En un hecho nada frecuente en Brasil, ayer la Policía Federal detuvo a un oficial de altísima graduación de la Marina. Se trata del vicealmirante Othon Pinheiro da Silva que preside la empresa Eletronuclear, operadora de las centrales nucleares Angra I y II. Su prisión “temporaria” fue autorizada por el juez Sergio Moro, quien también puso detrás de las rejas al ejecutivo de Andrade Gutiérrez Ingeniería, Flavio David Barra. Sobre el marino (jubilado), que comanda una estatal de tecnología ultrasensible para Brasil, recae la sospecha de haber recibido coimas por 1,5 millón de dólares.
Bautizado “Operación Radioactividad”, por estar involucradas centrales atómicas, el nuevo caso deriva de otro escándalo resonante: las coimas en Petrobras. Un empresario preso, Dalton Avancini, que aceptó negociar su libertad a cambio de delatar el esquema de coimas en la petrolera estatal, fue quien sembró las desconfianzas sobre un esquema similar montado en Eletronuclear. La Policía afirmó ayer que pone su foco en el proyecto de la tercera usina atómica Angra III, todavía en construcción.
Ayer, varias sedes empresariales fueron allanadas y sus ejecutivos llevados a declarar ante la Policía. Entre ellos figura Ricardo Ouriques Marques, de Techint Engenheria. La firma, que es subsidiaria de la argentina Techint, participa del consorcio Angramon contratado para obras en la tercera central. Las otras empresas que lo integran son: UTC Engenheria, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvao.
Todas los grupos brasileños fueron también parte del caso Petrobras. Y sus actividades non santas fueron reveladas por testimonios de directivos empresariales que se acogieron a la delación premiada para reducir el tiempo de las penas de prisión. Lo cierto es que los fiscales de Curitiba dedicados a esta nueva investigación descubrieron que el consorcio Angramon venció en una licitación en Angra III gracias al “redireccionamiento” inducido por la cúpula de la estatal Eletronuclear para que ese grupo empresarial resultara victorioso. A cambio de ese resultado exitoso, la Andrade Gutierrez habría pagado coimas, entre 2009 y 2014, por medio de firmas intermediarias a una empresa propiedad de Pinheiro da Silva.
El marino Pinheiro da Silva alcanzó al grado de vicealmirante en el cuerpo de ingenieros y técnicos navales. Fue parte también del staff del Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares (IPEN), un instituto que en los años de la dictadura militar se dedicó al desarrollo del enriquecimiento de uranio. Se había alejado provisoriamente de la empresa atómica a fines de abril último cuando surgieron las primeras noticias sobre este nuevo foco de enriquecimiento ilícito, hasta que ayer el juez Moro decretó su prisión por 5 días, con opción a cinco más.
El magistrado afirmó que existirían pruebas sobre “pagos voluminosos” del Consorcio Angramon a la firma Aratec, propiedad del vicealmirante. “Aratec recibió pagos de las constructoras Andrade Gutierrez y Engevix” sostuvo el juez federal de Curitiba. Según el fiscal Athayde Ribeiro Costa, esto delata una “corrupción endémica” que continuó activa aun cuando ya se estaba en pleno proceso de denuncias sobre Petrobras. Según la Policía Federal brasileña, este es apenas el comienzo de un operativo que debe proyectarse a todo el sector eléctrico. Es más: si bien los sabuesos están abocados por ahora a Angra III, hay indicios de que el mismo esquema se habría utilizado en licitaciones de Angra II.
El Consorcio Angramon negó haber pagado coimas a los directivos de Eletronuclear. Informó que el contrato celebrado entre la estatal y los privados “fue ejecutado rigurosamente dentro de la legislación y aprobado por todos los órganos competentes”. Sostuvo también que las reglas de competencia fueron “divulgadas en audiencia pública realizada en 2009. Y el proceso licitatorio ocurrió como lo establecen las normas de la administración pública”.
En Buenos Aires Techint emitió un comunicado donde señala que sus oficinas en San Pablo fueron “objeto de una requisa judicial, en búsqueda de información”. La constructora Queiroz Galvao negó el pago de coimas a directivos de Eletronuclear a cambio de “obtener ventajas ilícitas”. Afirmó, también, que está cooperando con las autoridades policiales.
La sede en San Pablo de la empresa Techint Ingeniería y Construcción fue requisada ayer por la Policía Federal brasileña que investiga casos de corrupción en empresas estatales en ese país.
En ese marco, el director general de Techint Brasil, Ricardo Ourique Marques, fue llamado a prestar declararación en sede policial y una vez finalizado el testimonio el ejecutivo retornó a sus tareas habituales, según informó la empresa en un comunicado.
"Techint Ingeniería y Construcción suministró todas las informaciones que le fueran requeridas y permanece a disposición de las autoridades. La empresa reitera que cumple con la normativa internacional de gobierno corporativo y cumple estrictamente con la legislación brasileña", afirmaron.
Ourique Marques está entre la media docena de ejecutivos investigados como parte de la operación Lava Jato que comenzó como una investigación de pago de sobornos en Petrobras, pero se ha expandido hacia otras empresas estatales.
