Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem) violan la Ley de Consulta Previa, que fue promulgada por el presidente Ollanta Humala al empezar su gobierno, para favorecer a 25 empresas mineras que ya están operando en distintos puntos del país, según denunció el exviceministro de Gestión Ambiental, José de Echave.
Dijo que es preocupante que la ley sea letra muerta para estos malos funcionarios del Minem que aprobaron 25 resoluciones directorales autorizando el inicio de actividades de exploración minera en zonas de la Amazonía, sin que los pueblos indígenas ejerzan su derecho de que se les consulte previamente, según el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa.
“Es sumamente preocupante que el Ejecutivo, que promulgó la Ley de la Consulta Previa, haya ocultado la base de datos de comunidades indígenas para evitar que tengan ese derecho a la consulta previa”, dijo el ex viceministro del actual gobierno.
De Echave también advirtió que aún no han sido levantadas por la Southern Perú las observaciones hechas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sobre el proyecto Tía María.
Anunció que en mérito al compromiso que asumimos con la Junta de Usuarios y la población del Valle del Tambo, en agosto próximo presentará el informe y “vamos a dar el debate en una lógica pro positiva”.
Dijo que la población está bien informada sobre esas observaciones de Unops y está preocupada porque hasta el momento no hayan sido levantadas, pese a lo que dicen algunos ministros que, en este caso, coinciden con la Southern.
El exviceministro resaltó el trabajo de la presidenta regional de Arequipa, Yamila Osorio, que está poniendo paños fríos al conflicto, a diferencia de la pasividad del gobierno nacional
“Ahora en estos dos meses que ha habido estado de emergencia se ha avanzado algo. Creo que hay algunas iniciativas que hay que saludar. Insisto, la gobernadora regional de Arequipa me da la impresión que está intentando las cosas bien, está dando buenos mensajes, ha puesto paños fríos”, dijo.
Refirió que el proyecto se encuentra en una situación de “stand by” indeterminado y que la viabilidad social del proyecto dependerá mucho de los factores involucrados para tratar de canalizar el conflicto por vías institucionales y pacíficas de diálogos para encontrar salidas innovadoras.
“Está claro que la población del valle no quiere el proyecto, pero además quieren demostrar que ellos tienen razón y quieren entrar a una discusión técnica para demostrar las debilidad del estudio de impacto ambiental. Me da la impresión, incluso, que las propias empresas saben que están en un contexto donde proyectos de esa naturaleza, con una resistencia o rechazo total y absoluto, no van a salir”, expresó.
Desde mayo del 2009, las comunidades indígenas protestaron contra los decretos especiales del gobierno de Alan García, que autorizaban la explotación de las tierras eriazas para la extracción de recursos naturales no renovables y renovables, sin tomar en cuenta la opinión de las poblaciones respectivas. El 5 de junio de ese año, aquel gobierno ordenó desbloquear violentamente las carreteras tomadas por los nativos. En el intento del desbloqueo fallecieron 10 indígenas y 23 policías (uno despareció). Esta lucha abrió paso a la ley de consulta.
Lo que dice la ley. La Ley de Consulta Previa, promulgada por el presidente Ollanta Humala en Bagua, en agosto del 2011, reconoce formalmente el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
