La provincia fijó nuevas pautas a la CNEA. Quieren garantizar la calidad de los recursos naturales y el destino de los efluentes.
La secretaría provincial de Ambiente y Desarrollo Sustentable estableció varias exigencias relacionadas con la operación de la planta de enriquecimiento de uranio de Pilcaniyeu, que deberá cumplir la CNEA, y que buscan garantizar la calidad del agua, del suelo y el destino de los efluentes.
Los requisitos surgen de la resolución emitida por la secretaria Dina Migani como cierre del proceso de audiencia pública, que la provincia debió convocar por orden del Superior Tribunal de Justicia, en el marco del amparo impulsado por el legislador radical Alejandro Betelú.
La audiencia se realizó el 27 de febrero en Pilcaniyeu y desde entonces hubo varios reclamos de la organización ambientalista Arbol de Pie por la demora del dictamen final, que fiinalmente fue emitido el pasado jueves 16, pero la secretaría recién lo difundió esta semana.
El anexo de la resolución que contiene las "obligaciones ambientales" fija la prohibición de eliminar los efluentes de la planta que contengan fluoruros en el humedal natural, vecino al río Pichileufu. También anota que la CNEA deberá tratar, acondicionar y almacenar los efluentes líquidos dentro del complejo.
La secretaría de Ambiente impone además a la Comisión Nacional de Energía Atómica la obligación de realizar muestreo de aguas; análisis físico/químicos con informes cada cuatro meses; monitoreos de sedimentos con datos sobre fósforo, nitrógeno y carbono y evaluación periódica de la "fauna bentónica", es decir la que habita en el lecho del espejo de agua.
También deberá presentar un monitoreo mensual de los efluentes de la planta de tratamiento de líquidos cloacales e informes periódicos sobre el desempeño del "equipo lavador de gases".
Consultado ayer por este diario, el legislador Betelú subrayó que la resolución de la secretaría "es un paso adelante" respecto de otra anterior emitida hace dos años y que dio lugar al amparo, ya que reserva para la provincia "el poder de policía ambiental". Explicó que la anterior había delegado esa competencia en la Nación por tratarse de una actividad nuclear.
Beteló dijo en cambio que le preocupa la falta de referencias sobre la situación del humedal "que está contaminado", y que le permiten a la CNEA "seguir usándolo, sin exigir remediación".
Ana Wieman, de Arbol de Pie, lamentó que la secretaría de Ambiente tampoco se haya hecho eco de lo planteado por esa entidad para que haya una auditoría ambiental exhaustiva y un seguimiento epidemiológico de la población cercana a la planta.
Betelú admitió que ese punto fue planteado con claridad en la audiencia "y la resolución debió contestarlo". Señaló que la acción de amparo no está concluida y que piensa insistir "con lo que quedó mal, especialmente en relación al humedal".
