El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, efectuó declaraciones en las que dejó en evidencia que su prédica antiminera, que había morigerado en los últimos años, ha vuelto a resplandecer.

En declaraciones periodísticas señaló ayer que si bien el departamento al que pertenece es netamente minero, los ingresos correspondientes al Fondo Federal Solidario (más conocido como fondo sojero) son mayores a los que reditúan las regalías.  

Dijo además que el yacimiento Agua Rica es "inviable desde el punto de vista ambiental”, y añadió que "las políticas mineras que se han venido implementado a lo largo de los años no han sido claras en el departamento”.

El renovado discurso combativo del jefe comunal de la Perla del Oeste tiene su fundamento, particularmente en lo referido a la decepción que causa la paralización del emprendimiento Agua Rica, que oportunamente fue caracterizado como un proyecto que depararía grandes beneficios a la provincia.

Tal vez la referencia a políticas poco claras se deba a la decisión del gobierno provincial de delegar las negociaciones con la empresa responsable de la explotación a miembros de la empresa CAMYEN (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado), que indudablemente carecen de la competencia e idoneidad para llevar adelante estas gestiones eficazmente.

De modo que no es casual que tales tratativas se encuentras estancadas y sin avances visibles, lo que naturalmente alimenta las sospechas de que los vínculos entre CAMYEN y la empresa minera no están exentos de manejos turbios que deben transparentarse con premura.