La fuerte interna que mantienen desde la estatización de la petrolera el ministro de Planificación, Julio de Vido y el titular de YPF, Miguel Galucci volvió a recrudecer tras los allanamientos que llevó adelante el juez federal Claudio Bonadio, en la causa donde se investigan coimas multimillonarias en las importaciones de gas por barco.
Luego de los operativos realizados el viernes por personal del juzgado y efectivos de la Policía Metropolitana en la cartera de Planificación, Enarsa e YPF, se había acordado en la Casa Rosada que De Vido y Galuccio iban a responderle al magistrado mediante comunicados, una práctica habitual del kirchnerismo que rehúye las conferencias de prensa.
El ministro salió a atacarlo desde el costado político e ironizó que con Bonadio “hay allanamientos para todos y todas”, una frase que tomó Cristina Kirchner para su discurso en la inauguración de la nueva temporada de Tecnópolis.
YPF optó por emitir una declaración donde se autodefendió de las denuncias que salpican las compras externas de GNL de los últimos tres años y dejó mal parada a la gestión de Enarsa que tuvo a su cargo las importaciones de ese combustible desde 2008 hasta 2012.
La petrolera manejada por Galuccio destacó que a partir de noviembre de 2012 “trabajó por cuenta y orden de Enarsa para establecer un proceso de selección de los oferentes totalmente transparente con el objetivo de generar competencia y lograr seleccionar a los mejores proveedores con los precios más competitivos de mercado”.
El CEO de la petrolera estatal casi incrimina a De Vido en su comunicado al afirmar que “ese proceso, que cumple con toda la normativa nacional e internacional, le permitió al país un importante ahorro de divisas, tuvo un impacto positivo en la balanza comercial y contribuyó a abastecer a la Argentina de un insumo fundamental para su matriz energética a precios de mercado para este tipo de operaciones”.
Esa posición es plenamente compartida por el ministro de Economía, Axel Kicillof, que en su momento denunció ante Cristina que según una extensa auditoría que había realizado en “la joda de los barquitos”, como se la conoce internamente, se iban cientos de millones de dólares en sobreprecios que estaban volcando las finanzas públicas.
Pero más allá de la seriedad de las denuncias de Kicillof, acompañadas tácitamente por Galuccio, no sería la primera vez que el ministro apela a revelar supuestos actos de corrupción para pasar a controlar un área, sinque terminen des transparentarse los procesos y contrataciones.
La respuesta de Planificación
Tras tomar nota de la posición de Galuccio que ponían en duda lo realizado hasta 2012, el sector devidista de Enarsa comandado por Walter Fagyas salió al cruce con otro comunicado donde detalló cómo era el anterior mecanismo de compra de gas que contrasta significativamente con el que viene utilizando desde hace casi tres años la petrolera.
Los funcionarios de Enarsa precisaron que hasta la aparición de YPF, las importaciones se hacían por “concursos de precios abiertos a todos oferentes internacionales de GNL”. Las ofertas—según la empresa estatal—se abrían ante escribano público y todos los oferentes podían conocer los valores ofrecidos por sus competidores. Después, los técnicos procedían a evaluar el cumplimiento de los aspectos legales y económicos de las ofertas que finalmente eran adjudicadas por el directorio de la compañía.
El comunicado concluyó con una sutil estocada a YPF al remarcar que los cargamentos de GNL que se adjudicaron hasta 2012 han estado bajo el control de la SIGEN y a tiro de las auditorías de la AGN y de los pedidos informes solicitados por el Congreso. Algo que no ocurre con las compras de YPF que por ser una sociedad anónima, le permite a Galuccio eludir esos controles.
Las acusaciones de Dromi
De Vido y Galuccio ya se habían cruzado por el gas importado en octubre del año pasado. En ese momento, el ex ministro menemista y ex asesor de De Vido, Roberto Dromi había cuestionado duramente el mecanismo de compra instrumentado por YPF y Kicillof porque “no se ajusta a la ley argentina y no tiene ningún tipo de control estatal”.
Dromi –cuya consultora DYSAN había asesorado a Morgan Stanley y Gas Natural, dos de los principales proveedores de GNL a Enarsa—declaró que había salido del negocio por la falta de transparencia en las contrataciones que pasó a manejar YPF.
Galuccio reacciónó atacando a Dromi y De Vido destacando que “YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las nuevas reglas vigentes con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país”.
Luego del desembarco de Galuccio, el ministro de Economía, Axel Kicillof había decidido a fines de 2012 que YPF pasara a actuar como “gerenciadora e intermediaria” de las importaciones de combustibles y gas por barcos que estaban bajo la órbita de la CAMMESA y Enarsa.
Tras doblegar la resistencia de los funcionarios de esas sociedades estatales, los directores de YPF, Carlos Alfonsi y Alejandro Luchetta impusieron un mecanismo de compra que anuló el cotejo público de las ofertas y le impide a los oferentes conocer los precios de sus competidores y presentar impugnaciones en caso de que se vean perjudicados.
Desde fines de 2012, las ofertas de fuel oil, gasoil y GNL que gestiona YPF no se reciben más en un acto abierto y certificado por escribano. Según las reglas incluidas en el anexo II de los convenios que YPF firmó con Enarsa y la CAMMESA, los oferentes tienen que enviar sus propuestas por medio de “correos electrónicos encriptados”.
A una dirección de mail que YPF habilita para cada licitación, los proveedores deben remitir dos correos cifrados: uno, con el detalle de los precios y otro, con una clave que le permita a los técnicos “abrir” las ofertas puertas adentro de YPF.
De esta manera, los competidores no pueden conocer y comparar los valores que se ofertaron en cada instancia licitatoria. Además, el pliego estipula que a los oferentes se les comunicarán solo las descalificaciones, pero no los motivos del rechazo de las ofertas.
Al no haber difusión pública de las ofertas, los proveedores no tienen la posibilidad de tomar vistas de las otras propuestas en juego para poder corroborar que no existan irregularidades o planteos que no se ajusten al pliego.
Más allá de las suspicacias que genera este procedimiento de importación de combustibles hay otro dato que provoca ruido. Por su tarea de “intermediadora”, YPF le cobra a Enarsa y a la CAMMESA una comisión anual de $ 40 millones a cada una de ellas.
Además, desde fines de 2013, este polémico esquema de compra que administran los hombres de Galuccio está bajo la lupa del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico.
Es por una demanda impulsada por la Unión de Consumidores de Argentina (UCA) que hace foco en dos cuestiones clave. Por un lado, la supuesta ilegalidad del convenio que Enarsa firmó con YPF. Y por otro lado, la inconstitucionalidad del artículo 15 de la ley 26741 que “blindó” a la reestatizada YPF de los controles de la AGN y la Sigen y le permite a los directivos de la petrolera no informar sus honorarios.
