Son muchos los puntos dentro de la reforma tributaria que generan incertidumbre en el sector privado. Por el lado de la minería, uno de los principales es la denominada “trazabilidad minera”, figura que facultará al Servicio Nacional de Aduanas y a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) a fiscalizar de mejor manera la evasión tributaria en el envío de las mineras, imponiendo multas para quienes no declaren los montos y la calidad reales del mineral.

En este escenario, ayer el gobierno informó que realizará un período de marcha blanca del proceso hasta fin de año, para que los contribuyentes puedan adecuarse a las nuevas normas de envío de información. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, detalló que la actual administración realizará dos nuevos llamados para que los contribuyentes envíen la información correcta del precio, cantidad y calidad del mineral exportado, para así evitar eventuales multas.

Según el diseño original, las sanciones comenzaban a cursarse a partir de agosto. La marcha blanca durará hasta fines de este año.

“No queremos cursar más multas, queremos simplemente que tengamos la información correcta de lo que se está exportando y la cantidad que se está exportando. A todo aquel que cumple con la Ley -y creo que es la inmensa mayoría de los chilenos que quieren pagar en forma correcta sus tributos- queremos facilitarles ese proceso”, aseguró el subsecretario, en el marco de un seminario en la materia organizado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)

La autoridad precisó que la marcha blanca consistirá en exigir toda la información que se debe requerir, asociada a los valores de exportación que tiene cada uno de los embarques. En una primera etapa, si es que hay algún retraso en el envío de estos antecedentes, se hará segundo un llamado al exportador de forma de no generar una multa innecesaria.

“Si sigue habiendo carencia de la información de aquí a fin de año, se le aplicará el mínimo de las multas”, reveló.

El diagnóstico del Ejecutivo
En la actualidad, Aduanas y Cochilco son los encargados de fiscalizar el correcto pago de los impuestos para la salida de productos mineros.

Sin embargo, según el diagnóstico del Ejecutivo, se estaría abriendo un eventual foco de evasión debido a que determinados productores mineros estarían subdeclarando la cantidad, la calidad y el precio de los envíos, redundando en menores tributos a pagar.

Con la reforma, se faculta a ambos fiscalizadores a cursar multas para los contribuyentes que se atrasen en el envío de la información.

Las multas ascienden desde 2% hasta el 10% del valor. Esto último en caso de reincidencia.