Por María Isabel González*
El sistema tarifario eléctrico chileno considera que los usuarios deben pagar los costos reales que representan la generación, transmisión y distribución de la energía hasta sus puntos de consumo. Si bien desde la perspectiva puramente económica este principio es correcto, resulta profundamente inequitativo. Así, no contempla reconocimiento alguno a los habitantes de zonas que acogen plantas generadoras de energía, quienes sufren las externalidades negativas que cualquier proyecto conlleva, presentándose la paradoja que comunas intensivas en generación de energía eléctrica tienen tarifas más elevadas respecto de aquellas donde no existe generación.
Adicionalmente existen diferencias notables de tarifas entre las zonas menos pobladas y aquellas con mayor densidad de población. Esta diferencia radica en la componente de distribución de la tarifa; esto es, el costo de llevar la energía eléctrica desde las redes de alta tensión hasta las viviendas u otros centros de consumo. Las razones son claras, es mucho más costoso llevar la electricidad a una zona como por ejemplo, Panguipulli, que a Providencia. Así, en Providencia un kilómetro de línea de distribución puede abastecer a muchos más clientes y por tanto mayor consumo que en una comuna como Panguipulli, u otra rural, donde las viviendas están alejadas unas de otras, y además muchas de ellas no cuentan con los electrodomésticos más sofisticados.
Indudablemente esta situación no contribuye a que los habitantes de las zonas con aptitudes para la generación eléctrica acepten los proyectos de generación en las áreas aledañas, como tampoco a preservar la permanencia de comunidades en áreas más alejadas de los centros de consumo, con los consiguientes efectos geopolíticos adversos.
El gobierno ha decidido enfrentar esta situación enviando un proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, para introducir mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas. Estos mecanismos se refieren a modificar la componente de distribución de las tarifas residenciales para lograr que la diferencia entre el promedio de las cuentas y la cuenta más alta no sea superior a un 10%. Esta medida será financiada por todos los clientes sometidos a regulación de precios. Sin embargo, los clientes regulados cuyos consumos estén bajo los 180 Kilowatt-hora, y que en general corresponden a sectores de menores recursos, no aportarán a este financiamiento.
A su vez se establece un descuento en las tarifas reguladas (no sólo las residenciales) de las comunas intensivas en generación eléctrica, que será asumido por aquellas comunas que no son consideradas como tales. Así, las comunas con mayor intensidad en generación podrán tener un descuento de hasta un 50% en sus tarifas para todos los usuarios(residenciales, industrias, etc.).
Un país que quiere ser más equitativo debe distribuir ecuánimemente los beneficios y los costos en los mercados, en este caso el eléctrico. Con ello, también los proyectos energéticos lograrán mayor legitimidad entre las comunidades que los albergan.
*gerente general Energética Consultores.
