(POR ELEONORA GOSMAN) Presionado por su futuro económico, el grupo Camargo Correa, uno de los 20 mayores holdings brasileños, pactó el viernes pasado un “perdón” del consejo de defensa económica de Brasil (CADE), que lo habilita a presentarse en licitaciones del Estado. La condición para ese “acuerdo de indulgencia” fue delatar, con pruebas concretas, el esquema de cartelización montado entre varios grupos empresariales para la construcción de la central nuclear Angra 3.
Este modelo de delación fue y es amparado, en los hechos, por el gobierno de Dilma Rousseff. La razón es simple: la presidenta de Brasil reveló que la acción policial y judicial sobre la corrupción en Petrobras costó ya 1% del producto bruto del país, equivalente a unos US$20.000 millones. Esa evaluación presidencial, que fue explicitada ante 12 ministros, representa lo que se perdió entre obras suspendidas en la petrolera y empresas que actuaban en ese ámbito y que debieron paralizar los trabajos. Según Rousseff, la “inestabilidad política” contribuyó a empeorar la crisis empresarial alrededor de la estatal.
Lo cierto es que el gobierno ya había defendido ante la Cámara de Diputados la necesidad de adoptar esos pactos. Le tocó al abogado general de la Unión (AGU) Luis Adams quien defendió esa clase de arreglos ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo en la petrolera estatal.
En ese contexto, Camargo Correa optó por confesar su participación en licitaciones que fueron “ganadas” a cambio de pagar coimas. Es el caso de las obras de Angra 3, la tercera usina nuclear, donde las constructoras brasileñas consiguieron, en conjunto, contratos de más de 1.000 millones de dólares. Las otras involucradas son Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvao, EBE, la subsidiaria Techint y UTC. La compañía “delatora” también dio los nombres de 22 ejecutivos de esas firmas que participaron directamente en el pago de las coimas a cambio de ventajas para el consorcio Angramon en el que estaban asociadas.
En el relato de la Camargo, Odebrecht y UTC tenían un papel dominante en el cartel de Angra 3. Sus representantes negociaban directamente con Eletronuclear, la estatal que opera las dos atómicas en funcionamiento: Angra 1 y 2. El contacto, reveló la constructora, era el director de la empresa, el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, preso desde hace una semana, y parte de los recursos tenían como destino alimentar las arcas del Partido del Movimiento Democrático brasileño (PMDB). Esta agrupación forma parte de la coalición oficialista que sustenta el gobierno de Rousseff. Pero está también integrada por el “neo opositor” Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y por el también filo opositor Renan Calheiros, titular del Senado. Ambos están mencionados entre los políticos que recibieron “beneficios” de los ex directores de Petrobras que formaban parte de la banda de coimeros.
De acuerdo con el testimonio del ex presidente de Camarago Correa, Dalton Avancini, había un “compromiso” de aportar 1% del valor de los contratos al PMDB.
Hasta ahora, se supo de las escandalosas coimas pagadas a ex gerentes de Petrobras a partir de realizar 16 operaciones policiales, que derivaron en 160 investigaciones, 96 órdenes de prisión, 28 denuncias y 30 condenas. Todas estas iniciativas fueron realizadas por fiscales de Curitiba bajo el comando del juez federal Sergio Moro. Sin embargo, ese equipo dejó puntas al descubierto en las que prefirieron no ahondar. Es el caso de obras realizadas en Minas Gerais, bajo el gobierno de Aécio Neves, el candidato derrotado por Dilma en las presidenciales del año pasado. Archivos encontrados en las oficinas del ex presidente de Camargo Correa sugieren los mismos delitos de cartelización observados en la petrolera estatal y en Angra 3. Neves es un senador que lidera la oposición a Rousseff.
Con todo, Camargo Correa solo se limitó a denunciar, como empresa, el esquema ilegal montado para el caso de Angra. Según el comunicado de esta constructora, “las informaciones y documentos presentados a las autoridades (de la CADE) son fruto de investigaciones internas, conducidas por la compañía, con la ayuda de especialistas externos y forenses independientes”. En esa circular, garantizó su “compromiso de colaborar con las investigaciones, como también de mantener los esfuerzos de mejorar los mecanismos internos de compliance”.
Los tentáculos de la corrupción alcanzan los puntos más recónditos de la administración pública en Brasil. El Petrolao ya no sólo abarca a Petrobras, sino que también a las estatales Eletrobras y Eletronuclear. Diputados, senadores y directivos de esas compañías están en la mira del juez federal Sergio Moro, quien comparó esta semana el Lava Jato con el Mani Pulite italiano. El operativo apunta contra 494 personas y empresas, acusadas por corrupción, lavado de dinero, asociación ilícita, crímenes contra el sistema financiero brasileño y tráfico de drogas.
“La corrupción en Brasil es endémica y está en proceso de metástasis”, declaró el fiscal del Ministerio Público Federal, Athayde Ribeiro Costa, confirmando la multiplicidad de los ilícitos. Lo hizo al anunciar este martes la detención de Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex presidente de Eletronuclear, la empresa estatal de energía eléctrica. Con esa aprehensión, la Justicia brasileña inició el Operativo Radioactividad, extendiendo la investigación de Petrobras a otras empresas estatales y al programa nuclear. El militar retirado fue acusado de cobrar coimas por la construcción de la usina nuclear Angra 3. En ese operativo, también fue interrogado Ricardo Ourique Marques, director de Techint Ingeniería en Brasil, que integró el consorcio a cargo de la obra.
La corrupción está tan extendida que siete de las diez más grandes obras públicas del Programa de Aceleración Económica (PAC), inaugurado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y continuado por su sucesora, Dilma Rousseff, son investigadas por el juez Moro. Entre ellas, están Angra 3 y la usina hidroeléctrica de Belo Monte, por la que apuntaron contra Adhemar Palocci, hermano del ex ministro y jefe de gabinete, Antonio Palocci. Además, figuran cinco emprendimientos de Petrobras: el Complejo Petroquímico de Río (Comperj), el programa de exploración del pré-sal que busca yacimientos petrolíferos off shore, y las refinerías Abreu e Lima, Getúlio Vargas y Premium 1. La Justicia sospecha que en todas ellas hubo cartelización de las constructoras y sobornos para quedarse con las obras.
Ricardo Ismael, profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, cree que hay factores institucionales, judiciales y políticos que explican por qué la corrupción se extendió a todo el Estado brasileño. “En primer lugar, fallan los mecanismos de controles institucionales, que tendrían que auditar el gasto público –explicó a PERFIL–. El segundo aspecto es la impunidad que hay tradicionalmente en Brasil. Estos crímenes involucran a muchos políticos, pero pocos terminan en prisión. Y, el tercer factor, es que ni el gobierno ni los partidos de izquierda toman la bandera de la lucha contra la corrupción, como tampoco hablan mucho sobre la cuestión republicana. Ellos minimizan estos casos, cuando se trata de algo importante para el dinero del contribuyente”.
El Estado brasileño recuperó ayer 42,1 millones de dólares, que habían sido desviados de Petrobras por la red de corrupción destapada hace poco más de un año. Ese dinero forma parte de los 2 mil millones de dólares que se fugaron de la petrolera estatal y fue entregado por el Ministerio Público, tras llegar a un acuerdo con dos de los acusados.
El escándalo volvió a resurgir ayer, cuando una de las abogadas de los presos del Petrolao renunció, tras denunciar amenazas. “No recibí amenazas directas, pero sí indirectas, que llegaron de una forma velada”, declaró Beatriz Catta Preta, quien insinuó que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, podría ser el responsable de esos hechos.
El instituto que dirige el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció ayer que su sede fue objeto de “un ataque político con un artefacto explosivo”, en el que “felizmente no hubo heridos”. “El objeto fue lanzado contra el edificio del instituto desde un automóvil”, informó en un comunicado.
El episodio sucedió el jueves por la noche. Aunque la nota no aclaró si el artefacto causó daños materiales, la prensa informó que rompió una de las puertas de aluminio que tiene el local ubicado en el barrio paulista de Ipiranga.
El comunicado de dos párrafos, deseó que “los responsables sean identificados y castigados”.
El episodio policial ocurrió en momentos en que la Justicia también apunta contra Lula, a quien imputó recientemente por presunto tráfico de influencias. Según la fiscalía, habría facilitado préstamos del Bndes a Odebrecht e hizo lobby a favor de la compañía en Venezuela, República Dominicana y Cuba.
