Los plazos se acortan. El martes de la próxima semana se terminan las audiencias con expertos y gremios en la Comisión de Trabajo del Senado y el miércoles 5 de agosto se vota en general en la instancia el proyecto de Reforma Laboral. Posteriormente, el 11 ó 12 de ese mes se analizará la idea de legislar en la Sala -donde la mesa de la Cámara Alta junto a los comités parlamentarios fijarán el plazo para las indicaciones, que podría ser una semana después-, para luego proseguir con la discusión en particular en las comisiones especializadas de Trabajo y Hacienda, e intentar despachar antes del 31 de agosto todo el articulado.

Tras ese proceso, la reforma volvería a la Cámara de Diputados en tercer trámite y la idea es que sea Ley de la República antes del 18 de septiembre.

Dentro de ese cuadro, el Gobierno intentará avanzar en un eventual acuerdo político que incluya a la oposición. Fuentes del Ejecutivo indican que dentro de las próximas dos semanas se verá si hay “agua en la piscina” para arribar a algún grado de consenso. Advierten que luego de ese lapso viene el período de votación en particular, donde si no hay acuerdos la tramitación podría entramparse, al abrirse el escenario de presentación de un sinnúmero  de indicaciones por parte de los parlamentarios, lo que dilataría más allá de lo esperado el debate.

Para evitar ese último panorama, La Moneda ha comenzado a tantear el terrero para ver en qué aspectos se puede modificar el proyecto sin generar un problema con el sector más duro de la Nueva Mayoría, liderado por el Partido Comunista (PC).

En el comité político del lunes pasado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés -quien ha emergido como la voz decisiva en el diseño de las indicaciones-, esbozó los alcances que podrían tener los perfeccionamientos a la reforma laboral, de modo de ponerla en sintonía con el actual escenario económico. En ese sentido, sinceró que el espacio mayor de cambios vendría por el lado de la acotación de la huelga en las Pymes y el alza de los quórum para la constitución de sindicatos, desestimando la opción del reemplazo interno en huelga, aspecto que sí es visto con buenos en algunos sectores de la DC y que es vital para la UDI a la hora de subirse a un eventual acuerdo en la materia.

Similar mensaje transmitió Valdés junto a los ministros de Segpres, Nicolás Eyzaguirre, y del Trabajo, Ximena Rincón, el martes en la cena que sostuvieron con senadores y diputados oficialistas de las comisiones de Trabajo y de Hacienda. Trascendió que la idea de enfocar los ajustes en las Pymes tuvo cierta aceptación entre los parlamentarios presentes.

“Hay que poner mucho ojo en Valdés, es quien lleva el pandero en esta discusión, además juega casi de memoría con Eyzaguirre por su cercanía de los años en que ambos estuvieron en Hacienda. Rincón tiene muñeca política y ha defendido el corazón de lo que salió de la Cámara”, describe un senador del oficialismo, quien confirma que de esa tríada saldrán las indicaciones y agrega que en ese proceso la Segpres no sólo se encargará de cuidar la constitucionalidad, sino que también verá sus alcances.  

Factor Allamand

“Entiendo que el senador Allamand está negociando con nosotros en la Comisión de Trabajo, en eso estamos hace un tiempo. Me parece una buena noticia”. Así la ministra Rincón confirmó el jueves los acercamientos con el representante de RN para buscar un acuerdo político que incluya a la oposición.

Según trascendió de una conversación que tuvo Allamand con el articulador del debate en el Senado, Juan Pablo Letelier (PS), se analizó la opción elevar el número de trabajadores para constituir y mantener en funcionamiento los sindicatos. 

La UDI, que admitió desconocer las gestiones de Allamand con la Nueva Mayoría, entró a la ofensiva y puso condiciones para llegar a un acuerdo. También agendó para hoy una reunión con el ministro Valdés.

Las indicaciones que vienen

Fuentes conoceras del proceso de perfeccionamientos revelan que el Gobierno hasta hace unos días estaba abierto a la opción de analizar el reemplazo interno, alguna fórmula de descuelgue y la reposición de las sanciones por violencia en las huelgas. Sin embargo, ante las presiones del PC habría retrocedido en casi todos esos puntos. Por ahora sólo mantiene en pie los cambios en las empresas de menor tamaño, el ajuste a los servicios mínimos  y la posible reposición por actos violentos. Esto último, sin embargo, no sería gratis y podría ceder a favor de la CUT el sacar los pactos de adaptabilidad de la negociación colectiva.

De todos modos, si bien reconocen que su viabilidad política es baja, hay quienes aún no dan por perdida la opción del reemplazo interno, por cuanto creen que en Hacienda pueden terminar teniendo efecto los argumentos técnicos a su favor.

En el Ejecutivo se señala que será clave para la definición de dichos cambios el cónclave oficialista del 3 de agosto.