Por: Luis Eduardo Faren
El anuncio de la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, de que Southern Copper probablemente amplíe la suspensión de Tía María, aumenta la incertidumbre sobre si el proyecto minero finalmente verá la luz. El proyecto ya fue suspendido por primera vez en el 2011, luego de que el Estado rechazara su primer estudio de impacto ambiental (EIA). Si bien el nuevo EIA fue aprobado, el proyecto atraviesa una vez más rechazo de una parte de la población, por factores económicos, ambientales y políticos.
Si Tía María es suspendido de manera indefinida, se sumaría a una serie de proyectos paralizados, como Conga, Santa Ana, y Río Blanco, cuya inversión total –sumada la de Tía María– alcanza por lo menos US$7,200 millones. Pero el impacto económico de que estos proyectos no se ejecuten va mucho más allá que el gasto de capital inicial.
Si Tía María no se construye, se dejarán de producir 120,000 TM de cobre –casi el 10% de la producción nacional de cobre en el 2014– y se perderían exportaciones mineras por US$660 millones anuales, casi el 3% de las exportaciones mineras en el 2014.
Por otro lado, Arequipa dejaría de recibir cerca de S/.300 millones anuales de canon. Este monto hubiera aumentado el presupuesto de inversión pública de la región en 19%. La región podría incrementar en 72% su presupuesto en educación o en 89% su presupuesto de salud.
Tía María cobra aún más importancia en un contexto de caída de los precios de los metales, pues en el mediano plazo no hay nuevos proyectos grandes más allá de los que ya están en construcción –Las Basmbas y la ampliación de Cerro Verde–. Con la suspensión de Tía María, se perdería el proyecto más grande previsto para los siguientes años.
Este proyecto, suspendido de manera indefinida, es el conflicto social más emblemático de este gobierno. A finales de julio del 2011, los directorios de Newmont y Buenaventura aprobaron el financiamiento del proyecto ubicado en Cajamarca. La inversión estimada en ese entonces era de US$4,800 millones.
La producción de oro oscilará entre 300,000 y 350,000 onzas de oro y la de cobre entre 80,000 y 120,000 toneladas de cobre. El valor de las exportaciones de la mina hubiera sido de US$1,270 millones anuales, casi el 6% de las exportaciones mineras del 2014. Además, la región dejará de recibir aproximadamente S/.500 millones, lo que hubiera permitido aumentar su presupuesto público en 38%, su presupuesto en educación en 69%, o duplicar el de salud.
Si bien la actividad minera continuará en Conga, la producción será cada vez menor debido a la maduración de la mina Yanacocha, que se acerca a su fase final y dejará de producir en los próximos años. También culminará la producción en las minas La Zanja y Tantahuatay –ambas de Buenaventura– en el 2015, y no hay otros grandes proyectos de inversión en marcha para los próximos años.
Uno de los casos más resaltantes de conflicto social del gobierno de García se dio en Puno. Este proyecto inicialmente gozaba de respaldo de las comunidades aledañas. Si bien surgió una cierta oposición entre los tenientes gobernadores de comunidades en el área de influencia de la mina, la protesta se tornó violenta sólo cuando se involucra el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur (FDRNZS), liderado por Walter Aduviri y cuyos reclamos centrales eran otros. De hecho, Aduviri no es natural de Chucuito –distrito donde está Santa Ana–, sino de otro que no estaba directamente afectado por la mina. La producción de este proyecto de plata sería alrededor de 5 millones de onzas anuales y requeriría una inversión de US$71 millones.
Si bien la minería de Puno tiene una pequeña participación en el sector minero – representa alrededor del 3% del PBI minero y de las exportaciones mineras–, la región recibe S/.177 millones de canon minero, que es equivalente al 4% de su presupuesto total. Este monto también representa el 17% de su presupuesto en educación o el 34% del presupuesto en salud.
“Proyecto minero de clase mundial. De desarrollarse, podría ubicarse entre las 20 minas de cobre más grandes del mundo”. Así describe el consorcio chino Zijin su proyecto Río Blanco, cuya inversión se estima entre US$1,000 y US$1,500 millones. Éste se encuentra ubicado en la provincia de Huancabamba (Piura) y se estima que sus depósitos de minerales serían de 1,257 millones de toneladas de cobre y 228 ppm de molibdeno.
Desde el 2004, este proyecto fue objeto de enfrentamiento entre la policía y pobladores de Huancabamba. Tras conflictos que dejaron muertos y heridos el proyecto se suspendió el 2009. Desde entonces, la empresa sólo ha mantenido una presencia limitada en la zona.
El proyecto cuenta con una capacidad de producción anual de 191,000 toneladas de cobre y 2,180 toneladas de molibdeno. El valor de las exportaciones estimado sería de US$1,100 millones, casi el 5% de las exportaciones mineras del 2014. Por otro lado, la región dejaría de recibir cerca de S/.90 millones en canon. Este monto habría aumentado su presupuesto en 7%. La región podría incrementar en 12% su presupuesto en educación o en 29% su presupuesto de salud.
