El conflicto territorial recrudeció en el corazón de Vaca Muerta. Ayer un encuentro entre funcionarios provinciales y representantes de la Confederación Mapuche acordó una tregua y terminó con más de 36 horas de protestas y bloqueos en el yacimiento Loma Campana, que opera YPF en asociación con Chevron. La diferencia de miles de hectáreas en el mapa definitivo marcan la disputa.
Desde la petrolera nacional confirmaron que pasadas las 17:30 de ayer se levantaron los puntos de protestas que habían jaqueado parte de la segunda área productiva del país. También reconocieron que las medidas de los integrantes de la comunidad mapuche generaron pérdidas millonarias al paralizar 5 equipos de perforación y 2 de pulling, poniendo riesgo 10.000 barriles de petróleo y 1,5 millones de mv de gas.
Del encuentro participó el secretario de Coordinación del Interior del gobierno provincial Jorge Lara junto a su equipo. Por la Confederación estuvo Jorge Nahuel y otros miembros. La reunión, que se extendió por más de tres horas, se realizó con la intervención del fiscal General, José Geréz, quien recibió a las partes en las oficinas del Ministerio Púlico Fiscal.
Allí los representantes de la comunidad reclamaron la entrega de la carpeta con los resultados de los trabajo de relevamiento de tierras que obliga a realizar el Relevamiento Territorial de Pueblos Indígenas (Ley 26160). El compromiso que consiguió la tregua fue la entrega del mapa –sobre el que se trabajó al menos 10 meses– el próximo viernes y una posterior reunión el miércoles 5 de agosto.
Las diferencias
Pero las fechas parecen ser lo único sobre lo que hay acuerdo. Desde allí parten las diferencias y se tejen las versiones sobre los resultados de lo relevado y las expectativas de la comunidad Campo Maripe.
El terreno total que se discute es de 15.000 hectáreas en la zona de Añelo, en el centro de los desarrollos de Vaca Muerta, y lo que a priori confirmaron fuentes de las negociaciones es que el relevamiento –llevado a cabo por antropólogos y profesionales del gobierno– arroja diferencias interpretativas a ambos costados.
Fuentes del gobierno sostienen que al menos la mitad del espacio relevado incluye campos cuyos propietarios tienen títulos que acreditan la propiedad, otros con tenencias precaria y algunos con derechos de pastoreo.
En la dirección opuesta, desde la Confederación sostienen que el estudio arroja, incluso, la existencia de tierras privadas que estarían dentro del mapa que le correspondería a los Campo Maripe y que se deberían expropiar.
El relevamiento sólo se trata del trámite administrativo que delimita el mapa de la ocupación actual de tierras. Si bien tiene en cuenta la base histórica, el análisis se enfoca en el uso actual que se le da con animales y prácticas agropecuarias.
El bloqueo y la toma de equipos por parte de la comunidad mapuche Campo Maripe en el yacimiento Loma Campana que opera YPF determinó pérdidas millonarias equivalentes a 10 mil barriles de petróleo, lo que implica el 20 por ciento de la producción diaria.
Según se indicó desde la petrolera bajo control estatal, la situación en el lugar volvió a la normalidad ayer por la tarde, tras poco más de 36 horas de tensión en las que se generaron trastornos para los operarios de la petrolera y una situación de riesgo en cuanto a la seguridad, tanto para ellos como para los manifestantes que se acercaron hasta el lugar.
Integrantes de la comunidad mapuche habían iniciado la protesta con el bloqueo al yacimiento el martes a la mañana y, luego, por la tarde, paralización cinco equipos de perforación y dos de pulling, aduciendo que las empresas YPF y Chevron “avanzan sobre sus tierras”. Desde la petrolera nacional se salió al cruce del reclamo al asegurar que la medida “viola los acuerdos de paz social vigentes”, al tiempo que se indicó que los promotores de estas acciones no defienden intereses de una comunidad sino de “particulares”, y que los argumentos que exponen para llevar adelante estas medidas, especialmente los referidos al relevamiento territorial, son una excusa.
Los Maripe desistieron de su actitud luego de una reunión que mantuvieron con los funcionarios provinciales Jorge Lara y Gabriel Gastaminza. Sin embargo, nada indica que no vuelvan a insistir en sus reclamos con medidas de fuerza, ya que ni el dinero que les gira de manera mensual YPF para el financiamiento de emprendimientos productivos, como así tampoco el monitoreo ambiental del estado de las tierras que, aseguran, son de su propiedad, parece conformarlos.
Piden solución
“Conductas y acciones como las que encabezan estos dirigentes impactan en forma directa y afectan seriamente las decisiones de inversión de la empresa. Por esa razón, YPF considera necesario que se ponga fin a este tipo de actitudes contrarias a los intereses del país que hoy, en un contexto internacional complejo, necesita del esfuerzo de todos los actores para lograr el autoabastecimiento energético”, informó ayer la empresa petrolera en un comunicado de prensa.
