Temores. Decano Alfredo Álvarez no sólo advierte posibles impactos ambientales, también critica a una legislación poco transparente que le permitiría a Southern explotar oro.
verdes cultivos. En el valle de Tambo se siembra principalmente arroz, que es vendido al sur del país y al extranjero.
Jonathan Bárcena Carpio. Arequipa.
Para el decano del Colegio de Abogados, Alfredo Álvarez Díaz, el proyecto minero Tía María es inviable en las actuales condiciones. Sostuvo que conforme a las leyes que regulan la minería y dan luz verde al proyecto minero (al menos al Estudio de Impacto Ambiental- EIA) crean un clima de desconfianza e incertidumbre.
Álvarez estima que con la explotación del proyecto minero, habrá un alto costo social por pérdidas en la agricultura del valle de Tambo. El decano de Abogados está convencido que la actividad minera provocará irremediablemente daño ambiental, eso incidirá en la producción agrícola y depreciación de los terrenos. Habrá contaminación de suelos, también en el río Tambo y el mar, predice el letrado.
Álvarez advierte vacíos en la Ley General de Minería, y es visible en el caso Tía María. Southern realizó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación del cobre, sin embargo, en los yacimientos La Tapada y Tía María hay otros minerales como oro. Esto lo ha confirmado la empresa de capitales mexicanos.
"Si bien es cierto Southern reconoció que explotará el cobre, más no el oro, no existe ninguna garantía que esto no suceda a futuro. En el EIA no está tampoco. En este caso, tratándose de lo que dice la norma, la empresa ya no requerirá de un nuevo EIA, y si quiere empezar a explotar el metal dorado, solo debe presentar un informe al Ministerio de Energía y Minas anunciando que ampliará sus operaciones, así está en las normas", dijo.
Cambio en la ley
Álvarez Díaz sostiene que debe haber un cambio en la ley para que el Estado participe de la explotación minera y obtenga mejores ingresos. Esos dineros podrían reducir los impactos que se generan en la población.
"Proponemos un nuevo modelo en el que el Estado participe de la explotación de los recursos con capitales mixtos o asociados y que la utilidad para el Estado no sea menor al 50%, además de regalías, canon y demás impuestos que se tengan que entregar. Lo vamos a plantear como Colegio de Abogados", especificó.
El decano considera que lo que se recibe como canon es insuficiente para mitigar los pasivos ambientales que deja toda explotación minera.
