Próximamente se iniciará en la Comisión de Minería y Energía del Senado, el debate de la medida que busca que los consumidores puedan cancelar un menor precio por la energía, en aquellas comunas donde ésta es producida. 

La propuesta, anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet en su mensaje del 21 de mayo, apunta a modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para generar situaciones de mayor equidad en el consumo. 

Para explicar de mejor manera a la población los objetivos perseguidos por la norma, el Senado elaboró una guía de preguntas y respuestas que reproducimos a continuación: 

¿Cuál es el problema que se busca solucionar? 

En la actualidad existe una evidente y considerable dispersión en las tarifas eléctricas residenciales a lo largo de nuestro territorio. Por ejemplo, una cuenta de 180 kwh/mes fluctúa entre $16.335 en las comunas que menos pagan, hasta $28.754 en las comunas que más pagan, es decir, existe una diferencia del 76%. 

Diferencias de esta magnitud no se observan en otros mercados interconectados, lo que es aún más llamativo considerando que los cargos por generación y transmisión en las tarifas eléctricas no difieren a lo largo del país. Asimismo, se da la paradoja que comunas intensivas en generación eléctrica tienen tarifas mucho más elevadas que comunas donde no existe dicha generación. 

¿Qué factores intervienen en el cálculo de precios? 

La tarifa eléctrica a nivel residencial es una tarifa regulada por ley, la que se construye en base a los precios a nivel de generación y transmisión, a lo que se le suman cargos por distribución. 

Existe lo que se conoce como precio del Nudo promedio. En virtud de él, si una empresa distribuida gasta en promedio más del 5% del precio promedio en el que incurre el Sistema Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), el resto de las distribuidoras absorbe el excedente. Eso influye en el costo de la distribución de la energía. 

En cuanto a transmisión, la estructura de precios a nivel de distribución, considera un cargo único de uso de la transmisión troncal, por lo que no debería haber diferencias. Sin embargo, en la práctica sí las hay debido a que el valor varía en función de la densidad poblacional. 

¿Cuál es el problema con estas diferencias de tarifas? 

Si bien las diferencias de precios en las tarifas eléctricas entre comunas responden en parte a factores económicos objetivos, las diferencias que se observan son muy elevadas y no necesariamente dan cuenta de otro tipo de externalidades. 

¿Cuáles son los objetivos del proyecto? 

Busca disminuir las tarifas de los clientes regulados en aquellas comunas que posean centrales de generación de energía eléctrica, y acotar las diferencias de tarifas eléctricas residenciales entre las distintas zonas del país. Así se crean dos conceptos: Reconocimiento de la Generación Local (RGL) y Equidad Tarifaria Residencial (ETR). 

¿En qué se traduce el reconocimiento de la generación local? 

En un descuento –de hasta en un 50%- en el componente de energía de las tarifas reguladas (no sólo las residenciales) de las comunas intensivas en generación eléctrica, el que será asumido por aquellos usuarios de comunas que no son consideradas como intensivas en generación. 

¿Cómo será la equidad tarifaria residencial? 

Una vez que entre a operar, la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta más alta no debería superar un 10% del primero. 

59 comunas del país podrían ver reducidas sus tarifas eléctricas entre un 2,54% y 19,6%, dependiendo de la relación entre la capacidad instalada de generación que exista en dicha comuna y su número de clientes regulados. 

La variación de las cuentas a nivel país, considerando una cuenta de 180 kwh/mes, podría fluctuar entre $16.959 y $21.968, versus la actual diferencia que va entre $16.335 y $28.754. 

El efecto combinado de ambas medidas implicaría una disminución de tarifas en 238 comunas del total de 329 interconectadas a alguno de los sistemas eléctricos (SING, SIC, Aysén, Magallanes, Hornopirén y Cochamó) con disminución de tarifas que irían desde el 0,3% hasta el 44,1%. 

Cada generación que ha pasado por la Tierra desde el siglo XVI ha generado y consumido más energía que su predecesora, concluyó un análisis del crecimiento energético y poblacional, realizado por expertos de la U. de Nebraska-Lincoln (EE.UU.).

En Chile, si bien el crecimiento de la población no ha sido explosivo, la demanda de energía sí ha estado creciendo a medida que el país se acerca al desarrollo. 

Nuestro país lidera en uso de energía en Latinoamérica y, en el caso de la electricidad, según datos de Cepal, si en 1970 el consumo per cápita era 660 kWh (kilowatt por hora) en 2014 (según el Banco Mundial) llegaba a 3.793 kWh. Mientras, el promedio regional era cercano a la mitad. Comparado con los desarrollados, no obstante, aún estamos entre un tercio y un quinto más bajo que un habitante de esos países, dice María Isabel González, gerenta general de la consultora Energética.

A nivel nacional, según el balance  del Ministerio de Energía, entre 1990 y 2013 el consumo de electricidad creció 319,1% (desde 16.431 GWh a 68.866 GWh). No existe un registro oficial previo a ese año. A nivel residencial, pasamos de 5.258 GWh a 10.868 GWh entre 1997 y 2013. 

Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), explica que el alza está asociada al crecimiento económico. “Es difícil hacer comparaciones, porque depende de la estructura productiva de los países. Un país minero, como Chile, consumirá más energía que uno cuya economía está basada en servicios. Otro aspecto relevante a considerar son las políticas de eficiencia energética que demuestran -en países desarrollados- que la relación entre crecimiento y consumo de energía se puede desacoplar”, dice.

Separar el uso de la energía del crecimiento económico en Chile significaría también bajar las emisiones de CO2. Esa idea es, de hecho, uno de los impactos que la propuesta chilena para bajar emisiones (que deberá presentar ante la ONU) pretende lograr al comprometerse a disminuir un máximo de 40% a 45% al 2030.

Hacia el desarrollo

Víctor Hinojosa, académico de Ingeniería Eléctrica de la U. Técnica Federico Santa María, concuerda con que en Chile el crecimiento del uso de la energía está asociado al producto interno bruto (PIB), por lo que si continúa este crecimiento, la demanda energética debería seguir en alza. “No necesariamente al mismo ritmo, porque a veces el gobierno toma medidas que regulan el crecimiento de la demanda y puede tomar medidas para disminuir el ritmo de crecimiento de la demanda”, dice. Como el uso de ampolletas eficientes.

“Efectivamente la demanda por energía ha subido acorde con nuestro crecimiento económico y eso es lo usual en países en desarrollo”, dice González. “Si bien la población no crece en forma importante, el consumo per capita aumenta en la medida en que mejora la calidad de vida. Más personas tienen acceso a contar con electrodomésticos. Los consumos industriales también aumentan cuando aumenta la sofisticación de los procesos”, agrega.

González sostiene que debido a la condición de país minero eso es más relevante. “Si nos comparamos con Nueva Zelandia, su consumo per capita es casi tres veces el nuestro. Esto significa que cuando lleguemos a tener un ingreso per capita como el de ellos nuestro consumo será mucho mayor. Un gran desafío es poder abastecer esa creciente demanda, lo que no ha sido ni será fácil dado la oposición de grupos ambientales a los grandes proyectos de generación”.

Romero indica que para este año la demanda total de clientes regulados (cuya potencia conectada es inferior a 500 kW) en el Sistema Interconectado Central (SIC) está estimada en 32.275 GWh y a 1.872 GWh en el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande), en total, unos 34.852 GWh. “A futuro, se espera un alza anual entre el 4% y el 3,5% desde el presente año hacia el 2030, cuando estimamos llegue a los 59.026 GWh, es decir, un alza total del orden del 85,5%”, asegura. 

En el caso de los clientes libres (cuya potencia es de al menos 500 kW), al 2015 se espera una demanda en torno a los 18.799 GWh en el SIC y de 36.193 GWh hacia el 2030 (92,5%). En el caso del SING, se estiman 14.903 GWh para este y 32.703 GWh hacia el 2030 (119%). En total, en 15 años, sólo en esos sistemas la demanda superará los 120.000 GWh.

Pese a ello, Romero dice que sí será posible responder a la demanda. Dos veces al año, explica, la CNE analiza en su “Informe Técnico Definitivo de fijación de Precio de Nudo de Corto Plazo”, la proyección de la demanda y, a partir de ella, crea un plan indicativo de obras de generación a fin de cubrirla. “Según los últimos informes, no tendríamos problemas para responder a la demanda”, asegura.

Inseguridad 

Hinojosa dice que responder a la demanda depende tanto de la matriz energética que proponga el gobierno como de los privados, pues si bien los últimos entregan la energía, es el primero el que debe garantizar las condiciones para que se desarrollen dichos proyectos. “Últimamente ha pasado que el gobierno ha intervenido en esos estudios (de impacto ambiental). La central térmica Castilla, por ejemplo, es un caso muy especial donde por razones sociales se decidió cancelar un proyecto, o Hidroaysén”. Dado que el sistema es privado, sostiene, el gobierno lo único que puede hacer es regular definiendo políticas claras y transparentes, “de otra manera las empresas privadas podrían percibir mucho riesgo e inseguridad”.

Patricio Segura, presidente de la Corporación privada para el desarrollo de Aysén, opositora a Hidroaysén, dice que el enfoque es equivocado. “La pregunta no es cómo satisfacemos esa insostenible demanda de energía, sino cómo reducimos su aumento progresivo”, desacoplando el crecimiento a la demanda.

Según Segura no es la protesta social la responsable de que no se desarrollen proyectos para generación. “Son los empresarios y el Estado que al tratar de imponerlos a contrapelo de las vocaciones de los territorios, cometen el error”. Lo ideal, dice, sería pensar en proyectos de bajo impacto, en todo el país y donde cada persona, comunidad o pequeña empresa pueda generar y entregar energía al sistema.