Por Miguel Flores / Especial para EE
La minería, entre agenda oficial y presión popular, sin duda ha tenido una relación amor-odio con Mendoza en los últimos 8 años. Y si bien la incertidumbre en torno a Potasio Río Colorado, la gran apuesta, en suspenso desde marzo de 2013, se extenderá hasta 2016 al ritmo del recambio de Gobierno, la última reunión de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) el viernes 17 de julio en San Juan, abrió una puerta a provincias que no terminan de adoptar una postura terminante.
La multinacional brasilera Vale acaba de cerrar un relevamiento de sus activos en la planta de Malargüe, donde prometía una inversión superior a los u$s 5.000 millones y ahora muy probablemente se reduzca 2/3 en busca del mejor postor para quedarse con el proyecto o sumarlo como socio capitalista.
Mientras, en San Juan, gobernadores de los Estados mineros, incluído el mendocino Pérez, captaron el fuerte respaldo de Daniel Scioli al futuro de la minería.
El propósito del sector privado de rediscutir la inconstitucionalidad de la ley provincial 7722 que regula a la minería metalífera en Mendoza, con aval de la Corte Suprema, es otra punta de iceberg. No es casual: tarde para conseguir algo de la gestión saliente, intentan marcar agenda a la administración Cornejo para 2016.
Tras participar del encuentro con un amplio arco de representantes de mineras y funcionarios, y tras poner como ejemplo al sanjuanino Gioja (“dió debate y logró quebrar mitos”) Scioli no dudó: “Si soy presidente, haré un gran desarrollo para que lleguen todos los millones de dólares que esta actividad atrae, más la generación de empleo. No voy a esperar, voy a salir al mundo a buscar las inversiones que Argentina
necesita".
Los que estuvieron en la reunión aseguran que hasta la ubicación de los gobernadores fue casi un símbolo de su mayor o menor distancia o compromiso con el impulso a la minería.
Más cerca de la fórmula oficialista Scioli- Zannini se situaron Eduardo Fellner (Jujuy), Lucía Corpacci (Catamarca); Luis Beder Herrera (La Rioja); Jorge Sapag (Neuquén); Alberto Weretilneck (Río Negro) y los electos Casas (La Rioja) y Bertone (Tierra del Fuego). Casi en un extremo, Francisco Pérez, el día en que se incorporaron a Ofemi Buenos Aires y Ushuaia.
Algunos representantes del sector en Mendoza lo leyeron así: “Esperábamos algo más. Pero verlo en esa ubicación dice mucho”, comentó uno de los asistentes en off the record, que adhirió al documento que la Cámara Argentina de Empresas Mineras entregó al propio Scioli en la ocasión.
Además de firmar la incorporación de Buenos Aires a la Ofemi, Scioli no dejó de recalcar que "la minería sustentable es parte de la gran agenda del desarrollo nacional, y pilar fundamental, al igual que la soberanía energética, la agroindustria, la ciencia, la tecnología y el turismo".
Si bien a la hora de enumerar proyectos con potencial exportador de las distintas regiones el ministro de Infraestructura, Julio de Vido, sólo rescató de Mendoza a Knauff, la fábrica de placas de yeso ubicada en Luján, fue el mismo Scioli quien no se privó de aludir, con Pérez presente, a la indefinición en torno a la política minera de Mendoza, que luego del rechazo de los proyectos de Hierro Indio y Cerro Amarillo, apenas expuso a Potasio Río Colorado. “Con o sin Vale”, como supo decir Pérez a poco de que la multinacional brasilera suspendiera el emprendimiento, sin ventajas impositivas para compensar el precio internacional del potasio en picada.
“Es importante incorporar a las universidades, a organismos técnicos y científicos, y organizaciones sociales al debate”, propuso Pérez sobre lo que viene. Pero el ministro de Energia, Marcos Zandomeni dejó una sentensentencia clara a EE. “Ya está judicializada la discusión de la ley, falta la definición política. Y deberá tomarla el próximo gobernador”.
La gran, y hasta ahora, única apuesta para generar un efecto arrastre para la minería en Mendoza, sigue sumida en la incertidumbre. Potasio cumplió 28 meses suspendido, y Vale se limita a “hacer los deberes” en el predio de Malargüe. Para evitar la caducidad, se exije un mantenimiento mínimo al que la matriz de Río de Janeiro se atiene para retomar la negociación que Cristina Fernández cortó de cuajo.
Luego de tercerizar el cuidado de la planta en manos de Techint, actualmente termina de cotizar sus activos (obra civil, equipamiento, línea férrea de 800 km, puerto en Bahía Blanca) para tasar el proyecto. ¿El objetivo? Sumar un socio capitalista que permita reactivarlo al menos a una escala menor (la pérdida de mercados para el potasio lo reduciría a 1/3 ), o directamente transferirlo. Para eso, el mes pasado el experto Ken Haddow, un ex ejecutivo de la inglesa Río Tinto (el iniciador de Potasio), hizo un relevamiento necesario a nivel de grandes operaciones de compraventa o fusión, previo al due-dilligence (investigación contable-jurídica antes de firmar). Sin dar detalles, la compañía confía en la fama de Haddow como “caza-inversores”.
“Las condiciones no estaban alineadas con el compromiso de mantener un ritmo de inversión y creación de valor. Vamos a seguir honrando los compromisos relativos a la concesión de Potasio Río Colorado, y también evaluando alternativas para mejorar resultados del proyecto a fin de determinar la perspectiva de una futura reactivación”, señaló en un comunicado Vale, que ya lanzó una nueva licitación para la evaluación de activos ambientales del orden de los $30.000.
Por su parte, la Secretaría de Energía de la Nación hizo recientemente una inspección para constatar el estado del complejo. De acuerdo a Cayetano Fusari, coordinador regional de Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino), y responsable de un informe técnico que incluye 1.000 tomas fotográficas como documento, “se pudo corroborar que no hay actividad productiva ni de construcción, sólo mantenimiento del lugar y los equipos, lo que incluye la inducción eléctrica de algunos motores para su conservación. Todo de acuerdo a la ley 24196 de Inversiones Mineras”.
Luego de reunirse con directivos de Vale, el ministro Zandomeni (foto) asumió que “si bien tenemos claro que la compañía esperará la asunción del próximo presidente de la Nación, el precio del potasio es una variable seria. Eso hace pensar que, aunque Vale factibilice el proyecto, la inversión será más pequeña, porque el mercado no justifica otra cosa”. Mientras, en las oficinas de la capital carioca tienen claro los números para la reactivación, sea cuando sea: de u$s 6.000 millones presupuestados originalmente, hasta 2013 había invertido u$s 1.200 millones que intentará conservar.
Los empresarios de CAEM aprovecharon el encuentro con Scioli- Zannini para presentar un petitorio de 10 puntos. En el, sindica a Mendoza por “discriminar” a la minería.
1- Revisión de las principales herramientas de la política económica: paridad peso-dólar, inflación, cepo cambiario, remesas de divisas, las DJAI, la suba de cargas tributarias, y sinceramiento de costos internos.
2- Impacto de las importaciones mineras versus exportaciones: Apoya la sustitución de importaciones, pero nunca afectando “plazos de entrega, calidad de los bienes o precios que afecten la competitividad”.
3- Respeto al Código de Minería: trabajar para que la industria lícita hoy prohibida en siete provincias, se desarrolle en todo el país. La seguridad jurídica como instrumento imprescindible para una actividad que demanda tiempos en exploración y desarrollos por varias décadas.
4- Mejor competitividad fiscal: las retenciones, inexistentes en países mineros, restringieron la inversión y devolución de impuestos en la etapa exploratoria para posibilitar reinversión y más descubrimientos. Un sólo proyecto de clase mundial que se detuvo por ese motivo, tributaría en Ganancias, más que todo lo que se recauda por retenciones.
5- Redistribución equitativa de la recaudación: a provincias y municipios donde se desarrolla la minería para un desarrollo sustentable.
6- Programas de gobierno claros: que expliciten políticas para la industria, fortalecimiento de controles participativos, aprovechamiento racional, seguridad laboral y estricto cuidado del medio ambiente.
7- Definición del rol del Estado, cuando se desalienta la inversión minera, por sumar a sus funciones de regulación y control, la participación estatal compulsiva en el negocio minero y la adopción de tributos de carácter inconstitucional.
8- Promover los beneficios de la industria minera. Diagramar una política de difusión entre el Gobierno, cámaras, sindicatos y empresas para desmitificar en la sociedad argentina prejuicios de la minería.
9- Fortalecimiento de un Acuerdo Federal Minero amplio: capaz de revertir la discriminación que la minería metalífera sufre en algunas provincias (Mendoza, Chubut, San Luis, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Tierra del Fuego), en abierta violación a la Constitución y al Código.
10- Consagrar la industria minera como política de Estado: honrando su carácter de utilidad pública. Se podría triplicar exportaciones y darle al país más divisas que los que ingresan por toda la Pampa Húmeda.
Los empresarios mineros siguen insistiendo con la posibilidad de que en Mendoza se desarrolle la actividad y salen a mostrar números para fundamentar su postura. En esta oportunidad quien habló con Radio Andina fue Mario Chaver, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, quien estimó en 1.200 millones de dólares por año la ganancia que podría tener la provincia.
En primer lugar, al ser consultado sobre el beneficio económico que la minería traería para Mendoza, Chaver estimó: “Son 1.200 millones de dólares por año para Mendoza en los primeros 5 años. Esto es chico con respecto a lo que hace Chile. Chile hoy está produciendo por sobre 10 mil millones de dólares solamente en el pedazo de cordillera que comparte con Mendoza”.
“Hay 6 proyectos mineros listos para terminar la etapa de exploración y comenzar a ser desarrollados. Nosotros estimamos entre 4 y 5 años para que esos 6 proyectos empiecen a producir. En 10 años podríamos llegar a 12 proyectos”, añadió Chaver en el programa Sin Verso.
“El potencial minero de Argentina es exactamente igual al de Chile, compartimos la misma cordillera. Chile en este momento produce más de 50 mil millones de dólares en productos minerales, cuando nosotros sólo producimos 4 mil millones de dólares. Tenemos un camino larguísimo por recorrer”, aseguró el empresario.
En tanto, Chaver también pidió “decisión política” en Mendoza para avanzar con la minería. “En las provincias argentinas que se desarrolló la minería se desarrolló con un fuerte liderazgo político. Mírenlo en San Juan, donde la minería convive con el resto de las actividades sin problemas”, aseveró.
Finalmente, en respuesta a los sectores que rechazan la minería por considerarla contaminante, el presidente de CAME opinó: “La minería paga todos los salarios en blanco, tiene las mejores ART y los mejores servicios médicos.Es cierto que la minería paga los mejores salarios”.
“No hay nadie que cuide el recurso agua como lo hace la minería. La minería consume muy poca agua. Por ejemplo en San Juan la minería consume solamente el 0,96% del agua disponible. La gran consumidora del agua es la agricultura, que consume por sobre el 92% del agua disponible y dilapida más del 50%”, dijo en Radio Andina 90.1.
Empresarios mineros reclamarán por la crisis del sector. La UCIM señaló su preocupación por los críticas a la ley 7722.
No hay forma de que la minería no genere contrapuntos y choques en Mendoza. Este lunes, la cámara que nuclea a empresarios mineros reclamará por la crisis que atraviesa el sector después de que se cayeran emprendimientos importantes en Mendoza. En tanto, desde la UCIM salieron a manifestar su preocupación por los pedidos para que se declare inconstitucional la ley 7722, que regula la actividad.
Los empresarios de la cámara de servicios mineros presentarán a las 11.30 a los medios un documento donde señalan que la situación del sector en Argentina es "gravísima".
Adelantan que la actividad "está herida de muerte por múltiples factores distorsionantes de la política económica de estos últimos 10 años", pero también le achacan culpas a la falta de gestión del gobierno nacional y provincial.
Según los empresarios, el desdoblamiento del tipo de cambio "con la enorme brecha entre el dólar oficial y el paralelo", la prohibición de importación de insumo, la imposibilidad de girar dividendos, entre otros, "impactan directamente en la operación de los proyectos y en el desaliento de las inversiones mineras".
El reclamo llega una semana después de un importante encuentro minero -“Seminario Internacional: Desarrollo Sustentable en la Minería”- en San Juan con una importante presencia política en medio de la campaña electoral. Entre otros, participaron el ministro de Infraestructura, Julio De Vido; el presidenciable Daniel Scioli; y por supuesto, los gobernadores Francisco Pérez y el anfitrión José Luis Gioja, junto a otros mandatarios provinciales.
Ese encuentro, organizado de hecho por la fundación para el Desarrollo Argentino -vinculada al sciolismo-, mostró la crisis que atraviesa el sector por la caída de proyectos importantes, entre otros, la suspensión de Pascua Lama en San Juan por un escándalo en Chile; el cierre del proyecto de Potasio-Río Colorado por la brasilera Vale -ubicado en Malargüe-; y el rechazo al proyecto de Hierro Indio -también en Malargüe- que tuvo fuertes encontronazos en la Legislatura mendocina el año pasado.
Las definiciones de Scioli
En este plano, Scioli ha manifestado que "la minería es clave para el desarrollo del país", en una de sus definiciones en las que no parece jugarse por nadie. El año pasado, indicó que el sector minero nacional "ha hecho su propia maduración en cuanto a ser consciente de que hay que encontrar un desarrollo sustentable", un discurso que de alguna manera no lo distancia demasiado de los cuestionamientos ambientalistas.
En San Juan, dijo esto atento al electorado de esa provincia y con guiño a Gioja: "Si soy presidente, haré un gran desarrollo para que lleguen todos los millones de dólares que esta actividad atrae, más la gran generación de empleo".
Lo que trascendió también es la posibilidad de que, si es elegido presidente, pueda bajar las retenciones que se cobran al sector, que es uno de los reclamos que se escuchó en el encuentro reciente en San Juan.
Pero aún más seductora fue la idea que se filtró en esa cumbre político-empresarial: la de de crear un ministerio de la Minería, tal como cuenta el diario El Tiempo, de la vecina provincia.
Scioli cuenta con el asesoramiento de Hugo Nielson, un ingeniero egresado de la Universidad Nacional de San Juan, un especialista con reputación y que está a cargo de los equipos técnicos en minería.
En Mendoza, Francisco Pérez no le fue para nada bien y su discurso tuvo que aggionarse a la coyuntura. Pero desde el ministerio de Energía consiguieron sentar a todos los actores en la misma mesa para discutir. Luego, llegó el fracaso de Hierro Indio en la Legislatura.
La defensa de la UCIM
Como reacción, otra cámara empresarial salió a cuestionar que se discuta la legitimidad de la ley 7722, que establece qué sustancias se pueden utilizar y cuáles no. Se trata de la UCIM, presidida por el hotelero Daniel Ariosto.
En un comunicado, la UCIM señaló su "preocupación y sorpresa" por los pedidos de algunos sectores de "conseguir que se declare inconstitucional", dicha norma.
"UCIM considera que esta Ley previene daños irreversibles sobre nuestro delicado ecosistema, en el cuál se han asentado, a lo largo de centurias, actividades productivas que han forjado la imagen de Mendoza y han contribuido a generar trabajo y producción", sostuvo la cámara que nuclea, a su vez, a varios sectores empresariales.
Con adhesión de Camem (Cámara Mendocina de Empresas Mineras), y Asinmet, los proveedores de la minería nucleados en Casemza pidieron medidas urgentes para el sector, no sólo dirigida a la gestión actual sino a la que desde diciembre asumirá Alfredo Cornejo. Todo mientras aguardan el fallo que debe emitir la Corte Suprema de la provincia a favor o no de la inconstitucionalidad de la ley 7722 que regula a la actividad.
Al respecto, solicitaron al próximo gobierno de Mendoza estar "a la altura de las expectativas". Y para redondear un petitorio con estabilidad jurídica y condiciones macroeconómicas para invertir en el sector.
En este contexto, los directivos de Camem pidieron audiencia al mandatario electo, cuya fecha está todavía pendiente
