El gobierno boliviano ha dado garantías a la japonesa Sumitomo para seguir operando en la mina más grande a tajo abierto y le aseguró que no tiene planes para nacionalizarla.

"Estoy acá para reafirmar el compromiso del gobierno de Bolivia con Sumitomo, para darle garantías. Somos socialistas pero los necesitamos a ustedes para que trabajen con nosotros y produzcan", dijo el vicepresidente Alvaro García durante una visita la víspera a mineros de la empresa San Cristobal, filial de la japonesa, que explota plata, plomo y zinc con tecnología de punta a 520 kilómetros al sur de La Paz cerca de la frontera con Chile.

García denuncio que grupos de manifestantes amenazaron con cortar el suministro de electricidad a la empresa y tomar la mina como parte de las protestas antigubernamentales en Potosí, la región a donde pertenece San Cristóbal. "El gobierno no lo va a permitir", dijo.

En casi una década en el poder, el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y algunas empresas mineras que estaban operadas por transnacionales, pero en los últimos años se acercó a las extranjeras para alentarles a que inviertan ante un bajo nivel de inversiones privadas. "Ojalá vengan más, necesitamos dos o tres San Cristóbal", dijo García. Cerca de mil obreros laboran en esa compañía.

En el área de hidrocarburos, la principal industria del país, el gobierno aprobó más incentivos a las petroleras y abrió los parques nacionales protegidos a la exploración de nuevos yacimientos de gas y petróleo para aumentar las reservas en declive. El Estado está privilegiando las inversiones públicas en hidrocarburos no así en minería a la espera de interesar a las privadas.
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