta nuevamente a cumplir su rol de facilitador de una mesa de conversaciones entre la organización gremial de empresas contratistas y la CTC dirigidas a otros beneficios, como políticas habitacionales, mejores condiciones laborales y capacitación, entre otros; y sí cedió, asimismo, al enarbolar la bandera de internalización de los puestos hoy en manos de contratistas en medio del conflicto y bajo presión.

La decisión de anunciar la reincorporación del 10% de las labores en manos de contratistas se habría tenido que adelantar forzada por la necesidad de darle un “contexto al país y explicarle a la opinión pública por qué la empresa actuaba de esta forma”, señala una fuente interna.

Desde esta perspectiva, al interior de la empresa dicen que el documento revela bien lo que hasta ahora tienen: un diagnóstico y una convicción, pero aún no saben cómo ese convencimiento tomará forma.

Incluso más –precisa un observador– este anuncio puede provocar nuevos elementos de tensión en la relación entre la empresa y los contratistas, porque “en estricto rigor si bien la internalización es una demanda histórica de la CTC, en el actual conflicto no era una exigencia puesta sobre la mesa”.

La pregunta que viene y que Codelco no está aún en condiciones de contestar es quiénes serán incorporados como trabajadores de planta, sobre todo porque dada la reconversión que está llevando a cabo la minera estatal hay un número importante de trabajadores propios que querrán ser reubicados. En pocas palabras, ese 10% no necesariamente provendrá del mundo contratista. A eso hay que agregar las expectativas que provoca en el área de tercerizados la sola noticia de que la empresa asumirá una política de este tipo.

Fuentes informadas señalan que el sueldo referencial de mercado en el sector minero se encuentra en torno a los US$ 70 mil por trabajador, pero el promedio de Codelco es superior a esta cifra. “Es el peso de 100 años de negociaciones sindicales”, dice un especialista. Con esta cifra no es fácil el dilema de la actual administración porque la incorporación de actividades que están externalizadas debe pagar ese mayor costo a través de un aumento de la eficiencia y productividad.

Cuando La Moneda se lavó las manos

A fines de los ochenta y noventa, la subcontratación y el suministro de trabajadores se extendió como práctica entre las empresas tanto públicas como privadas. Por la primera se entiende cuando una empresa mandante contrata a otra para que desarrolle una actividad por su cuenta y riesgo. Verbigracia: el servicio de aseo. La segunda, en cambio, es un proveedor de trabajadores que actúa como empleador, pero cuando no estaba regulada esta actividad el trabajador operaba bajo las instrucciones de la empresa mandante. Por ejemplo: era habitual esta figura entre los cajeros de los bancos, donde se podía encontrar un cajero suministrado que trabajaba al lado de uno contratado y ambos recibían órdenes del mismo jefe.

Hacia 2004 y 2005, los trabajadores del cobre que operaban bajo el esquema de la subcontratación comenzaron a exigir una mayor regulación. Cristián Cuevas fue en ese entonces el dirigente más visible de este movimiento que presionó durante la campaña presidencial de Michelle Bachelet por aprobar un proyecto de ley que había ingresado durante el período de Ricardo Lagos. En este se buscaba que las compañías de suministro de trabajadores se transformaran en empresas de servicios transitorios y no permanentes como ocurría hasta ese momento; asimismo, definir que, en el caso de la subcontratación, había una relación entre la empresa mandante y el trabajador contratista en temas relativos a higiene y seguridad. En todos los otros temas que tenían que ver con la actividad a desarrollar había una relación de subordinación entre la empresa contratista y su trabajador, donde la empresa mandante no jugaba ningún rol.

Finalmente, el proyecto de ley salió aprobado en 2006 y, una vez que se dictaron las normas, la Dirección del Trabajo comenzó a aproximarse al tema por sectores económicos. Uno de los primeros fue la banca. Se les pidió a los sindicatos bancarios que hicieran un mapa de las “áreas de roce”, es decir, dónde había trabajadores subcontratados o suministrados que cumplían labores de planta. La misma pregunta se les hizo a las administraciones de los bancos. El resultado de este cruce de información fue que la mayor parte de los cajeros que eran trabajadores suministrados se incorporaron a la planta. Algo similar ocurrió con el comercio.

El paso siguiente fue la Gran Minería. Ante la mirada escéptica de la entonces Coordinadora de Trabajadores Contratistas, la Dirección del Trabajo realizó una labor semejante en empresas como Codelco, Escondida, Collahuasi y Los Pelambres. El resultado fue similar al aviso de la instalación de una bomba.

En el caso de Codelco, llegaron a la conclusión de que cerca de 5.000 trabajadores cumplían labores similares a los de planta, pero que no tenían ninguno de los beneficios de estos. “Por ejemplo, en explotación había dos turnos que hacían trabajadores propios y el tercer turno lo realizaban contratistas”, cuenta una fuente que le tocó estar en ese proceso.

La Dirección del Trabajo entregó a la administración, que encabezaba en ese momento José Pablo Arellano, un listado de 5.000 trabajadores individualizados con nombre y apellido, los cuales debían ser incorporados a la planta. Hubo una fuerte discusión interna y Codelco optó por la vía de acudir a los tribunales con el argumento de que la Dirección carecía de la facultad para definir si una persona era trabajador o no de la empresa.

Según algunas fuentes laborales, esta opción fue apoyada por el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y se señala que la Presidenta Bachelet prescindió de mediar en el conflicto que enfrentaba a organismos del Estado. El caso llegó hasta la Cuarta Sala de la Corte Suprema, la que le dio la razón a la minera. A contar de este fallo se hizo muy difícil la denuncia porque esta tenía que partir del propio trabajador.

Al tiempo que Codelco tomaba esta estrategia legal defensiva, también iniciaba un proceso de diálogo con las organizaciones de trabajadores contratistas en pos de mejorar los estándares y condiciones de trabajo. El paso más significativo fue el Acuerdo Marco de 2007, luego vinieron los del 2011 y 2013, según Codelco, aunque la CTC también señala que hubo otro en 2009.

Las complicaciones de Ahumada

Hasta ahora, el presidente de la CTC, Manuel Ahumada, ha sido exitoso en mantener paralizadas las operaciones de El Salvador, que es el yacimiento más pequeño y donde esta organización tiene una importante presencia. También ha logrado mostrar una creciente capacidad de movilización al sumar a organizaciones de otras divisiones, como El Teniente.

A inicios de julio, Siteco –que funciona en El Teniente– anunció que se incorporaba a la Confederación para apoyar el Acuerdo Marco de 2015. Esta organización, liderada por Jorge Peña, ya había respaldado la negociación de 2013, pese a que no formaba parte de la Confederación. Cuando se formalizó el ingreso, Peña señaló que “Codelco se va a resistir a nuestras demandas, pero esta vez va a encontrar a los trabajadores mucho más unidos y dispuestos a luchar”.

Y un tercer elemento que se agregó la semana pasada fue el regreso de Cristián Cuevas, el mítico dirigente que renunció a su puesto de agregado laboral en España, debido a la muerte del trabajador Nelson Quichillao en El Salvador.

Todo ello hace que el juego se vuelva más complejo. La muerte de Quichillao por una bala de Carabineros les da pie a los argumentos más exaltados. Un experto sindical precisa que “pocos dirigentes son capaces de mantener el control interno de sus fuerzas”, la mayor parte de las veces hay grupos que se escapan de las manos y eso no ayuda a la negociación. En tanto que la suma de nuevas organizaciones sindicales hace que se torne más difícil para Ahumada llegar a acuerdo.

Además está el peso de que Ahumada milita en el Partido Comunista, colectividad que forma parte de la coalición gobernante. Aquí se pueden dar, al menos, dos escenarios: “Que el ministerio del Interior solicite al PC apaciguar las aguas; o que el PC tome esto como una demostración de que no ha perdido su inserción social y que, si se quiere la paz social, deben valorar la mantención del PC dentro del Gobierno y ello pasa por una Reforma Laboral más acorde a lo aprobado por la Cámara de Diputados”, analiza una fuente sindical. No obstante, todos reconocen en Ahumada a un militante independiente de las directrices del partido y de la CUT.

Más allá de lo que se baraje en los pasillos del poder, hay un dato que está fuera del alcance de los burócratas: las expectativas de los trabajadores contratistas. Debido a que en las negociaciones anteriores los contratistas han obtenido beneficios económicos directos, como es el bono por término de conflicto –en 2013 habría sido de $1,5 millón, según datos informales de Codelco–, “cuando estos se vuelven a movilizar tienen asumido que les llegará dinero para el bolsillo tal como ocurrió antes. Decirles que en esta ocasión no habrá, es bien difícil de aceptar y son pocos los dirigentes dispuestos a enfrentar esa situación”.

Desde esta óptica, Codelco está tratando de cambiar una lógica de funcionamiento que la misma Corporación reconoce que avaló en el pasado. “Cambiar esa lógica cuando el conflicto está desatado –que involucra la muerte de un trabajador– parece que es un objetivo que tiene altas probabilidades de fallar”, auguran con escepticismo desde otras empresas mineras, aunque todos esperan que les resulte, pues lo que ocurra en Codelco marcará la pauta de lo que viene para el resto de la industria.

Ayer en la noche, Codelco emitió un último comunicado donde valora “la invitación a dialogar hecha por Asociación Gremial de Empresas de la Minería y Rubros Asociados (AGEMA), la que se dirigió a las tres principales agrupaciones de trabajadores de empresas contratistas (ASIB, CNTC y CTC) y a la Corporación, en su rol de facilitador. De acuerdo a la invitación, la primera reunión de la instancia de diálogo se llevaría a cabo en la tarde del martes 4 de agosto”. Carta a la que respondió “aceptando desempeñar el rol de facilitador de dicha instancia y reiterando su disposición a dialogar con todos los actores”.

La CTC no tenía nada publicado en su página web y solo sostenía que hasta el sábado la decisión era continuar con las movilizaciones.