Si de promesas se trata, en medio de la campaña electoral, no pasará desapercibida la sentencia de Daniel Scioli, en San Juan, el último fin de semana, cuando vaticinó que de llegar a la presidencia “personalmente”, enfatizó, viajará por el mundo “para buscar nuevas inversiones. Mi gobierno –agregó–, se va a centrar en el desarrollo y para eso voy a generar en los empresarios la certidumbre, la previsibilidad, seguridad y tranquilidad para que apuesten por el país”.

El punto es que la frase del gobernador de Buenos Aires, que apuesta a llegar a la presidencia por el oficialista Frente para la Victoria, estuvo referida especialmente para el desarrollo minero en el país y fue lanzada siendo el orador principal de un seminario de desarrollo minero sustentable que se realizó en la vecina provincia con la presencia de los nueve gobernadores de la OFEMI, esa organización compuesta por los mandatarios de las provincias productoras de minerales que incluye a Mendoza y que aprovechó la oportunidad para ampliarse al sumar a las flamantes nuevas provincias mineras de Santa Cruz y Buenos Aires.

Cada vez que se escuchan cerca de Mendoza expresiones pro mineras, parte de la sociedad parece ponerse en estado de alerta, en especial aquella que se ve identificada en la tarea que han venido llevando adelante durante los últimos años y con notable éxito las organizaciones verdes, defensoras del agua y ambientalistas que suelen actualizar sus sentencias negativas y apocalípticas y que han logrado, hay que decirlo, bloquear el mínimo emprendimiento minero que haya intentado desarrollarse en Mendoza por lo menos durante los últimos veinte años.

Y siguiendo el clima impuesto por los activistas que llegan desde el bello Valle de Uco y desde el lejano sureste mendocino, con buena parte de los alvearenses a la cabeza, la política se ha dejado llevar por la marea. Pero en especial han sido los gobiernos los que decidieron, refugiados en la ausencia de lo que denominan la licencia social para llevar adelante ese aspecto del potencial económico de la provincia, los que archivaron los emprendimientos que llegaron llamados por contradictorias invitaciones que se hicieron a los potenciales inversores durante la década del 90. Aquellos que mordieron el anzuelo nunca fueron advertidos de la frágil decisión política de nuestros gobernantes y de la nula capacidad para persuadir, con argumentos sólidos que en verdad existen, que es posible el desarrollo minero con expreso cuidado del medio ambiente.

Más aún; ni siquiera hubo convicción política para defender el contenido de una ley, la 7722, que permite aquellas inversiones mineras metalíferas que no utilicen en sus procesos el ácido sulfúrico, el cianuro y el mercurio.

Ha sido tan fuerte la presión de los grupos antimineros que ni siquiera en Mendoza han podido avanzar los proyectos de cateo, de prospección o de exploración, etapas para las cuales, de acuerdo con los especialistas, no utilizan para cumplirse ninguna de las sustancias que mencionó la ley en su artículo 1º. Es conocida la afirmación del geólogo Martín Carotti que en más de una oportunidad y en medio de los debates acalorados por la minería en Mendoza afirmó que la minería moderna hace tiempo que dejó de utilizar el mercurio en sus procesos industriales; sin embargo los legisladores mendocinos lo incorporaron en el texto de la ley.

Ha dicho Carotti, en declaraciones públicas y también desde su blog personal durante el año 2013: “Manifestando su capacidad de controlar, no imaginamos al Estado provincial prohibiendo el uso de sulfuroso y sales de cianuro en la industria del vino, o de agroquímicos y pesticidas en el agro, o de sulfúrico en las aguas de riego por goteo, ambos usados a ‘cielo abierto’, ante la posibilidad de provocar intoxicaciones y contaminación. Riesgo confirmado en varias muertes, no sólo de peces en el Valle de Uco a principios de año, también de personas. Sería ridículo que se prohíba el uso de lavandina a los hoteles, porque el lavado y drenaje de las piletas de las Termas de Cacheuta contaminó las aguas del río Mendoza matando centenares de peces”.

Mendoza hoy se debate en una transición entre un gobierno y otro atormentada por la deuda, el enfriamiento de su economía, la falta de recursos y la imposibilidad de poder incrementarlos porque ya no da abasto con la persistencia presión impositiva a la que se ha condenado al comercio, a la industria, a los empresarios ricos como pobres y en especial a los monotributistas. Y así y todo se sigue negando a la posibilidad de darle una oportunidad a un potencial económico inexplorado y de enormes proporciones porque asume, implícitamente, la incapacidad controladora del Estado

Nadie hoy puede asegurar que la minería vendría a transformarse en la salvación para un Estado seco de fondos y obligado por las urgencias y los compromisos asumidos. Sin embargo se sigue negando a permitirle, a buena parte de su propia población, a encontrar salidas a las propias penurias económicas.

Todos hablan de hacer cumplir la ley. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, suelen repetir, como loros, los actuales funcionarios responsables a la hora de ensayar respuestas al controversial asunto minero. Pero nadie explica el por qué del freno a los emprendimientos de hierro y de cobre en Malargüe que pidieron autorización para explorar, ni al meneado emprendimiento de cobre de Uspallata conocido como San Jorge que cumplió con la presentación de los requisitos de impacto ambiental su momento y que en la actualidad analiza migrar todo a San Juan.